De enero a diciembre de 2016, los mexicanos le habremos pagado al líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, al menos 1 millón 565 mil 320 pesos.
Antes de pretender reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir una mayor participación privada –principalmente de empresas extranjeras– en la exploración y producción de petróleo y gas, hubiera sido necesario escuchar de los funcionarios del gobierno federal la propuesta de un plan estratégico, con los órganos de seguridad nacional incluidos, para combatir la corrupción, la impunidad y el abuso de poder que corroe las estructuras de gobierno y vulnera las finanzas públicas.
Mientras el Estado laico ha sido atropellado por las visitas de Enrique Peña Nieto a los papas Benedicto XVI y Francisco (una Iglesia como el águila austriaca, de dos cabezas), con lo que ratifica el catolicismo donde se educó hasta culminar en la universidad del Opus Dei, donde obtuvo su licenciatura en derecho natural (como Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho…, libre, precisamente, del derecho constitucional); aparte de insistir en borrar la separación de Estado e Iglesia, Peña Nieto también ha ido poniendo las condiciones por medio del Pacto por México para llevar a cabo la contraexpropiación petrolera, que pasará por encima de la memoria histórica de la nación –que no es simple pasado–, que en 1938 Lázaro Cárdenas instituyó contra la privatización que imperaba sobre esos mermados recursos naturales –patrimonio de los mexicanos–, mismos que ahora Carlos Romero Deschamps, Emilio Lozoya Austin y Peña Nieto –el “líder”, el director y el presidente– quieren devolver a los empresarios y al capitalismo salvaje del neoliberalismo económico.
Después de estar dormidos por casi 12 años, lapso en el que el Partido Acción Nacional asumió el poder presidencial, los órganos de inteligencia del Estado parecen haber despertado y se han puesto a trabajar para contener uno de los problemas que más preocupa al gobierno de Enrique Peña Nieto: el robo de combustibles petrolíferos, clasificado como un asunto de seguridad nacional.
La detención de Elba Esther Gordillo, si bien fue celebrada por quienes por décadas han denunciado la corrupción en el SNTE, también generó una animada demanda ciudadana para que se investigue y se ejerza acción penal contra otros funcionarios. Apenas cinco botones de muestra señalan que, en materia de agravios a la sociedad por corrupción, abuso de poder, violación a los derechos humanos, enriquecimiento ilícito y nexos con la delincuencia, la Maestra no está sola.
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