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• Renegocia Gobernación el convenio salarial de Pemex
• Raúl Muñoz Leos tiene los días contados en la empresa
• Interrogan a Gil Díaz sobre el caso ISOSA y Aduanas I

En completo sigilo, la Secretaría de Gobernación salió a la defensa de Petróleos Mexicanos y convocó a los líderes petroleros encabezados por Eduardo Romero Deschamps y Ricardo Aldana, para renegociar el convenio salarial que por “error” firmó a finales de julio el director general de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, mediante el cual compromete a la empresa petrolera a entregar cerca de mil millones de dólares (más de 11 mil millones de pesos) al sindicato para la supuesta construcción de viviendas entre otras prestaciones.

Antes de que los medios de comunicación se enteren y difundan este nuevo problema creado en Pemex por su director general, a quien supuestamente engañó el quien hasta hace unas semanas era el abogado general de la empresa, Juan Luis Soriano Rosas y que ahora enfrenta una investigación en la Secretaría de la Función Pública, un subsecretario de Gobernación inició las pláticas con los dirigentes petroleros para tratar de convencerlos de renegociar el convenio que permita disminuir la millonaria partida presupuestal clasificada como prestaciones, ya que la Secretaría de Hacienda y todo el Consejo de Administración que encabeza el secretario de Energía, Fernando Elizondo, se niegan a entregar los 11 mil millones de pesos al sindicato petrolero.

En dicho convenio salarial firmado por Muñoz Leos el 26 de julio anterior, Pemex aceptó otorgar un incremento directo al salario de 4 por ciento, más un aumento de 22 por ciento en productividad, lo que también ha causado malestar entre los directores generales de la empresas subsidiarias: Pemex Exploración y Producción, Pemex Gas, Pemex Refinación, Pemex Petroquímica y PMI, las cuales fueron marginadas de las negociaciones salariales y hasta ahora desconocen el contenido completo del convenio signado por Muñoz Leos con el sindicato petrolero.

El primer pago por mil 700 millones de pesos debió hacerlo Pemex los últimos días de agosto a un “fondo sindical” creado y manejado por Romero Deschamps y Aldana, pero ante la inconformidad del Consejo de Administración y el rechazo del secretario Francisco Gil Díaz, quien finalmente es el responsable de la entrega de los recursos públicos, no se ha cumplido y hasta ahora sigue detenido en espera de que Gobernación logre un nuevo acuerdo con los líderes del gremio de trabajadores petroleros que, como es sabido, enfrentan también una investigación por el desvío de fondos públicos (mil 500 millones de pesos) a la campaña del priísta Francisco Labastida Ochoa dentro del conocido caso del Pemexgate.

Otra de las irregularidades en el convenio salarial firmado entre Pemex y el sindicato petrolero, es que éste sólo fue negociado por el abogado general de la empresa y dejó fuera del acuerdo a los directores corporativos de Administración y de Relaciones Laborales, irregularidad que fue aceptada por Muñoz Leos, y ahora la Secretaría de la Función Pública abrió un expediente para deslindar responsabilidades y proceder contra los culpables.

Este escandaloso caso en donde empieza a develarse un manto de corrupción, ya llegó hasta Los Pinos, en donde el mismo presidente de la República fue informado de las múltiples irregularidades cometidas por el ex abogado de la empresa y por el todavía director general Raúl Muñoz Leos, por lo que dio la orden a la Secretaría de Gobernación para asumir la renegociación con el sindicato que, aunque renuente, podría aceptar menos dinero a cambio de que cesen ya las investigaciones en su conra por corrupción y enriquecimiento ilícito.

Estas reuniones que se llevan a cabo en un total hermetismo en las oficinas de la propia Secretaría de Gobernación, explican la respuesta que hace un par de semanas dio el secretario de Energía a este reportero cuando se le preguntó si estaba de acuerdo en el convenio salarial firmado por Pemex con el sindicato, y Fernando Elizondo de inmediato respondió que de ese tema no opinaría nada y aseguró que muy pronto se reuniría el Consejo de Administración de Pemex para analizar esa situación. La razón por la cual no hay fecha de tal reunión es que esperan el resultado de las negociaciones en Gobernación, pero de lo que sí ya se habla es que los días están contados para el director general de la principal empresa del Estado.

Y una prueba de ello es que ya se menciona un la lista de probables substitutos de Muñoz Leos: Luis Ramírez Corzo, director general de Pemex Exploración; José Antonio Ceballos, director corporativo de Operaciones en Pemex; Adrián Lajous, ex director general de la paraestatal y hermano de la embajadora de México en Cuba, y hasta el rector del ITAM.

Opinan expertos en energía

El secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, Francisco Carrillo Soberón, opinó sobre el convenio salarial firmado por Pemex: “yo creo que aquí hubo una patinada de Muños Leos por el cobijo y el apapacho que le ha otorgado el sindicato petrolero. Además, esta docilidad hacia Romero Deschamps es para que no proteste por el asunto de los contratos de servicios múltiples, mediante los cuales se acepta inversión privada en Pemex, por lo que la empresa esta dispuesta a conceder cuanta petición le haga la dirección sindical”.

Precisó que sólo para vivienda se destinarían 4 mil 700 millones de pesos y el resto de los recursos para otras prestaciones, mientras que el presupuesto para refinación en este año ascendió a sólo 500 millones de pesos. El legislador confirmó que ya hubo un reclamo de la Secretaría de Hacienda al Consejo de Administración de Pemex, al que pidió una rectificación, pero el sindicato no acepta renegociar bajo la amenaza de crear un nuevo conflicto

Otro integrante de la Comisión de Energía, el diputado panista Ricardo Alegre Bojórquez, comentó que el director general de Pemex ya dio instrucciones para aclarar este asunto y rectificar en caso de que lo firmando esté fuera del Consejo. “Por la parte de nosotros (los panistas) también creemos que debe ser así, ya que pues estos tiempos no están para que se hagan este tipo de concesiones al sindicato sin que se trasparenten totalmente”, y se pronunció por castigar a los responsables de cualquier irregularidad que se haya cometido.

Para Víctor Rodríguez Padilla, investigador del sector energético de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la relación entre el sindicato y la dirección general de Pemex es muy estrecha y no precisamente por cuestiones laborales, sino por las políticas que sigue la paraestatal en apoyar la participación del sector privado en los grandes proyectos de Pemex, concretamente los contratos de Exploración y Producción a través de los contratos de servicios múltiples.

El doctor Miguel García Reyez, ingeniero geofísico y especialista en geopolítica del petróleo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, comentó que las declaraciones que hizo el gobierno foxista a principios de su gestión no fueron suficientes para poder controlar o acabar con estos actos de corrupción y de indisciplina dentro de la paraestatal, en la cual se actúa con discrecionalidad para destinar los recursos sin rendir cuentas.

El lado oscuro de Gil Díaz

El pasado miércoles 22 de septiembre el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se vio atrapado en la Cámara de Senadores cuando en su comparecencia sobre la glosa del IV informe de gobierno acudió a rendir cuentas y allí varios senadores lo interrogaron sobre el manejo irregular de cientos de fideicomisos públicos, sobre los cuales nunca hubo rendición de cuentas y han servido para desviar fondos presupuestales.

Así, el fiscal de hierro se dobló y aceptó transparentar las operaciones de los fideicomisos. También se comprometió a que la información la daría a conocer en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda.

Pero el clímax subió cuando lo interrogaron puntualmente sobre el caso ISOSA, aquella empresa privada constituida por Gil Díaz y que ha servido para triangular fondos públicos a través de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, en donde la Auditoria Superior de la Federación hizo observaciones por 4 mil 500 millones de pesos sólo en la Cuenta Pública 2001 y por 2 mil millones en 2002.

La más insistente en que se aclare el manejo irregular de los fideicomisos públicos fue la senadora priista Dulce María Sauri, quien consideró que son las áreas grises y negras del gobierno federal por su falta de transparencia.

Otra senadora priista, Laura Alicia Garza Galindo, preguntó a Gil Díaz ¿qué acciones tomará la Secretaría de Hacienda para transparentar la información sobre la constitución, operación y destino de los recursos de los fideicomisos públicos, especialmente los fideicomisos relacionados con la modernización aduanera? ¿Cuándo se hará entrega de la información solicitada por los senadores?

Nervioso por saberse involucrado en la creación y manejo de los fideicomisos, el secretario de Hacienda aseguró que se ha reducido en este gobierno el número de fideicomisos a 250, y quiso justificarse cuando consideró que “la secrecía y la forma de manejar los fideicomisos es algo que heredamos y es algo que nos preocupó”, pero olvida que el pasado lo persigue y que fue él precisamente quien hace 12 años, cuando era priista y se desempeñaba como subsecretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien constituyó decenas de fideicomisos, principalmente aquellos denominados Aduanas I y Aduanas II, los cuales han servido todo este tiempo para el manejo discrecional de unos 20 mil millones de pesos que no son reportados a la cuenta pública.

Pues este fiscal de hierro anunció también que el comité técnico de ISOSA, aquella empresa privada cuyo nombre está prohibido repetir en Hacienda, aprobó divulgar la información de este fideicomiso en Internet e inclusive permitir que sea auditada.

“De manera que cualquier sospecha, cualquier preocupación, cualquier curiosidad que haya acerca de los montos, de los proyectos, de la forma como se han operado esos recursos, será conocida ampliamente, algo que debido a la naturaleza privada del fideicomiso no se podía hacer. El comité técnico mismo resolvió que se pudiera hacer, porque tiene la facultad para hacerlo”.

Todos sabemos que el comité técnico de dicho fideicomiso él lo presidía y él lo manejaba, de tal manera que quien siempre se opuso a que fuera auditado por el Congreso y por la Secretaría de la Función Pública fue el propio secretario de Hacienda, ante el temor de dejar al descubierto las corruptelas y el desvío de fondos públicos que ordenó Gil Díaz en los últimos cuatro años, pero ante el inminente cambio de gobierno y con el temor de que un partido de oposición, PRI o PRD, pueda llegar a la Presidencia de la República, se ha planeado transparentar y desaparecer los fideicomisos públicos y privados que puedan llevar a la cárcel a Francisco Gil Díaz.

Acceso a la información en Sinaloa

En un año y cuatro meses se han realizado un millón 142 mil 505 consultas a la información en las entidades públicas del estado de Sinaloa. Adicionalmente, más de 3 mil solicitudes de información se han presentado directamente en las ventanillas de las dependencias gubernamentales. De estos datos se deriva que Sinaloa, primer estado en tener una Ley de Acceso a la Información Pública, es el más exigido para informar sobre la actuación pública.

De acuerdo con estadísticas del segundo informe de resultados presentado la semana pasada por Dorangélica de la Rocha Almazán, presidenta de la Comisión para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (Ceaipes), el 99 por ciento de las respuestas a las solicitudes de información han sido favorables al particular. Asimismo, a este organismo autónomo han llegado 236 asuntos, de los que sólo restan por resolver seis.

Lo anterior demuestra que las leyes de acceso a la información pueden funcionar en México en la medida que la población exija transparentar toda la actuación de la administración pública.

Este informe del organismo sinaloense para el acceso a la información tuvo como marco la Primera Asamblea de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip), donde Sinaloa tuvo la primera secretaría itinerante y a la cual se dieron cita los 13 organismos para el acceso a la información pública que se han conformado ya en nuestro país, incluido el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.