Los días del líder nacional del PRI están contados. Todos en ese órgano politico lo saben y ya preparan la sustitución del hombre fuerte de la maestra Elba Esther Gordillo, Humberto Moreira Valdés, alias “Moreira el bailador”.

 

Pero a quien sí bailó Moreira fue a los millones de coahuilenses que cegados por la pavimentación de calles y avenidas, la construcción de puentes y otras obras sin sentido, nunca se preguntaron de dónde salía el dinero y mucho menos sabían que esas construcciones serian el pretexto para un histórico y fraudulento endeudamiento de parte de la administración del todavía presidente del PRI.

 

El escándalo destapado por las áreas de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y filtrado a un diario de la ciudad de México, han puesto en jaque al PRI y con ello mientras pasen más los días y Humberto Moreira se mantenga al frente de ese partido, se debilita la posición del exgobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, en las encuestas con miras a la Presidencia de la República del 2012.

 

Calificado ya como un pasivo del PRI, “Moreira el bailador” se quiere aferrar a la presidencia del partido, mientras que su protectora Elba Esther ya tiene al sustituto para que sea ella quien desde el SNTE  y el Panal decida el futuro de este país.

 

Además de su próxima salida del PRI, Moreira Valdés tiene mucho que explicar sobre la corrupción en su administración cuando hasta el año pasado se desempeñó como gobernador de Coahuila. Los documentos que sustentan las acusaciones en contra de su gobierno son contundentes. El endeudamiento en el que incurrió el gobierno de Coahuila no sólo fue resultado de la falsificación de documentos, sino de un perverso cabildeo en el Congreso del estado para modificar leyes que permitieran blindar las acciones ilegales ordenadas desde el palacio de gobierno.

 

La denuncia penal de hechos presentada contre la gestión de Moreira establece que durante los últimos meses del ejercicio del profesor –integrante del equipo de la eterna lidereza del SNTE, Elba Esther Gordillo– y hasta la fecha en que se separó del cargo de gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza se negó a los coahuilenses que existiera por parte de esa administración una deuda superior a los 3 mil 500 millones de pesos. En cambio, se trabajó en todos los niveles para blindar los actos de gobierno que le permitieron endeudar a esa entidad al menos durante las siguientes décadas por un monto de 34 mil millones de pesos.

 

Fue el coordinador de la Comisión de Finanzas en el Congreso, el diputado Salomón Juan Marcos Issa, quien afirmó ante varios medios de comunicación que la deuda del estado era de sólo 3 mil 500 millones de pesos y no de 7 mil millones como ya comenzaba a comentarse entre otros miembros de la Legislatura local.

 

Ya para entonces se hablaba de otros pasivos generados por procesos de bursatilización y financiamientos vía cadenas productivas, como los que otorga la banca de desarrollo. Es cierto, como en todos los estados de la República Mexicana, Nafin y Bancomext otorgaron créditos a las Pymes y a los exportadores de la región. Ese monto ascendía a 7 mil 441 millones de pesos y, en sentido estricto, era un pasivo por el cual las finanzas del estado tenían que responder.

 

En ese nivel se buscaba centrar la discusión y distraer a la opinión pública. Sin embargo, Moreira y su equipo negaban una y otra vez mayores pasivos. Se afirmaba –como si con decirlo se construyera la verdad– que además se tenía registrada deuda de los municipios y no del estado, y que tampoco se trataba de deuda pública. No significada, por lo tanto, que el gobierno del estado tuviera que pagarla. “Cuando se termine esta administración, veremos los números que van a quedar. De obra pública el año pasado fueran cerca de 9 mil 000 millones de pesos y la bursatilización va a quedar en cero y va a quedar una deuda normal que viene siendo un 10 por ciento de la obra pública de los seis años”, aseguraba Juan Marcos Issa.

 

De esta forma, el Congreso del estado, por lo tanto, nunca realizó un estudio serio de la documentación que respaldaba la deuda del estado y, sobre todo, los caminos que se utilizaron para contratar un pasivo que supera varias décadas de participaciones federales. Los legisladores de esa región tampoco analizaron a conciencia qué porcentaje de esos recursos se destinó a obra pública, a proyectos que realmente beneficiaran a la población y cuánto de esos recursos a gasto corriente.

 

Las declaraciones del diputado Salomón Juan Marcos Issa sólo alborotaron el avispero en Coahuila. Los actores políticos cayeron en la cuenta que durante la negociación de la Ley de Ingresos 2011 del estado de Coahuila no se aprobó para dicho ejercicio fiscal contratación de deuda alguna. Sin embargo, sí se autorizó al gobierno de Coahuila para que se estructuraran los créditos que se tenían contratados en el sistema financiero y que sí fueron autorizados por el Congreso del Estado.

 

En consecuencia, es un hecho que ningún crédito se hubiera adquirido sin autorización del Congreso y, mucho menos, ser materia de reestructura o refinanciamiento.

 

Pero fue a finales de julio de 2011 cuando los coahuilenese se esteraban de la estela de irregularidades en las que incurrió el gobierno local a cargo de Humberto Moreira en la contratación de créditos que ubicaban a la deuda de la entidad en el monto de 34 mil 000 millones de pesos.

 

Se trataba de financiamientos, en su mayoría bancarios, que se habían contratado de manera irregular y, en algunos casos, gracias a la falsificación de documentos oficiales, evidentemente colocaba a funcionarios públicos ante un eventual proceso judicial con responsabilidades de tipo penal. Para ese momento, los funcionarios del gobierno del estado de Coahuila y el propio gobernador interino seguían negando la existencia de esa deuda. La mentira primero y después la impunidad total, pues al final de cuentas sólo se trata de dinero público manejado fraudulentamente por funcionarios, banqueros y avalado por legisladores.

 

La Procuraduría Fiscal de la Federación a cargo de Javier Laynez no tuvo otro remedio que iniciar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por el uso de documentación falsa en un trámite ordinario de afectación de participaciones federales.

 

El 4 de agosto, la diputación permanente del Congreso del Estado de Coahuila tuvo que reconocer que esa entidad tenía una deuda por 34 mil millones de pesos y que por esa circunstancia se había enviado por parte del gobernador interino una iniciativa para abrogar la Ley de Deuda Pública para el Estado, así como otros ordenamientos legales con los que se buscó blindar, desde ese recinto legislativo, una serie de fraudes a las arcas públicas, a los ciudadanos del estado y a todos los contribuyentes del país.

 

En otras palabras, el gobierno de Moreira tuvo que modificar leyes locales que le impedían endeudar de manera tan ominosa al estado.

 

Al modificar la Ley de Deuda Pública se pretendió regularizar la deuda que se había adquirido, pero sobre todo exonerar de cualquier responsabilidad patrimonial a los funcionarios públicos que incurrieron en irregularidades.

 

Si el Congreso local aprobaba la deuda reconocida, entonces – pensó Moreira – no habrá argumento alguno para hablar de contravención a las leyes, lo que resultó en una iniciativa de ley con dedicatoria y hecha exprofeso para dejar al margen de estas irregularidades al líder del PRI.

 

Fue el 6 de agosto pasado cuando se abrogó la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila. Dicho acto se realizó en una sesión extraordinaria del Congreso local y tenía como principal objetivo terminar con la obligatoriedad de que cualquier deuda pública se contrajera por un periodo superior a un ejercicio fiscal específico, lo que era congruente con la obligación del gobernador en turno y del propio Congreso de aprobar una Ley de Ingresos de manera anual.

 

La Ley abrogada también prohibía que la deuda se contrajera por un tiempo superior al del ejercicio correspondiente, previa aprobación del Congreso. De esta forma, ningún gobernador podría disponer de recursos que comprometieran al estado más allá de su periodo de gobierno; además se exigía que dicha deuda se aplicara a proyectos productivos.

 

El Congreso local, de esta forma, generó una ley para proteger a Humberto Moreira porque, según los documentos presentados ante el Poder Judicial, se tuvo mucho cuidado en incluir la posibilidad de reestructurar créditos aún cuando “los mismos por alguna causa se hubieran realizado sin cumplir con algún requisito legal”.

 

Hasta ahora la investigación al gobierno del líder nacional del PRI se ha concentrado en la supuesta falsificación de documentos para firmar créditos bancarios y operaciones de factoraje por más de 3 mil millones de pesos, de un total de la deuda del estado de Coahuila por más de 37 mil millones de pesos. Sin embargo, las pesquisas en torno a este caso deberían involucrar desde ahora el ejercicio de dichos recursos.

 

En el gobierno de Coahuila, luego de la salida de Moreira, aseguran que todo ese dinero se aplicó en obras sociales y que las aclaraciones, en todo caso, se concentran sólo en poco más de 3 mil millones de pesos. No obstante, los analistas se preguntan cuáles son las obras de infraestructura que ameritaron tanto dinero. Por ejemplo, en el segundo piso de Enrique Peña Nieto el monto invertido fue de 8 mil millones de pesos; en la presa El Cajón los recursos destinados ascienden a 9 mil millones de pesos, considerada la obra más importante del sexenio de Vicente Fox. Todas son edificaciones monumentales. Otra inquietud es cuál fue la premisa financiera bajo la cual contrató este pasivo.

 

Es cierto que anualmente las participaciones federales para Coahuila se ubican entre 25 mil millones y 26 mil millones de pesos. Así que la deuda claramente se pensó en el largo plazo y para comprometer estas participaciones. Por ello, era importante la bursatilización de las partidas federales, para lo cual era necesaria la calificación de Fitch Ratings. De esa forma, se pagaría a los bancos con los que se firmó estos créditos

 

Ahora, el presidente de la CNBV, Guillermo Babatz, había recibido la solicitud de información de los bancos que participaron en los créditos al gobierno de Coahuila. Una investigación del senador panista Guillermo Anaya asegura que la deuda del estado con la banca comercial pasó de 30 mil millones a 56 mil millones de pesos por concepto de interés y servicio de la deuda.

 

El legislador blanaquiazul tendrá que demostrarlo y por ello solicitó a la CNBV que, en este caso, entregue información para tranquilidad de los contribuyentes. Seguramente se argumentará secreto bancario. Anaya también asegura que parte de esos recursos se encuentran ya invertidos en San Antonio, Texas, con lo que podría tomar forma lo que ya se comenta en el sector financiero: el multimillonario pasivo que se contrató a nombre de las finanzas de Coahuila –que aporta el 2 por ciento del PIB–  no fue invertido para beneficiar a los coahuilenses. Entonces ¿en dónde está el dinero?  Coahuila simplemente no podía endeudarse a ese nivel.