Todo parece indicar que la administración de Vicente Fox se quedará con las ganas de privatizar el sector energético, lo que según el gobierno del cambio es un freno a sus reformas estructurales, mientras que Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad enfrentan graves problemas económicos, sobre todo por la contratación de deuda en los mercados financieros internacionales.

Y es que ambas paraestatales registran elevados niveles de deuda que casi operan en números rojos. Así, en ocho años las amortizaciones generadas por los Proyectos de Infraestructura con Impacto Diferido en el Registro de Gasto, mejor conocidos como Pidiregas, se han consumido los activos del sector.

Tan sólo en Pemex la inversión total destinada a los Pidiregas ascenderá en el 2005 a un billón 197 mil 357 millones de pesos; monto que supera la deuda interna del país, estimada por el Banco de México en un billón 125 mil 877 millones de pesos.

Por si esto fuera poco, el complejo esquema que aplican los Pidiregas ha permitido que funcionarios corruptos se sirvan con la cuchara grande parte del dinero obtenido a través de las líneas de crédito, beneficiando a empresas trasnacionales o incluso mediante el desvío de los recursos.

En el caso de la CFE, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en su más reciente informe que al no reconocer como deuda las operaciones de financiamiento de los recursos obtenidos a través de los fideicomisos F-163 y el 80276, asociados a proyectos Pidiregas, por un importe de 8 mil 275 millones 847 mil pesos, la empresa incumplió con los ordenamientos jurídicos y las disposiciones normativas aplicables.

Los Fideicomisos F-162 de la CFE

Como todas las historias de fideicomisos que opera el gobierno federal, la CFE también tiene su lado oscuro. En el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003, la ASF documenta que el 2 de octubre de ese año se constituyó el Fideicomiso irrevocable número F-161, cuyo fideicomitente es ING (México), S.A. de C.V., y el fiduciario es Bank Boston, S.A.

Dicha compañía estatal suscribió un contrato de indemnización con Bank Boston, en el que garantiza indemnizar al fiduciario respecto de las obligaciones de pago derivadas del contrato de fideicomiso y del mecanismo de financiamiento.

Así, a través de este fideicomiso la Comisión Federal de Electricidad obtuvo de ING una línea de crédito hasta por 6 mil millones de pesos para financiar obras de proyectos Pidiregas. Un par de meses después, el 9 de diciembre, esa línea de crédito se incrementó hasta por 8 mil millones de pesos y el plazo para disponer de estos recursos se extendió hasta el 31 de diciembre de 2004.

Para la ASF los proyectos financiados con recursos obtenidos a través del fideicomiso F-161 no deben ser considerados Pidiregas, puesto que no cumplen con las especificaciones; pese a ello, señala el órgano de fiscalización, la CFE les dio este tratamiento.

Otra anomalía relacionada con la operación del fideicomiso consistió en que la empresa omitió revelar como deuda titulada el monto, nada despreciable, de 5 mil 950 millones 159 mil pesos, tanto en sus estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2003, como en la cuenta pública del mismo ejercicio fiscal, en infracción de la Ley General de Deuda Pública; del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental denominado “Revelación Suficiente”.

De acuerdo con la investigación de la Auditoría Superior, el pasivo se registró entre el 16 de octubre y el 19 de diciembre de 2003. En esas fechas, la CFE suscribió 15 pagarés por 5 mil 950 millones 159 mil pesos a favor de ING Bank México, a un plazo de 10 años con seis meses. Los títulos, agrega el informe, también fueron endosados a favor de Bank Boston, por lo que este último entregó a la CFE el valor nominal de los pagarés.

El Fideicomiso F-161 está facultado para emitir certificados bursátiles preferentes y subordinados a través del intermediario colocador (ING), entre el público inversionista en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a fin de adquirir derechos de crédito o pagarés suscritos por la Comisión Federal de Electricidad, hasta por el valor de las disposiciones del crédito.

A través de este fideicomiso, señala el máximo órgano de vigilancia, la CFE efectuó un programa de certificados bursátiles con objeto de refinanciar proyectos de obra pública financiada, a través de la bursatilización de derechos de crédito a cargo de la propia paraestatal. Los valores emitidos fueron autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores he inscritos en el Registro Nacional de Valores.

No obstante por la gravedad de los hechos, la ASF determinó que “como resultado de la revisión practicada, se presumen hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, consistentes en que la CFE no reveló como deuda titulada por 5 mil 950 millones de pesos”.

Por este motivo, a principios de año solicitó al Órgano Interno de Control de la CFE que realice las investigaciones e inicie el procedimiento administrativo para aplicar sanciones administrativas a los servidores públicos responsables.

Además recomendó al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y al director general de la CFE, Alfredo Elias Ayub, que en lo sucesivo se revele el pasivo de casi 6 mil millones de pesos como deuda titulada en sus estados financieros y en la cuenta pública.

Otro Fideicomiso 80276

En el caso del Fideicomiso 80276, la Comisión Federal de Electricidad tampoco reveló como deuda en sus estados financieros, ni en la cuenta pública, un saldo insoluto por 2 mil 325 millones 688 mil pesos.

Según el informe del órgano de fiscalización del Congreso, los recursos se obtuvieron a través de la bursatilización de la cartera de cobranza, cedida de manera virtual al fideicomiso constituido el 22 de abril de 2003 entre ING (México), S.A. de C.V. como fideicomitente y en Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin) como fiduciario.

En este caso, advierte la Auditoría Superior, la Comisión Federal de Electricidad se comprometió a pagar a través de contratos de cesión de cartera a Nafin, en infracción de la Ley General de Deuda Pública; del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y del Principio de Contabilidad Gubernamental.

El amplio análisis que se encuentra en proceso de revisión en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, revela que el 22 de abril de 2003 la CFE contrató los servicios de ING para estructurar una bursatilización de cuentas por cobrar a través de la cesión al patrimonio del fideicomiso de los derechos de cobro, después colocar los valores en la BMV.

“En los criterios de elegibilidad de la cartera de cobranza susceptible de ser cedida al fideicomiso, se estableció que la CFE tendrá la responsabilidad de certificar que los derechos de cobro estén documentados a través de los contratos de suministro, reunir los requisitos de legitimidad y autenticidad, y que provengan del suministro de energía eléctrica de alta o mediana tensión.”

Con esto, explica la Auditoría Superior de la Federación, la paraestatal cedió de “manera virtual” al fideicomiso los derechos de cobro de su cartera. Asimismo, celebró un contrato de administración de cartera en el que se comprometió a realizar la cobranza y pagar al fiduciario esos derechos de cobro que fueron, a su vez, cedidos por el fideicomiso a la CFE a través de contratos de cesión en forma gratuita y sin rembolsar cantidad alguna incurrida por la empresa durante la administración de la cartera.

Complejidad financiera

De acuerdo con los objetivos del fideicomiso 80276, éste tiene la facultad de adquirir los derechos de cobro cedidos por la CFE; con base en ese patrimonio, emitir certificados bursátiles preferentes y subordinados en la BMV; y con el producto neto de la colocación entregada a Nafin, pagar nuevamente a la CFE los derechos de cobro cedidos. Por si fuera poco, este complejo mecanismo determina que, con los recursos obtenidos al final de la cadena, la paraestatal llevará a cabo las inversiones de infraestructura.

El informe señala que, los recursos serían utilizados para pagar obras complementarias a proyectos Pidiregas como El Cajón y para la transformación y transmisión de energía eléctrica, modernización y equipamiento de subestaciones, líneas de transmisión y mantenimiento mayor.

Para la Auditoría Superior de la Federación “se presumen hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, consistentes en que la CFE no reveló como deuda en sus estados financieros y en la cuenta pública el saldo insoluto por 2 mil 325 millones 688 mil pesos. Por este motivo, la entidad fiscalizadora solicitó a la Contraloría Interna que realice las investigaciones e inicie el procedimiento administrativo correspondiente.