De darle el beneficio de la duda a las encuestas de opinión que realizan empresas privadas, la mayoría de ellas interesadas por los millonarios contratos que firman, es de revisar una que realizó la compañía de Ulises Beltrán con relación a la confianza y desconfianza que tiene un sector de la población sobre las instituciones públicas, sobre todo por los momentos de agudos conflictos sociales que vive el país, como la inseguridad, la violencia extrema, la crisis económica y el desprecio hacia los políticos y los partidos que representan.Bajo la pregunta inducida hecha por vía telefónica sobre “qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones”, y de allí los entrevistados pudieron calificar de mucha, regular, poca o nada a 21 instituciones públicas, sorprende que fueron el Ejército y la Marina los que obtuvieron la primera y segunda posición, respectivamente, de mayor confianza entre la población.

Este dato revelador debe considerarse, ya que son las Fuerzas Armadas las responsabilizadas por la Presidencia de la República para encabezar la lucha en contra del crimen organizado y el narcotráfico, lo que las ha llevado a recibir duras críticas y denuncias de la población por violaciones a los derechos humanos y el abuso de fuerza que ejercen en sus operativos. Esto ocurre porque soldados y marinos se han convertido en policías que vigilan e investigan delitos del fuero federal, cuando esa no es su función ni están capacitados para estas labores de seguridad pública.

Sin embargo, la encuesta parece darle resultado a Felipe Calderón, pues a pesar de la violencia que vive todo el país y que ha sumido a millones de mexicanos en el terror del homicidio, secuestro y amenazas, un sector de la población considera que las Fuerzas Armadas son las instituciones más confiables que hay en México, al considerar que el Ejército trabaja bien, combate al narcotráfico y ayuda en desastres naturales. Otra razón es porque el parámetro de medición que tienen éstas para hacer el comparativo, son los distintos cuerpos policiales que hay en todo el país –federales, estatales y municipales– en donde las bandas criminales y de narcotraficantes han penetrado a todas las instituciones y la desconfianza sobre ellas es generalizada.

Una cuarta parte de la población encuestada desconfía de las Fuerzas Armadas porque considera que son corruptas, que están coludidas con los delincuentes, abusan de su poder y no ayudan a la gente.

Otra institución analizada es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que por su trabajo ocupa el tercer lugar de confianza; el cuarto sitio lo conquista el presidente de la República, lo cual sí es una sorpresa porque si hay algún responsable de los casi 50 mil asesinatos en todo el país, motivados por esta “guerra” absurda ordenada desde Los Pinos, es precisamente Felipe Calderón quien se obstina en mantener el enfrentamiento armado en calles, escuelas y centros recreativos, plazas comerciales, carreteras y pueblos, edificios, vecindades y viviendas. Nadie se salva de la amenaza ni del miedo que por lo menos esto ocasiona. Pues con todo, la mitad de la población encuestada asegura que confía en Calderón, mientras que 40 por ciento sostiene que muy poco o nada cree en el jefe máximo de las Fuerzas Armadas.

Una sorpresa más es que la Policía Federal ocupa la séptima posición de las 21 instituciones de mayor confianza en el país. Apenas el 14 por ciento de los encuestados afirma tener mucha confianza; el 31 por ciento, regular; el 28 por ciento, poca, y el 22 por ciento, nada de confianza. Y sorprende este dato, porque si hay una institución sumida en la corrupción es precisamente la que integran los cuerpos policiales federales, bajo el mando del polémico Genaro García Luna, señalado en varias investigaciones periodísticas con vínculos con el crimen organizado.

Lo que si no sorprende es que sean los senadores y diputados, es decir los políticos profesionales que viven del presupuesto público y que ostentan el fuero para evitar cualquier investigación y acusación en su contra, quienes ocupan el último lugar de confianza. Apenas el 3 por ciento de una despistada población encuestada expresa que tiene mucha confianza en los legisladores de las dos cámaras; el 31 por ciento señala como regular la confianza en ellos; el 28 por ciento asegura que tiene muy poca confianza en senadores y diputados; y el 31 por ciento indica que no les tiene nada de confianza.

El penúltimo lugar de la tabla lo ocupan, como era de esperarse, los partidos políticos. Esto revela la crisis de credibilidad que enfrentan, pues además de que no sirven para nada, se han convertido en barriles sin fondo del presupuesto público, sólo el 4 por ciento de la población confía en ellos y el resto, nada. También los sindicatos tienen apenas el 4 por ciento de confianza y aquí de inmediato nos vienen a la mente los líderes corporativos: Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps, Joaquín Gamboa Pascoe, Víctor Flores, Napoleón Gómez Urrutia, Joel Ayala y Valdemar Gutiérrez, todos ellos enriquecidos hasta más no poder, mientras que sus agremiados viven en la miseria con salarios que no pagan sus necesidades básicas de vida, pero eso a ellos no les importa, sólo les interesa mamar dinero de las cuotas sindicales y del erario.

Por supuesto, los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también reciben el rechazo de la población. De los primeros apenas el 8 por ciento de los encuestados indica tenerles confianza y el resto, el 92 por ciento, desconfía totalmente. Esto tampoco puede sorprendernos porque si es reprobable la corrupción que hay entre servidores públicos del Poder Ejecutivo, es doblemente reprobable cuando los jueces, magistrados y ministros en lugar de impartir justicia la inclinan hacia quienes más pagan y en sus dictámenes juegan con la libertad y la vida de las personas.

Lo que también asombra es que los encuestados confían más en la radio, después la televisión y por último en los periódicos. En general, sólo el 10 y el 15 por ciento de la población confía en los medios de comunicación, situación que revela una triste realidad que los periodistas debemos atender y entender de que no hemos estado a la altura de las necesidades de información que requiere la sociedad mexicana, la cual castiga con un voto de desconfianza a lo que ve, escucha y lee en la prensa.

El debate de la Seguridad Nacional

El debate en torno a la Ley de Seguridad Nacional enfrenta una vez más a la sociedad. Algunos sectores exigen al Congreso rechazar los cambios a esta legislación que busca normar la participación de las fuerzas armadas en el combate del flagelo del narcotráfico y el crimen organizado pero, sobre todo, garantizar la unilateral decisión del Poder Ejecutivo de utilizar estos recursos del Estado mexicano.

No se debe olvidar, sin embargo, que la injerencia de las fuerzas armadas en acciones de seguridad pública viola la Constitución y pone en riesgo a los derechos humanos. La participación de las fuerzas armadas en esta lucha se presentó en medio de un escenario de emergencia ante el fracaso policial en contra sel crimen organizado y que hoy se ha convertido en un escenario crónico. No debería ser la sociedad la que pague por estos errores.

Por lo tanto, la Ley de Seguridad Nacional llega tarde y con alcances muy limitados. Sin embargo, negar que la ingerencia de las Fuerzas Armadas en los problemas de la sociedad civil necesita ser regulada y vigilada con un marco legal que las obligue a la rendición de cuentas más allá de los tribunales militares, equivale a cerrar los ojos a una realidad a la que nos arrastró el fracaso del gobierno federal.

La Ley de Seguridad Nacional tendría que observar una mayor rendición de cuentas por parte de las fuerzas armadas; sin embargo, hasta el momento la discusión se centra en la autoridad del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, de solicitar el apoyo del Ejército y de la Marina en situaciones extraordinarias. Resulta urgente, por lo tanto, reglamentar, el artículo 89 de la Constitución que faculta al primer mandatario a disponer de la totalidad del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para la seguridad interior y la defensa exterior.

La llamada “Declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior” se propuso por el gobierno de Felipe Calderón como la única vía mediante la cual se regule esta potestad unilateral del Poder Ejecutivo que detonaría la presencia de las fuerzas armadas ante una situación de emergencia como actos terroristas, genocidas, sabotaje, traición a la patria o espionaje, acciones que impidan la lucha contra el crimen organizado; la sublevación de una entidad federativa; actos que hagan peligrar la paz y la seguridad pública de un municipio, estado o región del país; acciones de extorsión colectiva, entre otras. Se reafirma, por lo tanto, que el Poder Ejecutivo tendrá la decisión unilateral de enviar a las fuerzas armadas para realizar espionaje telefónico, arrestos, cateos o retenes, sin necesidad de una orden del Ministerio Público.

No obstante, en un intento por “proteger” a la sociedad civil de abusos de este nuevo escenario que se propone, la minuta del Senado de la República sobre las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional establece que la declaratoria de emergencia se publicará en el Diario Oficial de la Federación para hacerla de orden público y de interés social, en
ningún caso podrá ser por tiempo indefinido ni suspenderá o restringirá el ejercicio de los derechos humanos y sus garantías establecidos en la Constitución.

Se ha dicho, por lo tanto, que aprobar los cambios a la Ley de Seguridad Nacional en línea con la propuesta que ya se encuentra en la Cámara de Senadores equivaldría a “perpetuar” la línea dura impuesta por el gobierno federal sin observar las causas de la crisis social que vive el país.

El Movimiento por la Paz que encabeza Javier Sicilia, quien derramada amor y poesía por todo el país, ha solicitado sustituir estas modificaciones por una legislación de corte ciudadano que se ocupe de la atención de víctimas, el aumento a la educación, la creación de una Comisión de la Verdad , la reforma política y la reforma de medios. En otras palabras, redefinir las reglas del juego social y político del país.

Nada sencillo será reconocer que las acciones que contempla la Ley de Seguridad Nacional para mantener la integridad y permanencia del Estado mexicano simplemente están más allá de las acciones militares y castrenses.

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