En un país donde más de 53 millones de personas sobreviven en situación de pobreza y miles de niños son analfabetas –por carecer de escuelas cercanas a sus domicilios o tener que trabajar para ayudar a la economía familiar–, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha entregado dádivas por 1 mil 675 millones de pesos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en lo que va de este sexenio.
A Aurelio Nuño Mayer se le recordará como el secretario que –al desconocer la realidad de las mayorías y negarse sistemáticamente al diálogo con los disidentes a la reforma educativa– generó uno de los peores conflictos magisteriales, y no como el reformador que ha creído ser, en su corto paso por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Hay un México que convulsiona. Ése donde desaparecen decenas de personas y donde cientos pierden la vida –asesinados, en fuego cruzado o en el vía crucis del desplazamiento forzoso– a causa de la violencia del narcotráfico y la militarización.
El primer círculo del gobierno federal parece no darse cuenta de las dimensiones que está tomando el conflicto magisterial, encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Y es que no se puede descartar una crisis generalizada, debido al hartazgo que impera en varios sectores de la sociedad, sobre todo en aquellos organizados.
El régimen de Peña Nieto creyó que impondría la reforma (laboral) educativa de la misma manera que se impuso en la Presidencia: con una feroz propaganda disfrazada de información, distribuida por los “líderes de opinión” de los consorcios mediáticos. Pero aquí la situación no es la misma: no es lo mismo “ganar” una elección con dinero derrochado en campañas, “encuestas”, spots, entrevistas a modo, discursos ante auditorios controlados, despensas, acarreos de votantes y entrega de tarjetas Soriana, que aplastar un movimiento con profundas raíces en las comunidades pobres del país.
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