La depresión financiera que abruma al país ha llevado a reconocer al gobierno que el próximo año las entidades federativas recibirán menos presupuesto para ejercer su cuenta pública; se cobrarán mayores impuestos, se recortarán los subsidios y habrá endeudamiento para cubrir un hueco de 25 mil millones de dólares

José Manuel Meza

Reynosa, Tamaulipas

Cuando Agustín Carstens asumió como secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el primero de diciembre de 2006, al inicio del sexenio calderonista, se creó un mundo de esperanza de que la economía mexicana por fin tomaría un rumbo acertado.

El economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), venía de ser gerente en el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de unirse a la campaña presidencial de Felipe Calderón Hinojosa y de él sólo se hablaban elogios.

Sin embargo a los pocos meses las ilusiones y la simpatía de la opinión pública comenzaron a desvanecerse y paulatinamente aparecieron las críticas.

El vía crucis inició con la desaceleración económica de Estados Unidos, que se llevó en la marea a México y desestabilizó el peso mexicano.

Mientras Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México (BM), aseguraba que el gobierno federal debía prevenirse contra la inminente crisis, Carstens lo contradecía al asegurar que se trataba de un simple “catarro”.

Calderón Hinojosa incluso, increpó en sus declaraciones a Ortiz Martínez por dar “malas noticias” y generar “especulación financiera”, pero el tiempo terminó por reivindicar al titular del Banco Central.

La inflación de la tortilla y de los energéticos también puso en jaque al secretario de Hacienda, cuya institución por otro lado, continuaba destinando cuantiosos recursos para el combate al crimen organizado.

Tan sólo en los dos primeros años del gobierno calderonista, los pasivos de la Nación ascendieron a 4 billones 333 mil 123.5 millones de pesos, un aumento de 28.7 por ciento (casi dos veces mayor al 15.36 por ciento que representó para México el paquete de ayuda de Estados Unidos de 47 mil millones de dólares durante la Crisis de 1994, por el que muchos se escandalizaron).

Con el maremoto económico internacional también se profundizó el problema del desempleo en suelo azteca, que no pudo contener la quiebra de trasnacionales y recortes laborales en todas las industrias que aquí operan.

La principal promesa de campaña del actual gobierno fue la creación de más y mejores trabajos, razón por la cual Calderón Hinojosa se autonombró “El presidente del empleo”.

Agustín Castens no tuvo más que “apechugar” y endurecer su política de recaudación, con la creación del IETU (Impuesto Empresarial de Tasa Unica), el cual no ha sido bien recibido por la población en general.

BALANCE NEGATIVO

Después de 33 meses al frente de la Hacienda Pública el otrora tesorero general del BM cambió el discurso tranquilizador, por el crudo y pesimista.

Recientemente, al participar en la audiencia pública sobre la crisis económica, organizada por la Cámara de Senadores, Carstens advirtió que México enfrenta un shock financiero por lo cual habrán de tomarse decisiones difíciles como la asignación de recursos limitados durante 2010, pues faltan al menos 300 mil millones de pesos para financiar el presupuesto.

El funcionario se negó a aclarar si dichas determinaciones incluyen incrementos de IVA (Impuesto al Valor Agregado) y de costos en las tarifas eléctricas y las gasolinas; no obstante, reconoció que la depresión que hunde al país es la peor en los últimos 30 años, pues nunca se había enfrentado un desplome de ingresos presupuestales tan enorme en sólo un año, por lo cual el siguiente paquete económico arrastrará un “déficit público moderado”.

Debido al triste panorama de la economía nacional echar mano de los recursos petroleros cada vez es menos rentable, pues este año disminuyeron en 211 mil millones de pesos, a los que se le añade una caída en la recaudación fiscal de 270 mil millones de pesos. Las remesas también decrecieron considerablemente.

Y mientras el gobierno federal se da a la tarea de proponer cédulas de identidad por las cuales habrán de erogarse unos 3 mil millones de pesos, los tiempos se vuelven aún más críticos con niveles profundos de desempleo y astronómicos gastos para combatir el narcotráfico.

DESEMPLEO Y DESPRECIO

Cabe señalar que por la presente recesión se han perdido un millón de empleos, estiman legisladores federales, aunque para el secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, sean 254 mil, lo que representa casi el 2 por ciento de los registros del Seguro Social (IMSS).

Durante el sexenio foxista las cifras del desempleo promediaron el 3 por cierto. De acuerdo a indicadores del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), en mayo del presente año la tasa de personas que no contaban con trabajo se ubicó en el 5.31 por ciento, la más elevada desde que el Partido Acción Nacional (PAN) llegó a la presidencia en el año 2000.

En ese contexto a Lozano Alarcón se le reprocha su “optimismo” porque sus estimaciones no coinciden con las de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que cifran el balance de desempleo en 100 mil plazas perdidas cada mes.

Inclusive, los senadores priistas y perredistas le achacan al gobierno calderonista la evasión fiscal que ha prevalecido durante el presente sexenio, calculada en unos 500 mil millones de pesos, por el mismo Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por lo pronto, los grandes fraudes a la nación como el Fobaproa y el Pemexgate siguen impunes. En el caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, los banqueros fueron rescatados con el erario público y no perdieron su dinero.

Francisco Soto, un ciudadano común, expuso en el diario La Jornada su análisis de esta debacle:

“El modelo económico neoliberal se impuso en 1988. Se privatizaron ferrocarriles, minería, teléfonos, banca estatal, siderurgia, fertilizantes, gas, carreteras, aeropuertos. Las consecuencias: el aumento incontrolable de la deuda externa e interna para financiar el fracaso de las privatizaciones.

Se aumentaron los impuestos, creció la delincuencia, el desempleo, el comercio informal y los fraudes fiscales. Paralelamente disminuyó la educación y la salud pública; la ciencia y la tecnología; quebraron empresas y se hurtaron las jubilaciones. La salida a este hoyo está a la izquierda: 1810 (la Revolución Industrial), 1910 (la Revolución Mexicana) y 2010…”, sugirió en una misiva.

Tal vez Agustín Castens y Felipe Calderón tendrían que tomar como ejemplo lo que hizo en su sexenio Adolfo Ruiz Cortines, considerado uno de los presidentes más honestos que haya tenido México y quien le otorgó el voto a la mujer:

De 1952 a 1958 ejerció un severo control del gasto público, apoyó la construcción de caminos, redes ferroviarias, presas, escuelas y hospitales. Durante su administración se sanearon los litorales y se erradicó el paludismo.

Ruiz Cortines impulsó el reparto agrario, expropió latifundios de extranjeros, pero respetó la pequeña propiedad. Lanzó el Seguro Agrícola para proteger a los campesinos de desastres naturales, creó el Infonavit (Instituto Nacional de la Vivienda); otorgó estímulos a la industria mediana y pequeña; sentó las bases para el desarrollo de la petroquímica en México y fomentó el empleo.

El ex mandatario veracruzano fallecido en 1973, le apostó a la ciencia y la tecnología al crear la Comisión Nacional de Energía Nuclear. El balance de su sexenio fue positivo y la economía del país tuvo un alto crecimiento. Los salarios de los trabajadores se elevaron a un nivel superior al costo de vida e instituyó la gratificación anual del aguinaldo. Fue el último presidente que participó en la Revolución Mexicana.