La salud en México es un negocio muy rentable, sobre todo, para las empresas intermediarias responsables de abastecer medicamentos al sector público –Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las secretarías de Salud, Defensa Nacional y Marina, Petróleos Mexicanos y gobiernos estatales–. Sólo en compra de medicinas, el gasto público se acerca a los 100 mil millones de pesos anuales y si a esa cifra sumamos la compra de equipo, material médico e instalaciones, el monto se dispara a 200 mil millones. A esto hay que agregar las ventas de medicamentos controlados a través de cadenas de farmacias particulares.

Si el destino final de dicha inversión fuera en beneficio de millones de familias pobres, el gasto estaría más que justificado, pero cuando parte importante de esos recursos públicos van a parar a las cuentas bancarias de funcionarios corruptos, empresarios deshonestos, intermediarios voraces y distribuidores abusivos, se confirma el fracaso del gobierno de Felipe Calderón en el sector salud, en donde el secretario José Córdoba Villalobos y los titulares de los órganos de control y vigilancia han fallado en su responsabilidad al ser incapaces de poner orden y eliminar la corrupción que se expande como una plaga en las instituciones públicas de salud.

El mismo secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, ha confirmado que hay una intensa investigación en contra de intermediarias que han corrompido el sistema de distribución de medicamentos en instituciones de salud pública y que en breve habrá inhabilitaciones ce empresas privadas para que no vuelvan a participar en concursos y licitaciones públicas relacionadas con el sector salud. Sin embargo hasta ahora esa promesa sigue pendiente y el sexenio avanza hacia su conclusión.

Las empresas intermediarias más representativas del sector y que controlan prácticamente el 90 por ciento de los mercados público y privado, son Casa Saba, de la familia Saba; Maipo, de los hrmanos Jesus y Carlos Arenas; Nadro, de la familia Escandón; El Fénix, de la familia González Torres; Fármacos Especializados y Selecciones Médicas, de la familia Pérez fayad; Ralca, de los hermanos Alberto y Sergio Ramírez; Disur, de los hermanos Víctor, Jesus y Armando Sánchez Ayala, y Lomedic, de Carlos Lomelí Bolaños. ¿Cuál de estas empresas será sancionada?

Un alto funcionario de la Secretaría de Salud comentó a esta columna que al interior de esta dependencia se conoce la corrupción que hay en la adquisición de medicinas y equipo médico, por lo que todos los días luchan por frenar los abusos de los intermediarios pero, sobre todo, les preocupa el desabasto ficticio creado por las empresas para obligar a los derechohabientes a comprar medicinas en las farmacias privadas a precios superiores entre un 70 y 100 por ciento.

“Con la incorporación de 40 millones de mexicanmos al Seguro Popular, a las empresas privados de las medicinas se les cayó el negocio en más del 30 por ciento, por eso ahora provocan desabasto para compensar esas pérdidas en sus ventas, pero ya se tiene identificado el problema y en breve habrá acciones en contra de los responsables”, dice el funcionario de salud.

En eso coincide el secretario Vega Casillas, quien sostiene que la investigación está muy avanzada y han demorado porque ha sido difícil probar cómo las empresas intermediarias sobornan a algunos directores médicos y exfuncionarios de instituciones de salud, quienes tienen muy bien montada una red de corrupción en donde personas externas reciben comisiones de las distribuidoras privadas que van de los 15 al 20 por ciento por cada venta que realizan.

Durante años, los ciudadanos se han quejado de los desorbitantes precios de medicamentos, del desabasto de medicinas en las instituciones de salud pública y de que los laboratorios médicos trasnacionales se han enriquecido. Si esto lo sumamos a los escándalos de corrupción en compras multimillonarias, el escenario se pinta de negro, y más cuando hay algunas familias que se han convertido en verdaderas mafias de salud.

Por los diversos esquemas de compra y los complicados procesos de adquisición que hay en el país, sumado a la carencia de sistemas de distribución, prácticamente ningún laboratorio vende directamente al gobierno, salvo contados esfuerzos e incipientes procesos de licitaciones internacionales conjuntas.

En esos procesos de compras emergentes de medicamentos es donde interviene directamente la Secretaría de Salud, como por ejemplo en aquella epidemia de influenza A/H1N1 que causó la muerte a cientos de personas y en donde la subsecretaria de Administración y Finanzas, Laura Martínez Ampudia, fue la responsable de la compra masiva de vacunas y por la urgencia del caso la adquisición se hizo directamente a los laboratorios, sin licitación de por medio. Ahora con la amenaza de nuevos brotes de sarampión en México, el sector salud necesitará más vacunas y será una vez más esa Subsecretaría la responsable de la compra, lo que debe ser vigilado por el secretario Vega Casillas para evitar el pago de comisiones a funcionarios públicos.

Pero la totalidad de las adquisiciones son llevadas a cabo de tal manera que prácticamente sólo los distribuidores pueden participar, y aquí es donde se confabulan algunas familias que se han adueñado del mercado de los medicamentos, lo que hace imposible la participación de nuevos competidores. Para controlar el mercado, las ambiciosas familias corrompen funcionarios de las áreas de compra de insumos y medicamentos. Ello, sin descontar la complacencia de la autoridad, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y la anuencia de los laboratorios, que califican a los distribuidores como “un mal necesario”.

La operación

Las instituciones de salud realizan la mayoría de las adquisiciones a través de claves de medicamentos, lo que se ha convertido en un primer filtro y forma de corrupción. Las autoridades de salud permiten el control de los cuadros básicos de medicamentos y material de curación. Para conseguir una clave, los laboratorios deben pasar a las ventanillas de la Cofepris para obtener un registro, pero el trámite es prácticamente imposible si no se cuenta con gestores y apoyos institucionales.

Una vez que se obtiene el registro, viene la segunda etapa, que es participar en las licitaciones públicas que convocan las dependencias, y en donde se supone que cada participante presenta sus ofertas de forma tal que sus competidores no puedan conocer los precios a ofertar. Supuestamente es el IMSS la institución que compra a mejores precios debido al mayor volumen de medicamentos y material de curación.

Pero la realidad es otra, porque aquí participa una de las mafias mejor organizadas y estructuradas en nuestro país y que por más de dos décadas ha operado en perjuicio de los derechohabientes de las instituciones de salud pública y del erario federal.

Los laboratorios –esas grandes trasnacionales que se mueven con rigurosos códigos de conducta­– carecen de sistemas de logística para el reparto de productos, tampoco cuentan con esquemas y recursos “especiales” para el pago de compensaciones a funcionarios (sobornos); por ello, tienen que recurrir a los distribuidores de medicamentos y esto encarece el producto.

Con apoyo de los laboratorios, los distribuidores se encargan de participar en las licitaciones para ofertar precios preferenciales por volumen, pero que incluyen el costo de descuento por el factor de distribución y almacenaje de los productos y el cálculo de los puntos porcentuales que hayan arreglado con las autoridades adquirientes.

Sumado a las utilidades que esto representa para los distribuidores, éstos controlan las entregas de medicamentos y, como la ley en la materia sólo permite multas simbólicas por incumplimiento en la entrega del producto, algunos distribuidores esconden y desvían las medicinas a sus cadenas de farmacias particulares para ofertarlas al público con diferenciales que van del 40 al 70 por ciento por arriba del precio al que le venden a las entidades públicas.

Esto ha llegado a convertitrse en negocios internacionales, pues cada lote de medicinas tiene un número de control y se han descubierto lotes de medicamentos fabricados para el sector salud de México que se comercializan en Centro y Sudamérica.

Lo que sucede en los estados de la República es todavía peor, pues recurren a los esquemas de compra conocidos como servicio integral o consolidación de proveedor, en donde bajo el pretexto de tratar con un sólo proveedor, se licita todas y cada una de las claves de medicamentos y material de curación, así como el manejo y administración de las farmacias de los hospitales y clínicas en las instalaciones de las secretarías de cada estado.

Esto trae como consecuencia que un sólo proveedor es el que surte desde una aspirina hasta una pastilla de zomig. Lo cual ocasiona precios superiores entre un 25 y 35 por ciento por arriba de lo que les cuesta a las instituciones nacionales de salud. A esto se agrega el control de farmacias privadas en donde se surte el desabasto provocado por ellos mismos y convierte el negocio en ganancias multimillonarias.

En este rentable negocio participan funcionarios corruptos e intermediarios privados identificados por los dueños de laboratorios y hasta por los mismos distribuidores; sin embargo, ningún titular del IMSS, ISSSTE o el mismo secretario de Salud se atreven a tocar esa mafia que sangra el presupuesto público, provoca desabasto y afecta la salud de millones de mexicanos. ¡Hasta cuándo, Calderón!