Frente a la crisis de inseguridad, violencia y descomposición social que enfrenta México, el gobierno de Estados Unidos tiene una clara responsabilidad que, hasta ahora, se niega a reconocer y, por el contrario, la utiliza como un instrumento de presión para someter aún más al gabinete de Felipe Calderón y obligarlo a mantenerse como aliado en su política intervencionista hacia Latinoamérica.Hace unos días nos enteramos por el diario estadounidense the New York Times, de una nueva operación ilegal del gobierno de Estados Unidos y violatoria de nuestra Constitución, cometida en territorio mexicano por una de las agencias policiales más corruptas de ese país, como es la DEA. Es sabido que gobierno y congreso de Estados Unidos aplican leyes extraterritoriales en todo el mundo bajo pretexto de combatir al crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de drogas y otros delitos, lo que le da impunidad a sus cuerpos policiales (DEA, CIA, FBI, Tesoro) para espiar, investigar, persiguir y capturar a todas aquellas personas que según los órganos de inteligencia estadounidenses representen un peligro para ese país.

Esta vez correspondió a una operación instrumentada por la agencia antinarcóticos DEA para, conjuntamente con cárteles del narcotráfico, lavar dinero producto de la droga en los circuitos financieros mexicanos. Por supuesto esta intervención estadounidense se realizó sin informar a las autoridades de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda, así como a la Procuraduría General de la República, todas responsables por permitir dichas violaciones a la soberanía nacional.

Con cinismo, el gobierno de Estados Unidos acepta realizar operaciones encubiertas de lavado dinero del narcotráfico en México desde 1984, supuestamente para “tratar de identificar la estructura financiera y llegar hasta los más importantes capos de la droga”, según se desprende de una carta enviada por el Departamento de Justicia al presidente del comité de supervisión gubernamental, Darrel Issa, y publicada por la prensa de ese país.

La misiva, enviada por el enlace del Departamento de Justicia con el Congreso, Ronald Weich, ha intentado salir al paso de la decisión anunciada esta misma semana por Issa para la apertura de una investigación que buscará esclarecer los alcances de operativos encubiertos de lavado de dinero orquestados por la DEA en México y Estados Unidos y puestos al descubierto por The New York Times.

“El Congreso autorizó a la DEA desde 1984 usar fondos presupuestados para realizar operaciones encubiertas y también la autorizó a depositar ganancias de estas operaciones encubiertas en bancos”, explicó Weich, subprocurador para Asuntos Legislativos en la carta dirigida a Issa.

Casa Blanca

El problema de los abusos de Estados Unidos y sus constantes intervenciones en asuntos internos de México, bajo el argumento de proteger su seguridad nacional, es que ni los gobiernos priistas ni los panistas han hecho algo para detener estas constantes violaciones de parte de cuerpos policiales y de inteligencia de ese país.

Otra de las graves violaciones a la soberanía ocurrió hace unos 14 años, cuando en una operación encubierta ordenada por el gobierno de los Estados Unidos en territorio mexicano causó conmoción en el sistema financiero y desnudó el servilismo de nuestras autoridades responsables de procurar justicia y defender la soberanía nacional.

Aquella cuestionada operación se llamó “Casablanca” y fue utilizada para sobornar a empleados bancarios y convencerlos de lavar dinero sucio. Cuando los trabajadores de las instituciones bancarias aceptaban introducir el dinero en los circuitos financieros eran capturados, lo que servía a Washington para demostrar que México carecía de controles y había llegado el momento de que la banca extranjera se asentara en el país y manejara el destino del dinero de los mexicanos.

Ahora, 14 años después, se descubre que las operaciones encubiertas por fuerzas extranjeras en territorio nacional han sido constantes, y se confirma que además de proveer armas a los cárteles mexicanos, también la DEA lava su dinero en instituciones financieras producto del tráfico de drogas, lo que constata el “buen negocio” que significa el narcotráfico para Estados Unidos, país que tiene el mercado de consumo de drogas más grande del mundo y el centro de blanqueo de capitales producto de actividades ilícitas.

Más allá de las sospechas de que en México crecen día a día los delitos de lavado de dinero y narcotráfico y el producto de sus ganancias ingresa a los circuitos financieros, hoy bajo el control de la banca foránea, el nuevo capítulo que podría dar continuidad al expediente Casablanca tendría que ver con la total autonomía con la que los bancos extranjeros toman decisiones sobre sus filiales sin reportarlo a las autoridades mexicanas, por lo que la danza de los millones es alarmante.

Sólo para recordar y tener claro el contexto, aquella investigación encubierta de Casa Blanca que realizaron los departamentos de Aduanas y del Tesoro del gobierno de Estados Unidos y que se dio a conocer en 1998, podría no estar cerrada del todo. En esa ocasión 11 bancos mexicanos, tres venezolanos y uno español fueron acusados de lavar dinero de organizaciones de narcotraficantes. La Reserva Federal de Estados Unidos giró en aquel momento órdenes administrativas para suspender ciertas actividades en territorio estadounidense de los bancos involucrados, dos de ellos los más importantes de México: Banamex y BBVA Bancomer, los cuales padecieron estas disposiciones luego de que se confirmó que sus funcionarios de nivel medio y bajo habían participado en transacciones de lavado de capitales, mismas que a pesar de haber sido inducidas los involucrados fueron declarados culpables.

En Estados Unidos el asunto pasó a la historia como una exitosa operación de las autoridades estadounidenses en su lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico. Mientras que en México la banca extranjera y mexicana cayeron en la “trampa” de las autoridades estadounidenses, y los directivos prefirieron guardar silencio, contratar un ejército de abogados para defenderse y asumir las sanciones de la FED.

Como si se tratara de un thriller hollywoodense, la Reserva Federal envió a territorio mexicano a agentes encubiertos para que dijeran representar a los cárteles de Calí y de Juárez, uno colombiano y otro mexicano, para infiltrar “los más altos niveles de las estructuras internacionales dedicadas al lavado de dinero”, según dijo en 1988 el Departamento del Tesoro estadounidense. Ahora, 14 años después, la historia se repite, sólo que esta vez todo hace creer que la DEA y el gobierno de Estados Unidos eran los beneficiados del lavado de miles de millones de dólares de los cárteles mexicanos, en lo que parece más bien un acuerdo con los delincuentes a cambio de impunidad.

La seguridad en México

Un extenso análisis de la Corporación Rand titulado: “La seguridad en México, implicaciones para la política estadounidense”, establece que para no perder el status quo y reconocer que las políticas e instituciones de otro lado de la frontera también tienen que reformarse, el gobierno estadounidense está dejando a un lado los pasos estratégicos para detener el avance del narcotráfico y la introducción de armas al territorio mexicano.

Los autores Agnes Gereben Schaefer, Benjamin Bahney, K. Jack Riley, investigadores de Corporación Rand, estiman que los costos sociales de las drogas son 15 veces mayores si se enfocan sólo a la persecución en lugar de la prevención y el tratamiento.

Sin embargo, las políticas conjuntas entre México y Estados Unidos para elevar la seguridad en ambos países no se han presentado. Desde hace dos años este influyente organismo de análisis y evaluación de las políticas públicas advirtió la necesidad de generar acuerdos que modificaran el rumbo de las amenazas a la seguridad.

Los analistas de Rand recuerdan que desde 2000, cuando llega a la Presidencia el primer candidato de oposición (Vicente Fox), México se ha enfrentando al reto de articular y cohesionar una estrategia nacional de seguridad, pero se ha generado una duplicidad de funciones y la inestabilidad de las estructuras que se ocupan de la seguridad es evidente. En México los esfuerzos no se han coordinado y existen problemas de comunicación entre las fuerzas policiales, mientras que la población desconfía de sus integrantes y de sus acciones.

Para Rand, el deterioro de la seguridad en México comenzó en 2005 y comenzó a precipitarse en 2008, cuando los homicidios relacionados con el narcotráfico pasaron de 2 mil 275 en 2007 a 6 mil 290 en 2008, es decir casi 200 por ciento más. La corporación Rand afirmsa que nunca antes como en el gobierno de Felipe Calderón, se había dedicado presupuestalmente tal cantidad de recursos policiales y económicos para combatir a los carteles de la droga.

El precio, sin embargo, ha sido alto: la violencia también se hizo pública y la población civil comenzó a ubicarse, también por primera vez, entre el fuego cruzado de criminales, policías y militares. Otro elemento clave para el incremento de la violencia fue, sin duda, el hecho de que los cárteles de la droga tuvieron acceso a armamento cada vez más sofisticado que llegó, principalmente de Estados Unidos. La presencia de Los Zetas, exmilitares y kaibiles que llegaron de Guatemala, también fue determinante para incrementar este nivel de violencia.

Por ello, Rand sugiere desde 2009 que el gobierno estadounidense asuma su responsabilidad y comience una reforma en diferentes niveles que permita solucionar de fondo los problemas de seguridad de ambos país. El miedo a no desafiar el estado de las cosas, el status quo de Estados Unidos como una nación que simplemente no podría ser vulnerada por organizaciones criminales, sin importar su origen, es lo que está impidiendo una solución de fondo.

La represión del gobierno de Calderón, por lo tanto, no es suficiente para terminar con el problema de inseguridad, narcotráfico, violencia y violación a derechos humanos.

La DEA, sin embargo, se ocupa de realizar operaciones encubiertas en territorio mexicano para “develar” cómo los cárteles de la droga lavan cientos de millones de dólares y no se ocupa de descubrir a los bancos estadounidenses que participan en las operaciones.

La estrategia, por lo tanto, está incompleta. Así lo demostró el contrabando de armas hacia México o, antes, la operación Casablanca, una intervención más en territorio mexicano en donde se actuó con simples empleados bancarios y no en contra de los directivos y dueños extranjeros de las instituciones financieras que operan en México.

Está confirmado que son los bancos estadounidenses o de cualquier origen pero con operaciones en ese país, los que han servido para el lavado de dinero proveniente del crimen organizado. El caso de Raúl Salinas de Gortari y el entramado y redes financieras que armó desde Citibank son sólo un ejemplo de la impunidad y abuso que hay en Estados Unidos.

La Corporación Rand hace una crítica clara al Plan Mérida que, hasta ahora, se ha enfocado a recursos para el equipamiento tecnológico y entrenamiento de fuerzas policiales. En el Plan Mérida, en concreto, ha estado ausente la visión de largo plazo de ambos países para construir una reforma para la estructura en defensa de la seguridad, pero sobre todo asumir el reto y la responsabilidad de reducir el consumo interno de droga , en donde Estados Unidos es el rey.

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