En su más reciente comunicado, fechado este 18 de mayo de 2011, el Ejército Popular Revolucionario demanda a los “diputados y senadores honestos y progresistas” la aprobación de una Ley general contra el delito de la desaparición forzada. A una semana de cumplirse el cuarto año de la desaparición de dos de sus integrantes, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, también exhorta a los legisladores a rechazar la “retrógrada” Ley de Seguridad Nacional. Asimismo, exige el cumplimiento de Los Acuerdos de San Andrés, firmados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno de México para reconocer los derechos de los pueblos indígenas.

Por considerarlo de interés público, Contralínea publica el texto íntegro del comunicado.

De antemano agradecemos a los medios que han hecho posible que nuestros comunicados sean del conocimiento público, así mismo agradecemos que esta misiva llegue a los destinatarios. Saludos: Comité de prensa y propaganda

A LOS DIPUTADOS Y SENADORES HONESTOS Y PROGRESISTAS COMPROMETIDOS CON LAS CAUSAS SOCIALES DE NUESTRO PAIS, DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

AL PUEBLO DE MÉXICO

HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS:

A siete días de que se cumplan cuatro años de la detención desaparición forzada de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y aunque la correlación de fuerzas políticas internacionales y nacionales no les favorecen totalmente para legislar a favor de los intereses del pueblo mexicano, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), se dirige a ustedes para conminarlos a redoblar esfuerzos para lograr transformar en Ley la legítima exigencia permanente de los familiares, amigos, Organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos de  conocer la verdad histórica sobre el paradero de todas y cada una de las víctimas del pernicioso delito de lesa humanidad de desaparición forzada de los setenta y subsecuentes años cometido por el Estado mexicano así como la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, cuya detención desaparición forzada aconteció el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, a cargo del gobierno estatal del nefasto y hasta hoy impune Ulises Ruiz Ortiz y el ejército federal al igual que las más de 10 mil desapariciones forzadas cometidas en nuestro país, también, durante la actual administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Habrían que tomar en cuenta, ciudadanos diputados y senadores que la aprobación de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas sería insuficiente y totalmente inocua si a la par se aprobara la propuesta de reforma a la ya lesiva y retrógrada Ley de seguridad ya que no garantiza en lo absoluto la justicia que el pueblo demanda y sí reafirma la continuidad de la impunidad de las fuerzas castrenses, policiacas y paramilitares, al legalizar y proteger institucionalmente la violación de los derechos humanos.

Además, que en el contexto actual esta aprobación sería un triunfo pírrico si no también se retoma y logra dictaminar la Ley general contra el delito de desaparición forzada que impida al Estado mexicano y castigue a los funcionarios que cometan este delito de lesa humanidad. Una Ley general cuya esencia sea:

Conocer el paradero y la verdad histórica de todos y cada uno de los detenidos desparecidos de ayer y hoy.

La presentación con vida y libertad de cada uno de los luchadores sociales desde los años setenta hasta nuestros días, víctimas del delito de lesa humanidad de desaparición forzada cometido por el Estado mexicano.

Juicio político y judicial a todos los responsables del delito de lesa humanidad de desaparición forzada sea cual fuese el cargo ocupado durante la comisión del mismo. Así como la suspensión de su derecho a ocupar un puesto público por el resto de su vida.

Concretamente, el juicio político y judicial a Luis Echeverría Álvarez.

El juicio a Arturo Acosta Chaparro, Miguel Nazzar Haro, Sam López, Jorge Carrillo Olea, Jorge Tello Peón, Javier Oropeza Garnica, Menchaca… todos los que aún viven y permanecen impunes más los responsables del delito de desaparición forzada de hoy.

6.    La ratificación de los tratados Internacionales relativos a la observancia del Estado mexicano y respeto a los derechos humanos tanto de la población como de los luchadores sociales sin importar profesión o actividad: defensores de los derechos humanos, defensores de los defensores de los derechos humanos, periodistas, profesores, estudiantes, mujeres, ancianos y niños.

7.    El cumplimiento del compromiso contraído con la Corte Penal Internacional, respecto a que los militares sean juzgados por Cortes civiles, excepción hecha por Felipe Calderón Hinojosa quien en un alarde de autoritarismo y complicidad, prolonga la impunidad con que las fuerzas castrenses han actuado en relación a la función policiaca que les ha sido atribuida en contra de los movimientos populares organizados, luchadores sociales y movimientos revolucionarios de ayer y ahora.

8.    El cese de la impunidad a través de alcanzar la justicia.

Sabemos de antemano que tratar de legislar una ley de esta naturaleza es casi un imposible en este momento histórico. Sin embargo, consideramos que sólo así estarían dando la lucha dentro del sistema democrático burgués que prevalece. De otra manera es confirmar una vez más que aunque tienen buenas intenciones (de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno) o acordes a la defensa de los intereses de la nación mexicana, el poder legislativo es parte sustancial del Estado y su política neoliberal ya que con cada ley, reforma o modificación a la Constitución ha contribuido a afianzar a la oligarquía transnacional en el poder, legislando para proteger sus intereses particulares en contra de los intereses generales, entendiendo estos como los intereses del pueblo mexicano.

Ha habido tantas reformas a la Constitución que ésta ha dejado no sólo de contener el espíritu de la Constitución liberal de 1917 y sus logros tangibles, sino que la han convertido en otra Constitución que proporciona e institucionaliza un marco jurídico para la instauración tanto de la política neoliberal como de un estado de excepción pro fascista sin estridencias, de tal manera que no ha habido una oposición organizada de políticos, intelectuales, analistas y sectores progresistas, menos, popular y lo han hecho sin necesidad del llamado a todas las fuerzas políticas para instituirse en una Asamblea Constituyente de la cual emanara su nueva Constitución y Leyes secundarias.

No olviden que finalmente han ratificado en lo general todas y cada una de las reformas sustanciales que ha habido en contra de los intereses del pueblo mexicano y con ello contribuido a la pérdida parcial de la soberanía nacional que podría llegar a ser total de continuar en la dinámica y el papel que han desempeñado desde 1982 al convalidar por comisión u omisión la venta de las paraestatales para “adelgazar el Estado” y que continúa con las privatizaciones disfrazadas, sólo falta que legislen la venta total de Pemex y de la CFE para acabar con la mascarada y nuestra soberanía en esos ramos.

“Gracias” a las leyes que han aprobado la reprivatización de la tierra continúa, sacrificaron el ejido en aras de la propiedad privada y el neolatifundio, la agroindustria, la explotación minera, petrolera, la producción de energía eléctrica, construyendo grandes presas y campos en donde se utiliza la energía eólica, todo, gracias al despojo que han sufrido y continúan sufriendo los pueblos originarios al perder también sus tierras comunales.

Y los grandes beneficiarios siguen siendo los de siempre, la oligarquía transnacional de origen canadiense, norteamericano, inglés, español, francés y unos que otros prestanombres sudamericanos.

Otra consecuencia de las leyes que han aprobado es la instalación de grandes empresas y corredores turísticos en los puertos más importantes de nuestro país al permitir la venta de la tierra a extranjeros lo cual continúa prohibido en nuestra Constitución, a sabiendas ¿o sin saberlo?, que es precisamente un objetivo estratégico de Estados Unidos en la instrumentación de su doctrina de Defensa y Desarrollo Interno (DDI), ya que tendrán un lugar legalmente establecido para emplazar sus porta-aviones en caso de que no resulte la cabeza de playa que están tratando de establecer en Ciudad Juárez, Chihuahua. No olviden que los yanquis sí tienen estrategias a largo plazo y que México siempre ha sido la Joya de la Corona que les falta anexarse por completo.

Otra situación que están propiciando es que las transnacionales mineras, petroleras, de energía eléctrica y otras más, ante la inconformidad que están generando en los pueblos despojados y con el pretexto de defender “sus propiedades” y sus intereses, ingresen con la complicidad del Estado mexicano subrepticiamente a sus guardias privadas y con este hecho continuar pisoteando nuestra soberanía.

No podríamos dejar de mencionar la situación que continúan viviendo los pueblos originarios y campesinos con la instalación de los campos de explotación minera, petrolera, maderera y turística y que en lo que concierne al Poder legislativo federal y locales poco o nada han hecho para evitarla y es que la ancestral división entre nuestros pueblos sigue siendo propiciada y alimentada por infiltrados de la inteligencia norteamericana que se hacen pasar por avecindados, investigadores o lo que sean porque es una táctica de la estrategia norteamericana, división que alimentan aprovechando los problemas de límites de tierras irresueltos durante ya casi un siglo,  exacerbada por la ambición de la “ganancia económica” a obtener y la ignorancia de las consecuencias que deterioran el medio ambiente.

Por esta razón les hacemos un llamado a que retomen los originales Acuerdos de San Andrés e impidan, a través de su aprobación y vigilancia de su aplicación, un holocausto más en tierras mexicanas.

Combinar todas las formas de lucha ha sido y seguirá siendo nuestra consigna, pero si ustedes no tienen claras las limitaciones de la lucha dentro del poder legislativo incluyendo todas sus funciones contenidas en el Capítulo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos continuarán contentándose con pírricos logros, absorbidos en una dinámica que disfraza la dictadura del capital, además de obstaculizar la legítima autodefensa de nuestro pueblo.

Este 18 de mayo conmemoramos un año más de la formalización de nuestro Ejército Popular Revolucionario (EPR), por lo que enviamos un saludo a todos nuestros combatientes y mandos en todos los lugares en donde se encuentran y les hacemos un llamado para que continúen preparándose no sólo en el aspecto militar sino teórico.

No olviden que ¡Estamos en Guerra!, quiere decir que combatimos día a día desde el campo de la filosofía los conceptos de la ideología burguesa que nos impiden tener una actitud correcta ante la vida.

¡que la congruencia sea nuestra directriz y el marxismo la fuente de nuestras concepciones, ACTITUDES y acciones!

¡LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA DEBE SER EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL PUEBLO!

¡NO MAS SANGRE!

¡ESTAMOS HASTA LA MADRE!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!

¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR! ¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL

DEL

PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR

COMANDANCIA GENERAL

DEL

EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

CG-EPR

Año 48.

República mexicana, a 18 de mayo de 2011