Sin duda, uno de los gobiernos estatales que más ha sido exhibido por los excesos y actos de corrupción cometidos por sus mandatarios es el de Veracruz.
En repetidas ocasiones hemos leído y escuchado testimonios de cómo el exgobernador Fidel Herrera Beltrán desvió recursos públicos a favor de su delfín, Javier Duarte de Ochoa, quien al final se convirtió en el nuevo mandatario veracruzano.
La administración de Duarte de Ochoa nació comprometida, pues las evidencias han mostrado que el triunfo que se supone obtuvo en las urnas fue conseguido con trampas, prebendas y desvío de los dineros de los veracruzanos.
Al quedarse quieto, esperando que el tiempo entierre las evidencias de los malos manejos de su antecesor, Duarte de Ochoa se convierte en cómplice de las irregularidades.
A estos problemas, hay que agregarle la severa crisis de inseguridad que se vive en esa entidad, que un día amanece con más de 30 cadáveres tirados debajo de un puente o con reportes de enfrentamientos de grupos armados.
Al igual que en todos los Estados y ciudades donde la violencia comenzó a salirse de control, en Veracruz las redes sociales y especialmente el Twitter se convirtieron en una útil herramienta para informar a los ciudadanos respecto a lo que estaba sucediendo en las calles.
Esta línea informativa ciudadana, por llamarla de alguna manera, se fue ganando la confianza de la gente cuando las autoridades establecidas se vieron lentas e ineficientes para informar a la comunidad sobre los “eventos de riesgo” (como hoy ya se conocen), que estaban sucediendo.
Al igual que como ha sucedido en otros puntos de la República, esta vía también fue aprovechada por algunos ociosos quienes, sin medir consecuencias, se dieron a la tarea de difundir rumores falsos sobre supuestas amenazas y hechos de violencia.
Tal y como sucedió en otras partes, hubo un día que estos rumores provocaron el caos en Veracruz, con negocios cerrados, escuelas evacuadas y cientos de padres de familia histéricos porque “alguien” les dijo que iba a haber ataques a las instalaciones educativas.
Sin embargo aquí se acaban las similitudes entre Veracruz y el resto del país. Pues allá el gobierno local decidió investigar y encontrar a los responsables de haber difundido estos rumores falsos, a quienes encarceló y acusó de terrorismo.
De inmediato las redes sociales protestaron por la detención, asegurando que los dos “twitteros” eran víctimas de la represión y el intento del gobierno veracruzano por lesionar la libertad de expresión. Incapaz de reaccionar, las autoridades locales decidieron soltar a los detenidos.
Pero el escándalo no termino aquí. El pasado 20 de septiembre el gobierno de Veracruz propuso al Congreso Estatal el decreto 296, que contempla un adición al artículo 373 al Código Penal vigente para la entidad.
Esta adición contempla la creación del delito de Perturbación del Orden Público, mismo que se castigará con una pena que va de uno a cuatro años de prisión y una multa de quinientos a mil días de salario público.
De acuerdo a la ley veracruzana, comete este delito quien: “Por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público”.
De inmediato las redes sociales y medios de comunicación (quienes saben que criticar algo tan popular como el Twitter es políticamente incorrecto), se incendiaron con protestas y acusaciones que esta reforma es un atentado a la libre expresión de las ideas.
El escándalo no ha acabado y el gobierno veracruzano enfrenta hasta una controversia constitucional por este tema.
El problema es que los críticos de esta medida parece que no han leído el artículo en cuestión, pues si lo hubieran hecho se darían cuenta que ahí se encuentra muy claramente escrita la palabra “falsamente”.
Pareciera que los detractores de esta reforma legal consideran que echar mentiras es una manifestación de la libre expresión y una libertad que debemos de gozar todos los mexicanos sin algún tipo de consecuencia.
Y no se trata de querer justificar la ineptitud de las autoridades, quienes orillan a los ciudadanos a buscar sus propias vías para mantenerse informados. Se trata de que deben de existir los mismos derechos y obligaciones para todos.
Si una autoridad no ofrece protección a sus ciudadanos, debe de ser sancionada. Pero si ‘#rebelde051’ decide mentir sobre supuestos ataques a escuelas y esto provoca un ataque de pánico entre la población, también debe de ser castigado.
Ser anónimo no debe de ser un equivalente a impunidad. Si hay quienes quieren jugar a ser comunicadores, deben de sujetarse a las normas y obligaciones que se le exige a esta profesión.
