Con la nueva enmienda a la Ley General de Telecomunicaciones, promovida por el gobierno federal para la creación de un “Registro Nacional de Usuarios” de celulares, se planea abatir delitos como extorsiones y secuestros. En menos de dos meses, quien compre un teléfono móvil deberá presentar credencial de elector, comprobante de domicilio e incluso, su huella dactilar.José Manuel Meza Reynosa, Tamaulipas

Tuvieron que suscitarse infinidad de delitos en los que se utilizó un teléfono celular para decidir que era hora de ponerle nombre y apellido a los más de 70 millones de números telefónicos inalámbricos que existen en toda la República.

Casos tan notorios como el plagio y asesinato de Fernando Martí, heredero de la prestigiosa firma deportiva del mismo nombre, y Silvia Vargas Escalera, hija de Nelson Vargas, ex titular de la Conade, así como de víctimas menos pudientes que engrosaron durante los últimos años los expedientes de la Fiscalía Antisecuestros de la PGR, forzaron a las autoridades a acelerar esta reforma, aunque para muchos “demasiado tarde”.

Lo cierto es que a partir del 9 de abril las concesionarias de telefonía móvil deberán exigir documentación que avale la identidad y nacionalidad de sus nuevos clientes, tanto de prepago como de contrato.

Automáticamente cada ficha quedará integrada en una megabase de datos a disposición del gobierno federal, la cual podrá consultarse cuando desde un celular se cometa un ilícito.

De acuerdo a la ley promulgada el pasado 9 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se espera contar con elementos para el rastreo de los aparatos de comunicación y así actuar con mayor eficacia contra la persecución del delito.

Para apretar más las tuercas las compañías telefónicas tendrán la obligación de mantener al menos por 12 meses los registros de las llamadas, mensajes, fecha, hora y duración de las mismas.

Mientras tanto, los actuales usuarios contarán con un plazo de un año para empadronarse, de lo contrario sus líneas serán dadas de baja.

Adiós a promocionales falsos

Con la nueva medida no sólo se prevé frenar el índice de secuestros, que según las estadísticas supera los tres casos diarios, ubicando a México en el primer lugar mundial en se renglón, de acuerdo a publicaciones del diario La Jornada.

También se busca paliar las estafas telefónicas de personas que se hacen pasar por ejecutivos de cuenta bancarios y de otras instituciones comerciales establecidas.

Por ello, las sanciones impuestas a las empresas (dentro de las que figuran Telcel, Movistar, Nextel, Iusacell y Unefon) que no acaten tales disposiciones –conforme lo establece el artículo 71 de la misma regla– serán de 10 mil a 100 mil salarios mínimos, algo así como 500 mil y 5 millones y medio de pesos por: “No llevar contabilidad separada de servicios, interceptar información que se transmita por las redes públicas de telecomunicaciones, así como incumplir en tiempo y forma con tales obligaciones”.

El documento del Diario Oficial de la Federación signado por el jefe del Ejecutivo nacional, Felipe Calderón Hinojosa, añade que “los concesionarios deberán conservar copias fotostáticas o en medios electrónicos” de los cuentahabientes de teléfonos móviles.

Además “mantener en reserva y protección las bases de datos personales, las cuales no podrán ser usadas con fines diferentes a los señalados”.

Y quienes compren celulares en su categoría de personas morales tendrán que presentar la razón social de la empresa y cédula fiscal.

Pero entre los nuevos preceptos que más llaman la atención (de la Ley General de Telecomunicaciones) se encuentra la celeridad con la que pretende atacarse la problemática de los secuestros y las extorciones telefónicas (muchas de ellas operadas desde las prisiones), dado que “los concesionarios están obligados a entregar la información en un plazo máximo de 72 horas a partir de la notificación” judicial.

El reglamento incluye procedimientos para que las empresas de telefonía identifiquen al personal facultado para el acceso a los datos confidenciales.

En caso de robo o extravío del aparato, se deberá bloquear de inmediato la línea contratada bajo cualquier modalidad, efectuar la actualización respectiva en el “Registro Nacional de Usuarios” y suspender el servicio cuando así lo instruya la comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Los usuarios que no reporten como perdido o robado su celular de manera anticipada corren el riesgo de enfrentar cargos si de su número se quebranta la ley.

De igual manera, quienes vendan su teléfono tendrán como requisito avisar en cualquiera de los centros de distribución autorizados tal movimiento, para que éste bloquee el número mientras se registra el nuevo propietario.

En relación a este cambio, que en materia de comunicación móvil parece ser el más significativo de los últimos años, las empresas de telefonía emitirán en los próximos días una campaña de información gratuita para que la reforma no tome a sus clientes por sorpresa.

Más pros que contras

Pese al hecho de estar localizables para algunos ciudadanos representa una violación a su vida privada, en general la ciudadanía ve con buenos ojos esta resolución del gobierno para intentar “romper” el oleaje delincuencial en México.

Silvia Trejo, residente de la colonia Ribereña, manifestó su agrado por que sean fichados los números celulares.

“Está bien porque a veces entran mensajes o llamadas que no deben entrar. Creo que si logran detenerlas beneficiarán bastante a los mexicanos”, dijo.

Por su lado, Aurora Espinosa de los Monteros, afirmó que los consumidores gozarán de mayor tranquilidad.

“Me parece muy buena decisión para la seguridad de uno, porque ahorita con la cosa de los secuestros van a poderse saber de donde vienen las llamadas y los mensajes de texto”, apreció.

Para Rubén Nieves, subdistribuidor Telcel en Reynosa, el que los números celulares tengan plenamente identificados los nombres de sus propietarios contribuirá a generar paz social.

“Yo pienso que como está la situación es una buena ayuda para la sociedad, porque se podrán controlar las llamadas entrantes como las salientes. Se van a evitar fraudes, amenazas y muchas situaciones peligrosas que se dan en la actualidad”, mencionó.

El entrevistado no dudó en que los gigantes de la telefonía celular en México estén preparados para esta transición, dado que en la actualidad todos los movimientos se efectúan de manera electrónica y satelital.

Los distribuidores, abundó, sólo serán canales para enviar la información confidencial de sus clientes, más no almacenarán todos los datos ni podrán ingresar a estos una vez que hayan enviado a la matriz la documentación requerida.

Por último, reiteró que la ciudadanía más que las compañías de venta de teléfonos móviles, serán quienes se beneficien de esta reforma liderada desde Los Pinos.

Lo inegable es que nada podrá reparar las historias de muerte y sufrimiento causadas desde números celulares antes de tormarse la mencionada determinación.