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La entrega de la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro y de la CFE

Los impulsores de la tendencia reformista que desde el Congreso de la Unión buscan desaparecer la función social del Estado, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben un cúmulo de explicaciones a todos los sectores sociales del país y pueden enfrentar responsabilidades legales por la adjudicación de valiosos bienes públicos con valor de varios miles de millones de pesos a favor de diversos monopolios, como aconteció con la fibra óptica de empresas del sector eléctrico. Casos concretos son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Transgénicos: la Sagarpa no escucha “razones indígenas”

Para declarar Zonas Libres de Transgénicos en el país hay que presentar argumentos científico-técnicos. Aunque los apicultores han solicitado reiteradamente declarar la Península de Yucatán Zona Libre de Transgénicos, “la Sagarpa no escucha razones indígenas”, denuncian

Soya transgénica, la batalla jurídica por la sobrevivencia

Sin consultar a las comunidades, el Senasica avaló la coexistencia entre la apicultura tradicional y la agricultura transgénica bajo el argumento de que la liberación al ambiente de soya genéticamente modificada no implica riesgo alguno.

Soya transgénica contamina miel mexicana

La Sagarpa autorizó a Monsanto la siembra comercial de soya transgénica sobre 253 mil hectáreas. En el territorio liberado habitan 41 mil familias, en su mayoría, indígenas y campesinas que sobreviven de la miel que cosechan. México es el tercer exportador y sexto productor de miel de abeja. La autorización es apenas la última de 15 autorizaciones de siembra de cultivo en las regiones. Los resultados: miel contaminada con polen de organismos genéticamente modificados y el rechazo por parte de su principal mercado, los consumidores de la Unión Europea

Auditoría ciudadana ante la reforma energética

La anunciada intención de aprobar en el Congreso de la Unión la reforma energética, que permitiría abrir las puertas a la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex) debe de ser motivo de una compleja reflexión nacional, donde todos los sectores sociales participen y exijan que antes de cualquier modificación constitucional, los impulsores del proyecto expliquen bien y a todos los mexicanos las condiciones en que se han administrado nuestros recursos energéticos en los últimos sexenios.

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