El 11 de octubre de 2009 se convirtió en una fecha que ha quedado inscrita en el memorial contemporáneo de nuestro país como el día en que un gobierno utilizó toda su fuerza policiaca y militar para despojar de su fuente de trabajo, con la intimidación y las armas, a 44 mil trabajadores bajo un escenario propio de un golpe de Estado.
Dos instituciones encargadas de la seguridad nacional fueron utilizadas contra el Sindicato Mexicano de Electricistas durante el sexenio pasado: la Sedena y el Cisen. La primera envió soldados –disfrazados de policías– a las instalaciones de la entonces paraestatal Luz y Fuerza del Centro para desalojar a los trabajadores.
Si los gobernantes en turno afirman que México es un país democrático, el tema de la reforma energética debe llevarse a un debate nacional donde participen no sólo los grupos empresariales –interesados en apropiarse de buena parte de los dividendos de la renta petrolera, de los contratos de exploración, explotación y los procesos de refinación–, sino todos los sectores sociales, así como intelectuales y especialistas en la materia, para evitar que un asunto de vital trascendencia para el futuro del país sea aprobado por una irresponsable mayoría en el Congreso de la Unión, como ya aconteció con las reformas laboral y educativa. Presentamos esta serie de artículos para argumentar el porqué los mexicanos debemos decir “no” a los cambios que se pretenden realizar en el sector, de acuerdo con lo planteado por priístas y panistas.
Cuando el general Lázaro Cárdenas asumió la Presidencia de la República en 1934, los energéticos se encontraban de forma absoluta en manos de empresas extranjeras; por ello, el crecimiento de la economía y el bienestar del pueblo de México se supeditaban a los caprichos e intereses de los voraces capitales internacionales.
Millones de usuarios de la energía eléctrica en todo el territorio nacional están a la espera de una voz que los guíe y oriente para encauzar su justificado descontento por los altos cobros en sus recibos de luz y el pésimo servicio que viene prestando, a través de empresas contratistas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no únicamente en las entidades de la zona centro (antes atendida por Luz y Fuerza del Centro), sino en el resto del país.
Con 335 votos a favor, 108 en contra y cero abstenciones, el dictamen, que incluye los delitos de extorsión y actividades relacionadas con drogas sintéticas
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