Entre los legisladores federales de Estados Unidos circula un memorándum elaborado por el Congressional Research Service (Servicio de Investigación del Congreso) sobre la libertad de
En su nota informativa, la reportera Fabiola Martínez escribió: “En México, los principales agresores de periodistas y defensores de derechos humanos son los propios servidores públicos (incluidos aquí policías, integrantes de los tres niveles de gobierno y de las Fuerzas Armadas, entre otros)”. Ampliando más esa información (La Jornada, 13 de marzo de 2016), se precisa cómo esos funcionarios han atacado sobre todo a reporteros, como fue el caso de Karla Janeth Silva Guerrero, quien en 2013 fue brutalmente golpeada dentro de las instalaciones del periódico El Heraldo de Silao, Guanajuato, por órdenes del entonces alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola. Éste ordenó a su jefe policiaco que contratara a delincuentes y fueran a cometer las agresiones que pusieron en gravedad extrema la vida de la reportera. Dos años después es que se ha procedido contra el funcionario, acusado de amenazas cumplidas como lesiones y robo calificado, más allanamiento de domicilio.
En vigor ya la Ley Reglamentaria del primer párrafo del adicionado –por el peñismo– Artículo 6 (no sexto, como dice el decreto publicado en el Diario Oficial, el 4 de noviembre de 2015), contiene, como casi todos los cambios constitucionales de Peña y sus aprobaciones por los Congresos, incluido el de la Unión, muy drásticas violaciones a los principios fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo dispuesto en su Artículo 136.
Desde que inició el combate a muerte contra las delincuencias organizadas, sobresaliendo la del narcotráfico, a partir del calderonismo y lo que va del peñisimo, en el contexto de las violaciones a los derechos humanos del inmenso resto de los mexicanos, hemos transitado de más de 100 mil homicidios del sexenio inmediatamente pasado a otros 80 mil del presente, en lo que ya es un baño de sangre que tiene a la nación sumida en el pánico y la desesperación, ante la incapacidad del gobierno peñista y de los desgobernadores que sólo abusan en sus ínsulas que les escrituraron los partidos.
El investigador y periodista-reportero Federico Mastrogiovanni es el autor del libro: Ni vivos ni muertos, “resultado de años de trabajo y de investigación. Es un esfuerzo colectivo, que se ha dado gracias a la colaboración, la ayuda y el apoyo de personas y organizaciones, sin las cuales habría sido imposible entender o tan sólo acercarse a un fenómeno tan vasto y complicado como la desaparición forzada de personas”.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas –cuyo brillante estudio se debe a Hans Kelsen en su libro El derecho de las Naciones Unidas–, a la letra dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión…” (Javier Hervada y José María Zumaquero, Textos internacionales de derechos humanos). Con base en ese artículo de vigencia universal constituido hace varios años, el director de la organización Artículo 19, en su jurisdicción para los Estados Unidos Mexicanos y Centroamérica, Darío Ramírez, mantiene un monitoreo sobre el desempeño de esas libertades, no solamente a través de sus informes anuales, sino también de constantes pronunciamientos para velar por el trabajo de periodistas.
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