La cuenta regresiva para dejar la Presidencia de la República ha iniciado y con angustia su titular Vicente Fox trata de cubrir todas las irregularidades cometidas durante su administración, pero sobre todo aquellas en donde él mismo participó y también en donde su familia se ha visto involucrada.
Como es sabido los hijos de Marta Sahagún, esposa del presidente, serán los primeros en enfrentar la justicia y, seguramente, alguno de ellos si no es que todos, pisará la cárcel. Pero las huellas de corrupción no se quedan sólo en la familia política del presidente, llegan hasta la misma residencia oficial de Los Pinos y es directamente Vicente Fox quien, según documentos confidenciales de la Secretaría de la Contraloría elaborados en junio de 2001, habría ordenado la asignación de contratos directos para obras, servicios y bienes sin licitar para beneficiar a sus “amigos” contratistas que sólo eran intermediarios y que incumplieron con los trabajos recomendados para la remodelación de la casa presidencial, además de inflar los costos de las obras.
Consultadas sobre esos documentos secretos que guarda la Secretaría de la Función Pública (SFP) en sus archivos confidenciales y que revelan las corruptelas ordenadas por Fox para cumplir los caprichos de su esposa Marta Sahagún y que ocasionaron daños patrimoniales e irregularidades en el manejo presupuestal de casi 70 millones de pesos, las oficinas de prensa de Los Pinos y de la SFP se concretaron a informar que después de consultar con sus superiores “no tenían comentarios al respecto”, es decir que dan por buena esta información que acusa a la Presidencia de la República de actos de corrupción en beneficio de contratistas y de la “familia presidencial”.
Al inicio de su primer semestre en el poder, el “gobierno del cambio” lo primero que hizo fue ordenar la remodelación de Los Pinos y la compra de muebles y enceres domésticos por un monto cercano a los 70 millones de pesos que, según la entonces Secretaría de la Contraloría, ocasionó un despilfarro, un abuso y una violación a las leyes de Obras y de Responsabilidades, en una clara muestra de lo que sería todo el sexenio y, sobre todo, contrario a lo que había prometido Vicente Fox de ejecutar un gobierno honrado y transparente.
En aquel año de 2001 la reportera Anabel Hernández dio cuenta en el diario Milenio del caso conocido como El Toallagate, en donde puso al descubierto el dispendio con que arrancaba el gobierno de Vicente Fox, pero eso era sólo la punta del iceberg que cubriría los actos ilícitos que marcarían la asignación del gasto público durante la administración foxista.
En medio de una fuerte campaña contra la corrupción – su principal promesa de campaña y pilar de su programa de gobierno -, Fox favoreció a un grupo de empresarios “amigos” con obras por más de 66 millones de pesos y cuya asignación fue calificada como irregular, deshonesta y violatoria a las normas y leyes en la materia por la entonces Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, a cargo en ese momento del panista Francisco Barrio Terrazas, quien después intentaría la candidatura presidencial por el PAN.
El grueso expediente que mantiene bajo reserva la Secretaría de la Función Pública (SFP) con el argumento de “confidencialidad y seguridad nacional”, comprueba los actos de corrupción cometidos en Los Pinos para favorecer con contratos de obras, servicios y bienes a empresas y particulares recomendados directamente por el presidente Vicente Fox, según declararon los propios contratistas.
En sus afirmaciones ante los auditores responsables de la investigación al manejo financiero de Los Pinos, los representantes de las compañías beneficiadas responsabilizan a Fox de las contrataciones irregulares por 66 millones 540 mil 795.07 pesos, pues según declararon fue directamente el presidente de la República quien ordenó asignarles los contratos sin licitar y esto ocasionó fraudes, daños patrimoniales, subcontrataciones e incumplimientos en perjuicio de la Presidencia y del erario público.
Consultada sobre estas graves acusaciones de corrupción en Los Pinos, la Presidencia de la República por conducto del coordinador de prensa Carlos Enrique Garza Falla informó, después de “consultarlo” con sus superiores, que la Presidencia no tiene opinión alguna sobre los señalamientos al presidente Fox ni tampoco sobre los resultados de esa auditoría.
En la Secretaría de la Función Pública su área de comunicación social también explicó que consultarían para determinar si harían algún comentario, pero nunca hubo respuesta.
La Auditoria 2015 revela que en el primer semestre del gobierno de Vicente Fox se adjudicaron de manera directa cuatro contratos de obra y dos convenios adicionales para la remodelación de Los Pinos, lo que ocasionó daños patrimoniales, desvío de recursos públicos, subcontrataciones, sobreprecios, pago de anticipos irregulares, omisiones, negligencias y violaciones a normas, reglamentos y leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades.
Guardada con gran sigilo en los archivos confidenciales de la SFP, la Auditoría 2015 se realizó a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia por órdenes del director general de Auditoría Gubernamental, Roberto Muñoz Leos, hermano de quien fuera director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, y que fue destituido por abusos en el uso de fondos públicos y la asignación de contratos a los hijos de la esposa del presidente.
Las onerosas “cabañas”
La remodelación de las cabañas 1 y 2, así como la adquisición de mobiliario, equipo y enseres para las mismas, fueron las obras que sirvieron como pretexto para iniciar la asignación de contratos directos y que ocasionaron diversas irregularidades que se detallan en ocho observaciones.
En el informe general de resultados de dicha investigación, con fecha del 28 de junio de 2001, se hacen señalamientos directos y recomendaciones al entonces director general de Administración de la Presidencia de la República, ingeniero Joaquín José Cortina y López Negrete, en los rubros de obra pública y adquisiciones.
La auditoría a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República se llevó a cabo en sólo un semana, entre el 20 y 28 de junio de 2001, y se analizaron selectivamente las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2000, cuando arranca el gobierno de Vicente Fox, al 31 de mayo de 2001.
¿El resultado? , se violaron de manera consistente las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como la Ley Federal de Responsabilidades.
Los auditores encontraron irregularidades en el procedimiento de adjudicación de contratos y pagos de los mismos.
El principal responsable y beneficiado de todas esas anomalías fue el contratista Humberto Artigas, amigo de Vicente Fox, cuya empresa del mismo nombre fue sometida a una minuciosa compulsa luego de descubrir serias anomalías en la asignación de contratos y en el cumplimiento de los mismos, por ejemplo para la remodelación de las cabañas 1 y 2 se gastaron 8 millones 521 mil 487.44 pesos; para la residencia Miguel Alemán se pagaron 30 millones 88 mil 782.99 pesos; las obras exteriores de Los Pinos fueron por 14 millones 667 mil 631.10 pesos, y la remodelación de la casa anexa de la residencia oficial por 8 millones 617 mil 997.34 pesos.
Vulnerada la Seguridad Nacional
El supuesto carácter de confidencial que debían mantener estas obras, razón por la cual se asignaron los contratos de manera directa para beneficiar al amigo de Fox, fue violado, pues la Dirección General de Auditoría Gubernamental concluyó que los contratistas beneficiados por el presidente subcontrataron a sus vez las obras, los bienes y servicios a otras empresas particulares, lo que vulneró la secrecía y la seguridad nacional con la que según la administración de Los Pinos y el Estado Mayor Presidencial debían ejecutarse este tipo de obras en la Residencia Oficial.

Paradójicamente, para adjudicar de manera directa estos contratos Vicente Fox esgrimió la confidencialidad y la seguridad nacional, objetivo que “se desvirtúa por la subcontratación”, pues la remodelación de Los Pinos se asignó a la empresa Humberto Artigas y Asociados, Sociedad Civil, por un monto de 61 millones 895 mil 898.87 pesos, “debiendo realizar licitación pública, de acuerdo con los montos de actuación, sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados”.
El director general adjunto de Auditorías Directas de la entonces llamada Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública), contador Javier Cervantes Martínez, dice de los contratos asignados a Humberto Artigas: “se adjudicaron directamente al contratista sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, ya que el argumento esgrimido de confidencialidad y seguridad se desvirtúa por la subcontratación de las obras, por lo que debió efectuarse licitación pública o cuando menos invitación a tres contratistas en los términos del artículo 134 constitucional y 27, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas”.
El amplio expediente confidencial de la Contraloría precisa que “el contratista Humberto Artigas y Asociados subcontrató las cuatro obras que le adjudicó la Presidencia de la República, conforme al resultado de la compulsa que se realizó con dicho contratista, quien declaró que efectuó la subcontratación con las empresas: Técnicas Avanzadas de Promoción Inmobiliaria S.A. de C.V.; Construcciones y Destajos Especiales S.A. de C.V.; Aicon S.A. de C.V.; Arq. Jorge Conde Guzmán; Grupo Valerio S.A. de C.V.; Aurelio Rojas; MYO S.A. de C.V.; BM Arquitectos, y GBI.”
Pero dichas empresas subcontratadas sólo cobraron por las obras 23 millones 833 mil pesos, cuyas facturas que entregó Artigas a los auditores de la Contraloría así lo comprueban, por lo cual según los auditores se contravino el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, que en el penúltimo y último párrafo establece que no se podrán ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que deriven de los contratos.
Es decir que mientras Humberto Artigas cobró a la Presidencia de la República casi 62 millones de pesos, sólo presentó facturas por obras y servicios por 23.8 millones, lo que podría significar un daño patrimonial y desvíos por otros 39 millones de pesos.
Además, los montos asignados por la Presidencia de la República en las obras a Los Pinos rebasan los rangos de adjudicación para efectuar una licitación pública de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En las observaciones de la auditoría se afirma que entre los efectos negativos por la asignación directa de los contratos “se posibilita la contratación de obras con empresas que no cuenten con infraestructura y capacidad técnica y financiera para el desarrollo de los trabajos y que no se garantiza las mejores condiciones al Estado en cuanto a precio, calidad y demás circunstancias pertinentes”.
Sostiene que estas adjudicaciones al contratista Humberto Artigas se hicieron al margen de disposiciones normativas, con lo cual se afectó la transparencia de las contrataciones realizadas y se incurrió en sobreprecios innecesarios al no cumplir con procedimientos normativos que permitan la adecuada selección de las empresas. Por falta de espacio y debido a lo voluminoso del expediente de la Contraloría, continuaremos con esta historia de corrupción el próximo lunes.