La obligación de los padres de familia de pagar una cuota en las escuelas de sus hijos es una práctica generalizada en Tamaulipas que no ha podido detenerse. Sin embargo una iniciativa de ley presentada en el Congreso Local, podría castigar con la cárcel a los maestros y directivos que rechazan aceptar a los niños cuyos padres no han cumplido con el pago de su participación económica
Gerardo Ramos Minor
Reynosa, Tamaulipas
El Congreso del Estado de Tamaulipas recibió una iniciativa de ley que, en caso de aprobarse, sancionará con cárcel a los maestros y directores de escuelas públicas que condicionen la inscripción de sus alumnos al pago de una cuota.
La iniciativa de ley contempla reformas al Código Penal del Estado de Tamaulipas que tipificaría como abuso de autoridad, con una sanción de entre dos y nueve años de prisión, al funcionario educativo que se rehúse a aceptar a un niño porque sus padres no hayan cumplido con el pago de una cuota.
La iniciativa de ley fue presentada el pasado 15 de agosto por el diputado panista Rolando González Tejeda.
En su exposición de motivos, el legislador aseguró que el derecho a la educación es un derecho humano, pero también una de las más altas aspiraciones de la nuestra sociedad.
“Sin embargo a pesar de toda esta normatividad local, nacional e internacional, todavía en Tamaulipas en cada ciclo escolar se siguen presentando estas prácticas del cobro de cuotas escolares (sic)”, dice.
El legislador expresó que el cobro de cuotas y el condicionamiento de la inscripción de un alumno al pago de este dinero es una “violación grave” a los derechos de los niños, la Constitución y otras leyes que rigen la vida de nuestro país.
González Tejeda recordó que en múltiples planteles escolares de Tamaulipas de educación básica y secundaria, la solicitud del pago cuotas voluntarias a los padres de familia para el mantenimiento de la infraestructura escolar son condicionantes para poder inscribir a los niños y jóvenes en los planteles escolares.
Con ello, sentenció, se viola el postulado constitucional de que la educación debe de ser gratuita, además de que se incita a la discriminación de los alumnos de menos recursos.
Estas prácticas han provocado la molestia generalizada de los padres de familia, quienes quieren un futuro mejor para sus hijos.
El diputado local aseguró que al negarle el ingreso a la escuela a un niño cuyos padres no hayan pagado una cuota, “coarta la oportunidad a niños y jóvenes de la esperanza de una mejor expectativa de vida en el futuro”.
Ante ello, consideró, los directores y maestros que condicionen la inscripción de un niño están incurriendo en el delito de abuso de autoridad por lo que es “necesario y urgente” proporcionar a los padres de familia las adecuaciones legales que les permita denunciar este tipo de prácticas.
La iniciativa de ley propuesta por González Tejeda, contempla una adición a la fracción XIV del Capítulo III del Código Penal del Estado de Tamaulipas que se refiere al delito de abuso de autoridad.
En caso de aprobarse, la adición quedaría de la siguiente manera:
Artículo 212.- Al responsable del delito de abuso de autoridad se le impondrá una sanción de dos a nueve años de prisión, multa de cien a cuatrocientos días de salario, destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
La propuesta también contempla cambios a la fracción XIV del Código Penal vigente que determina cuándo un funcionario público incurre en el delito de abuso de autoridad.
En caso de aprobarse la reforma, el Código Penal tamaulipeco quedaría de la siguiente manera:
“XIV.- La autoridad educativa que actué por sí o por interpósita persona en un establecimiento escolar, que condicione o niegue, sin causa justificada, el servicio educativo que tenga obligación de prestar, o exija el pago de cuotas escolares obligatorias, aportaciones o cualquier otra contraprestación que infrinja al principio de gratuidad de la educación que imparte el Estado”.
LA OBLIGACIóN DEL ESTADO
En su exposición de motivos, el legislador reconoció que la práctica del pago de cuotas por parte de los padres de familia inició debido a que los gobiernos federal y estatales no proporcionan a las escuelas los recursos suficientes para su mantenimiento y operación.
“La gratuidad de la educación impartida por el Estado […] nunca ha estado en cuestión en el debate político y legislativo: se asume como una condición necesaria para lograr la extensión de la educación, siempre considerada como motor del progreso económico y social del país y factor para alcanzar la justicia y la equidad social”, dijo.
Sin embargo, aseguró, el cobro de cuotas para el mantenimiento de los planteles educativos hacia los padres de familia, representa un esfuerzo mayor para las familias de escasos recursos, por lo que las aportaciones voluntarias pueden operar como un factor de inequidad, perjudicando a los grupos sociales menos favorecidos.
El legislador ofreció los resultados de estudios realizados en escuelas públicas que, dijo, han demostrado que los padres de alumnos inscritos en planteles pobres aportan a la escuela una proporción de su gasto mayor que aquellos cuyos hijos asisten a planteles menos pobres.
Incluso, indicó que la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados consideró adecuada la propuesta de que el Estado participe con mayores recursos en el mantenimiento y operación cotidiana de los planteles de educación básica, asumiendo que éstos son también costos de la operación del sistema.
Prueba de ello es un documento elaborado por la comisión que cita: “Un gran pendiente sigue siendo el sostenimiento de la operación cotidiana de los planteles escolares, motivo principal de las cuotas que aportan los padres de familia […]; la desatención de este rubro fomenta la desigualdad de condiciones de estudio y de trabajo, pues el mantenimiento de los centros escolares se deja a merced de la capacidad económica de las familias y las de negociación de los directores y profesores de las escuelas… (sic)”.
LAS ARMAS LEGALES
Aunque las autoridades educativas han insistido que el pago de cuotas no es una obligación de los padres de familia y los directivos que condicionen la inscripción de un niño están violando la ley, la realidad es que a la fecha ningún funcionario educativo ha sido sancionado por este hecho.
Esto ha provocado que desde hace un par de años, grupos de padres de familia hayan promovido amparos que les permita que su hijo sea matriculado en la escuela de su elección aún y cuando no hayan pagado una cuota.
De acuerdo a reportes periodísticos, padres de familia de los municipios de Reynosa, Río Bravo y Ciudad Victoria han solicitado la protección de la justicia federal.
Y aunque no existe una cifra oficial de cuántos amparos se han promovido en la entidad, la mayor parte de estos juicios han sido promovidos con el apoyo de militantes del Partido de la Revolución Democrática.
Juan Manuel Rodríguez Nieto, diputado local perredista, aseguró que su partido ha asesorado a mil 200 personas, quienes en su totalidad han ganado el pleito contra los directivos de las escuelas.
“Los amparos federales que se interpusieron el año pasado y antepasado se han ganado todos y los directores han tenido que acatar la disposición federal, de lo contrario se le inicia un proceso judicial”, indicó.
Incluso el secretario de Educación en la entidad, Diódoro Guerra Rodríguez apoyó la idea de que los padres de familia se amparen para no pagar las cuotas que les exigen.
“Tienen el apoyo de la Secretaría, nosotros siempre hemos reiterado de que por parte de las autoridades educativas no debe haber solicitudes de cuotas”, dijo.
Reconoció la validez del argumento de que estos recursos se utilizan para el mantenimiento de las escuelas, sin embargo indicó que no está bien que el pago de este dinero sea condicionante para permitir o no la educación de un niño.
“Yo creo que se trata más de argumentar y de poder explicar cuáles son las causas que originan esta solicitudes y si se está en posibilidades de participar, yo creo que todos debemos contribuir a mejorar nuestra infraestructura educativa”, sentenció.
Y aunque las autoridades educativas han dicho que el pago de estos recursos no es obligatorio, la realidad es que hasta ahora nadie ha intentado poner un freno a esta práctica y mucho menos, como lo planteó el diputado local González Tejeda, castigar con cárcel a quien lo haga.
