Cuando se habla de rapiña contra el patrimonio de Petróleos Mexicanos (Pemex) inmediatamente se piensa en el flagelo del robo de combustibles, que tan sólo en enero pasado ascendió a 414 mil barriles; así como en los llamados moches o diezmos, que son los sobornos que empresarios pagan a algunos funcionarios de la petrolera para ganar contratos.
Cada año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) da cuenta en su informe sobre el mal manejo y el desvío de recursos públicos en las administraciones de las secretarías de Estado, órganos descentralizados, empresas gubernamentales, gobiernos estatales y presidencias municipales, entre otros.
México cuenta con 387 cárceles municipales, estatales y federales a lo largo del territorio nacional, con “espacios disponibles” totales para 203 mil 254 reos. Sin embargo, la población penitenciaria asciende a 255 mil 638 presos. Es decir, albergan a 52 mil 384 reclusos más de los que deberían. Se trata de una sobrepoblación global del 25.8 por ciento.
Por un desvío de 11 mil 400 millones, la PGR investiga al gobierno de Veracruz. Las irregularidades, en recursos etiquetados a salud, educación, infraestructura y seguridad pública. La ASF interpuso 15 denuncias penales.
Uno de los peores retrocesos que trajo consigo la reforma energética es el referente al territorio con potencial energético. En el caso petrolero, la nueva reglamentación indica que la servidumbre legal de hidrocarburos tiene un carácter estratégico, y por tanto se privilegiarán los intereses empresariales por encima de la voluntad de los dueños de la tierra, incluso cuando se trate de pueblos indígenas y campesinos.
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