Para un experto en el sector bursátil enfrentarse al magnate Carlos Slim en el terreno de la Bolsa Mexicana de Valores es poco más que un suicidio. Simplemente porque las compañías del presidente de Telmex controlan más del 80 por ciento de las transacciones del mercado mexicano de capitales. Es decir, entre Telmex, América Móvil –la compañía de telefonía celular– y la constructora Ideal se define día a día el ritmo de las operaciones bursátiles. La casa de bolsa de Slim, Inbursa, es el brazo operativo de la gran influencia del magnate en este terreno que, por cierto, fue el inicio de su fortuna o, al menos, de las relaciones que construyó para hacerlo, como operador en el antiguo piso de remates de la BMV en el centro de la ciudad de México.

Por eso, pensar en un desafío a Slim en esta arena que domina como ninguna otra, es no sólo un gran riesgo, sino algo muy costoso, independientemente del nivel y de la fuerza del contrincante.

Precisamente un gran rival del magnate de la telefonía es Roberto Hernández, fundador de la casa de bolsa Accival y el hombre que vendió a Citibank los activos de Banamex en una operación por lo menos sospechosa de evasión fiscal. Y si a ese hombre poderoso de la banca se le suma la audacia y el abuso de que fuera secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, pues vemos que ahora si hay un equilibrio de poder y dinero entre Carlos Slim y la dupla Hernández–Gil Díaz.

Lo anterior viene a cuento porque hace un mes, durante la asamblea de accionistas de la BMV, alguien hizo una propuesta para reducir o al menos obstaculizar la influencia del imperio de Slim en el mercado bursátil. La reunión se convirtió en una oportunidad de oro para proponer a Francisco Gil Díaz para ocupar la presidencia de la BMV en sustitución de Guillermo Prieto. Al interior de la Bolsa el hecho se calificó como un boicot a la gestión del actual presidente, que no sólo dirigió el ingreso de los fondos de las administradoras de fondos para el retiro (conocidas como afores), sino que pasará a la historia como el presidente del recinto bursátil que logró convertirla en una compañía pública.

La inesperada propuesta de remover a Guillermo Prieto cayó como un balde de agua fría, en un momento cuando el presidente no asistía a esa asamblea, lo que incrementó la sensación de una traición fraguada por un grupo de accionistas inconformes con los más recientes movimientos para incrementar la transparencia en las operaciones y administración de la BMV. Traición que no es nada raro considerando la forma como están acostumbrados a moverse los hombres del dinero en México.

La postulación, por primera vez, de una planilla que compitiera contra la que encabezaba Guillermo Prieto, no surgió directamente de Accival, la casa de bolsa relacionada con Roberto Hernández y hoy propiedad de Banamex–Citibank, sino que se presentó a través de otros accionistas de la BMV para desviar la atención. Pero directivos y consejeros independientes que conocen el movimiento del mercado bursátil, coinciden en que fue una maniobra promovida por Roberto Hernánez, quien desde hace muchos años mantiene una gran rivalidad contra el Grupo de Slim.

Para explicar más esa rivalidad entre Roberto Hernández y Slim, el primero no logró consolidar las operaciones de Avantel, la empresa de telefonía de larga distancia que tuvo a Francisco Gil Díaz como director general durante varios años, pero no es lo mismo manejar los recursos públicos desde una secretaría de Estado como Hacienda que encargarse de una empresa privada sumergida en una feroz competencia por el mercado. En esa época el exsecretario Gil Díaz llevó a los juzgados la rivalidad entre Hernández y Slim. Incluso logró una auditoria a los números de Telmex, para comprobar las excesivas utilidades generadas por la telefónica, mientras impedía el acceso de competidores a su mercado. Antes, según reveló a la revista Proceso el responsable del área jurídica de Telmex, Mondragón, el encono se generó al favorecer a Slim el fallo de la privatización de Teléfonos de México.

Transcurrido el tiempo y confirmada la posición de Slim como el hombre más rico de México y con una de las fortunas más grandes del mundo, sus enemigos confirman que la compra de Telmex ha sido el mejor negocio en la historia del país. Hoy están dispuestos a disputarle el nuevo imperio del triple play, la convergencia de servicios de telecomunicaciones (video, voz y datos). Telmex, sin embargo, tiene bajo su control lo que se conoce como el acceso a última milla.

La conexión, el tendido de redes a millones de hogares y oficinas, lo que se logró gracias a inversiones superiores a los 30 mil millones de dólares que no sólo pagó la telefónica sino el propio usuario. El debate se centra en si Telmex debe abrir esa infraestructura a sus competidores –telefónicas, televisoras, compañías de televisión por cable– para que sea el usuario quien decida entre las mejores tarifas.

La perversidad, sin embargo, radica en que estos nuevos competidores no tienen en sus planes de negocios, bajo ninguna circunstancia, a las áreas pobres del país, las regiones marginadas. Para ellos no habrá triple play, porque están más ocupados en conseguir recursos para alimentar a su familia.

Por eso, la presión contra Slim que se intentó ejercer a través de la BMV tiene sentido en función de los grandes intereses en este sector. Aunque es claro que Slim tampoco es una oveja que cualquiera se puede comer. La respuesta del hombre más rico de México fue casi inmediata. Su fuerza no se hizo esperar. Francisco Gil Díaz fue propuesto paralelamente como consejero independiente y su postulación como presidente de la bolsa sólo buscó poner en jaque al empresario de la telefonía.

Y para eliminar el tufo de traición, la postulación de Gil Díaz estuvo acompañada por la propuesta de realizar un voto secreto, cuando la costumbre en las asambleas de la BMV es realizar elecciones a mano alzada.

Se aceptaron ambas propuestas pero no por mucho tiempo. Bastó una llamada de Carlos Slim para ponerlos en orden. El mensaje del magnate no pudo ser más contundente: si Francisco Gil Díaz llegaba a la presidencia de la BMV, deslistaría sus acciones. En otras palabras, no habría bolsa. Así de fácil.

Fue de esta forma como se anuló la intención de Hernández y Gil Díaz de tender una celada al rey del mercado de valores. Por ello, se repuso el proceso para nombrar por unanimidad a Guillermo Prieto por un año más al frente de la presidencia de la BMV. Lo que es un hecho es que sólo será un periodo más porque también quedó claro que el próximo año la asamblea de accionistas –ya con inversionistas del mercado– se enfrentará de nueva cuenta a los resultados de la eterna rivalidad de Roberto Hernández y Francisco Gil Díaz contra Carlos Slim.

¿Y la Ley de Medios?

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió su fallo sobre las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, el conflicto de poderes e intereses en estos sectores parecía haberse zanjado. Nada más alejado de la realidad.

La llamada Ley Televisa pasó a la historia y con ella se enterró el intenso cabildeo de grupos empresariales, periodistas y políticos interesados en establecer un nuevo orden en una industria que vale miles de millones de dólares.

Para empezar, se calcula que el triple play generará un negocio superior a los 50 mil millones de dólares. Este tipo de intereses son las razones que hay detrás tras la guerra intestina entre Carlos Slim y Francisco Gil Díaz, ahora a cargo de las operaciones de Telefónica de Española, quien por cierto enfrenta ya problemas en esa empresa, pues más de uno de los directivos españoles de la firma dudan que el polémico estilo de abrirse paso en el mercado sea el más adecuado. Pero la estrategia de denuncia y pleito frente a Telmex podría convertirse en un boomerang

Sin un marco legal consistente y adecuado a las nuevas circunstancias y tecnologías, ni Gil ni Slim han tenido un árbitro fuerte. A la contienda se suma Televisa que presiona a las autoridades en todos los frentes para lograr la adquisición de la empresa de televisión de paga, Cablemas.

Como quedó confirmado en estas últimas semanas, después de que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, ordenó a Telmex interconectar la red de Telefónica, aumentó la presión política y mediática en espera de mejores resultados. La legislación tal como está resulta irrelevante.

Francisco Gil Díaz ha dicho en todos los foros posibles que Telmex es una empresa con poder dominante, que daña la competencia en el sector y obstaculiza el crecimiento de las inversiones. La paradoja de la encomienda española a Gil Díaz es que Telefónica en su país de origen ha sido señalada, precisamente, como una compañía con poder dominante. Ahora, de manera independiente a las circunstancias e intereses de cada empresa, la SCT, y sobre todo la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), deben ejercer la ley, cualquiera que ésta sea, en medio de los grandes conflictos empresariales.

La SCJN ya publicó sus tesis de jurisprudencia sobre las recomendaciones que realizó a la Ley Televisa. Así los legisladores sólo tendrán que seguir la guía a prueba de incostitucionalidad que ha marcado el máximo tribunal del país para blindar los intereses del Estado. Por ahora la SCT enfrenta un conflicto.

Las concesiones de la radio

Más de 180 concesiones de radio en AM y FM se encuentran sin refrendo y Comunicaciones y Transportes sabe que cualquier paso que dé puede estar sujeto a controversia. Por ejemplo, si decide no refrendarlas estaría violando el derecho al tanto y si decide refrendarlas estaría violando la jurisprudencia que marca la obligación de que se liciten y que se reciba una contraprestación.

En fin, este es el resultado de que los legisladores no aceleren la aprobación de una legislación necesaria para regular el desarrollo del sector de las telecomunicaciones. Al parecer, la atención se encuentra concentrada por ahora en la reforma energética. Los concesionarios de radio y televisión, mientras tanto, no han perdido el tiempo de ejercer presión sobre el gobierno de Calderón.

La Cofetel se debate entre la falta de institucionalidad y la debilidad legislativa. Aún más, será durante las próximas semanas cuando dos funcionarios de la SCT, el subsecretario Rafael del Villar y el responsable del área jurídica, Gonzalo Martínez Pous, se integren al grupo de comisionados de la Cofetel después de que la SCJN reconoció que el proceso para impugnar su nombramiento en el Senado resultó inconstitucional.

Se dará, sin duda, un choque de trenes. El enfrentamiento entre la Cofetel y la SCT no se hará esperar; la llegada de estos dos funcionarios coincidirá con la publicación del reglamento interno de la SCT, cuya ausencia fue causa de una decena de conflictos durante los últimos años. La balanza, por supuesto, se inclina a fortalecer a la SCT sobre la Cofetel