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Acreditan sobregiros por 797 millones en publicidad de Salud

La Secretaría de Salud incurrió en dos sobregiros presupuestales por más de 790 millones de pesos en publicidad oficial. La Función Pública ya audita los 4 mil 600 millones de pesos que gastó la dependencia entre 2010 y 2012, para favorecer de forma discrecional a algunos medios de comunicación. El amplio expediente de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria apunta al extitular de Comunicación Social de Salud y actual vocero del Senado de la República, Carlos Olmos Tomasini, quien signó 629 contratos “sin contar con suficiencia presupuestaria”

La tribu Yaqui defenderá a muerte su derecho al agua

Sonora ha tenido en los últimos 2 sexenios dos desgobernadores. Uno de ellos es el priísta Eduardo Robinson-Bours Castelo quien, además de abusos, corrupciones y persecución para obligar al cierre del periódico Cambio-Sonora, al mandar quemar documentación para robarse más de 10 mil millones de pesos y no dejar huella documental, causó el incendio de la Guardería ABC donde 49 niños murieron quemados y 79 más han quedado con lesiones graves de por vida. El exdesgobernador Robinson-Bours no ha sido llevado ante los tribunales penales por estos homicidios y la falta de seguridad en la guardería seguramente porque una de las socias en la concesión de ese establecimiento es prima o tía de la esposa del borrachín Felipe Calderón.

Presidencia ordenó uso político de las campañas publicitarias

En el sexenio de Calderón, la Presidencia de la República ordenó directamente cómo contratar la publicidad del gobierno federal, cuyo costo para el erario ascendió a 32 mil millones de pesos. Ahora, las secretarías de la Función Pública y de Hacienda investigan el uso del dinero público en campañas publicitarias que beneficiaron a los medios de comunicación electrónicos e impresos afines al calderonismo. Las primeras irregularidades detectadas son en las secretarías de Salud –con un sobregiro de 317 millones de pesos–, Desarrollo Social y Turismo

La entrega de la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro y de la CFE

Los impulsores de la tendencia reformista que desde el Congreso de la Unión buscan desaparecer la función social del Estado, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben un cúmulo de explicaciones a todos los sectores sociales del país y pueden enfrentar responsabilidades legales por la adjudicación de valiosos bienes públicos con valor de varios miles de millones de pesos a favor de diversos monopolios, como aconteció con la fibra óptica de empresas del sector eléctrico. Casos concretos son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La marcha de la insensatez

Entre la demagogia que rezume a borbotones el proyecto (contra) reformador de Enrique Peña Nieto se escapan las verdades lacerantes que sus promotores y sus publicistas no logran dulcificar con los placebos de su retórica fatua, con el objeto de que la población las trague plácidamente. En su “conjura contra la nación”, siempre tratan de “engañarla con los mismos eufemismos y argumentos insostenibles”, como diría Manuel Bartlett.

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