Las zonas pobres de las ciudades son escenarios de las tasas más altas de homicidios violentos, robos, extorsiones y violaciones. Marginalidad y alta criminalidad convierten en excluidos urbanos a las millones de personas que residen en esos espacios. En América Latina y en México, son pocos los casos en que se logra revertir la vulnerabilidad de esas zonas. Los expertos exigen más voluntad política para trabajar con criminalistas, antropólogos, arquitectos y los propios marginados

Se les llama asentamientos irregulares, barrios bravos, ciudades perdidas, barrios tugurios, favelas o villas miseria. Sus habitantes no tienen derecho a una calle pavimentada para transitar o por la que acceda una ambulancia ante una emergencia; a banquetas que los libren de ser atropellados o a iluminación pública que inhiba a asaltantes. Son tejidos de callejuelas y caseríos colgados de pendientes pronunciadas en la capital del país y en los municipios de la frontera Norte. La delincuencia actúa con impunidad contra mujeres y jóvenes, y el Estado sólo aparece con su visión represiva en operativos policiacos.

En 2009, el Programa Ciudades Perdidas del Gobierno del Distrito Federal mostró que la pobreza, alta marginación e inseguridad prevalecen en 13 de las 16 delegaciones políticas de la capital del país. Ese programa, que tiene el objetivo de rescate social para la equidad y la seguridad de la población local, elaboró una cartografía de esas zonas, que aún no es totalmente pública.

De acuerdo con ese mapa, en Iztapalapa existen 12 ciudades perdidas que suman una población de 20 mil habitantes. En Gustavo A Madero, hay 11 (1 mil 182 habitantes); La Magdalena Contreras, nueve (5 mil 800); Azcapotzalco, siete (1 mil); Coyoacán, seis (3 mil 90); Venustiano Carranza, cinco (775); Miguel Hidalgo, cinco (435); Cuauhtémoc, tres (750); Xochimilco, dos (3 mil 600); Benito Juárez y Tlalpan, una cada una (450 y 275, respectivamente).

A partir de ese registro, la visión del Gobierno del Distrito Federal refiere que esas zonas se convierten en “bodegas” para los traficantes de drogas y de objetos robados, y las califica como “guaridas” de maleantes y “picaderos”. En cuanto a la situación de los vecinos, atribuye la falta de denuncias por temor a las represalias o porque algunos de los delincuentes “son de su familia”.

Historia de olvido

En 2004, un estudio del programa Hábitat de Naciones Unidas, con la Secretaría de Desarrollo Social y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, reveló que sólo en la ciudad de México existían más de 69 ciudades perdidas. Ahí se concentraban unas 40 mil 367 personas que el Gobierno del Distrito Federal consideró como los “pobres entre los pobres”.

Dos años después, el 9 de enero de 2006, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno capitalino publicó otro diagnóstico que reveló que en Iztapalapa e Iztacalco, dos delegaciones al Oriente de la ciudad, se ubicaban algunas de las 43 colonias más violentas y marginales en las 66 unidades territoriales de la ciudad de México. El estudio afirmaba que las afectadas eran casi 1 millón de personas que entonces residían en colonias miserables de las delegaciones Coyoacán, Gustavo A Madero, Álvaro Obregón, Tlalpan, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Tras ese análisis, se reorientaron las acciones del Programa de Prevención del Delito, la Violencia y las Adicciones hacia esas colonias (donde se registran los índices más altos de delincuencia, violencia y deterioro de la infraestructura). También, el estudio indicaba que 59 por ciento de las 66 unidades territoriales en las que está dividida la ciudad de México presenta alta y muy alta marginación.

Se trataba de las colonias San Felipe de Jesús, en Gustavo A Madero; el fraccionamiento Benito Juárez, en Iztacalco; Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán; Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y San Miguel Teotongo, en Iztapalapa; Pedregal San Nicolás Cuarta Sección, en Tlalpan; Jalalpa, en Álvaro Obregón; Atlampa, en Cuauhtémoc, y Tacuba, en Miguel Hidalgo.
En ese tiempo, Iztapalapa encabezaba la lista de delegaciones con 10 colonias de alta conflictividad social. La delegación Cuauhtémoc figuró con nueve colonias de alta marginalidad; Álvaro Obregón, ocho; Gustavo A Madero, seis, Coyoacán e Iztacalco, tres, y Miguel Hidalgo y Tlalpan, dos.

El caso de la delegación Benito Juárez es contrastante. Poblado con un sector que en su mayoría pertenece a la clase media y clase media alta, el 13 de agosto de 2010 anunció el lanzamiento del P3, su propio plan de seguridad en las 56 colonias de esa demarcación. Sus ejes, prevención del delito, protección civil y participación ciudadana. Ante el incremento en las denuncias por robo, el director general de Participación Ciudadana, Christian von Roehrich, explicó que el P3 dotará con 2 mil 300 alarmas a los vecinos y que serán distribuidas en los puntos de mayor incidencia delictiva de la zona.

Se instalarán otras 350 cámaras de vigilancia que se suman a las 165 que ya opera la Secretaría de Seguridad Pública en esa delegación. En cuanto al índice de desarrollo humano, la delegación Benito Juárez se compara al de países como Alemania o Italia.

Marginación en la frontera

José María Ramos, coordinador del Departamento de Administración del Colegio de la Frontera Norte (Colef), sostiene que el desafío de la seguridad en la frontera Norte radica en que todas las estrategias para atacar el problema de seguridad han sido fallidas. Recuerda que se intentó militarizar Ciudad Juárez a partir de la estrategia de la Iniciativa Mérida; sin embargo, fracasó por las quejas de abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas.

Adicionalmente, no se hizo frente a otros problemas delictivos, como extorsiones, robos, secuestros, reseña el doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad Complutense y el Instituto de Investigación Ortega y Gasset de Madrid.

Es apremiante que exista una coordinación, cooperación y planeación entre los tres niveles de gobierno. A nivel municipal, no están en capacidad de abordar su propia agenda de seguridad, por lo que siguen el énfasis de la política antidrogas de Estados Unidos. Hay una ausencia de proyectos estratégicos en materia de seguridad y desarrollo, sólo se enfatiza el tema de seguridad y se dejan de lado programas preventivos para promover el desarrollo local. Esta situación data de hace 20 años.

Ramos indica que, en Ciudad Juárez, se han abandonado 20 mil viviendas. Se trata de población con capacidad económica que decide vivir en El Paso, Texas, mientras que los más pobres emigran hacia sus comunidades de origen en otros estados del país. Datos de la Cámara de Comercio de esa ciudad indican que alrededor de 30 mil juarenses ahora viven en Texas. “Evidentemente, la ciudad está devastada en términos sociales y económicos, y vemos que el operativo de seguridad no avanza”, indica el académico.

Explica que los recursos destinados a los municipios de los estados fronterizos no se usan para abordar las cuatro dimensiones centrales que implica el tema de seguridad: seguridad pública, seguridad nacional, seguridad fronteriza y seguridad municipal. Estos municipios en la frontera cotidianamente enfrentan acoso, que se expresa en el flujo de drogas que afecta la seguridad nacional; el tráfico de armas y el lavado de dinero. Estas dimensiones de la delincuencia rebasan a los municipios día con día. Ante la falta de acción y falta de eficacia de los gobiernos locales, obligaron a intervenir al gobierno federal.

Esto ocurre a pesar de que en todos los municipios hubo un proceso de modernización y aumentaron su capacidad administrativa para entender o responder a los principales problemas que les atañen como servicios públicos y seguridad. En los últimos años, sin embargo, se ha identificado que en los municipios fronterizos no existe relación entre estos cambios a nivel administrativo y la atención al problema de la seguridad pública local.

José María Ramos asegura que el sector empresarial de la zona fronteriza está muy molesto con el gobierno federal por las medidas de control que se han impuesto las actividades financieras de la frontera y que, aparentemente, tienen por objeto controlar el lavado de dinero.

El investigador del Colef insiste en que los municipios han sido rebasados por los problemas de incidencia delictiva local o regional y, sobre todo, por el narcotráfico, el lavado de dinero, contrabando de armas y emigración indocumentada. Por ese motivo, las capacidades administrativas de los municipios resultan insuficientes y obsoletas; tampoco se avanza en una serie de esquemas de participación ciudadana que contribuyan a solucionar el problema.

Hace 20 años se decía que, entre otros, los municipios de Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros eran muy exitosos desde el aspecto económico y era cierto; pero al no promoverse el desarrollo social ni atenderse los rezagos sociales, el tejido social se desmanteló. José María Ramos sentencia: “20 años después, estamos hablando de que se debe fortalecer el tejido social, lo que es preocupante para los municipios” por la falta de atención de los estados y la Federación.

Recuerda que, por mucho tiempo, se dijo que Tijuana tenía la policía mejor pagada del país. En cambio, en los últimos cuatro años se ha despedido a cerca de 300 policías locales por vínculos con el crimen organizado; “eso muestra que el tema del salario no es un tema central, sino los incentivos, los seguros, la protección a ellos y a sus familiares”.

Aun así, Ramos explica que Tijuana es un caso exitoso a nivel nacional en el control de los delitos de alto impacto, como secuestros y de muerte violenta. En contraste, refiere que, desde hace años, ese municipio se caracteriza por una incidencia delictiva muy alta, asociada a delitos que impactan a estratos populares. Robo de autos a empleados, asaltos a casa habitación son casos en los que, opina, ha fracasado la política preventiva.

Destaca que, en los últimos años, la alternancia democrática en municipios fronterizos, como Baja California, “no necesariamente impactó en tener mejores gobiernos que atiendan y solucionen estos problemas”. La atención al problema de seguridad se asocia, sobre todo, en tener mejores elementos, mejores incentivos, una estrategia más ordenada, investigación e inteligencia, entre otros.

En respuesta al control estadunidense de su frontera Sur, los grupos delictivos que operaban en Tijuana se desplazaron a otras regiones, como Mexicali y San Luis Río Colorado. Tradicionalmente, la vigilancia ha sido menor y, por lo tanto, el cruce de drogas ha sido históricamente importante a través de las alianzas generadas por los mismos actores.

Nogales, al igual que San Luis Río Colorado, es una zona por la que durante 30 años han cruzado los mayores cargamentos de cocaína y mariguana hacia Estados Unidos. En esa zona fronteriza, la delincuencia organizada se mueve a través del cruce por el desierto y los puentes.

A Ramos García no le sorprende el caso de Monterrey, Nuevo León. Cita que, desde hace 15 o 20 años, esa ciudad se ha caracterizado por ser la sede de una intensa actividad de lavado de dinero “en pinturas”. Afirma que esa referencia “data de varios años y tiene que ver con el posicionamiento estratégico en lo que ha significado el lavado de activos del narcotráfico en esa ciudad y que, como se sabe, origina disputas entre los distintos grupos delictivos”.

Subraya que los municipios fronterizos solos no pueden frenar la inseguridad, pues persiste la deficiente cooperación gubernamental. “¿Cómo es posible que a Monterrey, la ciudad más importante en Iberoamérica en desarrollo económico e industrial, se le deje sola por cuestiones, aparentemente, de tipo político?”.

Sostiene que en éste, como en otros casos, la cuestión radica en cuál es la responsabilidad del Estado mexicano frente a los ciudadanos al margen de diferencias políticas. Los municipios de la frontera Norte del país apenas han tenido capacidad para atender su misión local (demandas de servicios públicos). Insiste en que el problema radica en hacer frente a los problemas de seguridad nacional, seguridad fronteriza y de rezagos sociales.

En síntesis, el problema de la seguridad de las ciudades fronterizas y sus barrios miserables pasa por la impunidad de la corrupción local, los bajos incentivos a los policías y el control local a las redes delictivas. Para Ramos García, es importante crear redes y capacidades para generar sinergias y acuerdos de los distintos grupos organizados con los distintos actores, sean empresariales, políticos o sociales.

Advierte que centrarse sólo en los militares para preservar la seguridad de las ciudades o municipios no garantiza una solución a largo plazo.

Banquetas, medio civilizador

En América Latina, el rescate de espacios urbanos para contener el auge delictivo y violento tiene como ejemplo los casos de las ciudades colombianas de Bogotá y Medellín. Ahí se había pertrechado el narcotráfico que atizaba la violencia urbana. Enrique Peñalosa fue alcalde de Bogotá, la capital de Colombia, entre 1998 y 2000, un momento complicado desde la mirada social y política de aquel país.

Su programa de reordenación urbana logró revertir el índice delictivo tras emprender medidas de rescate de espacios públicos en las zonas más abandonadas de la ciudad. En su gestión, concesionó la administración de 29 nuevas escuelas construidas en los barrios más pobres de Bogotá a los mejores colegios privados del país.

Aunque debatida, esa decisión fue celebrada por los residentes de esas comunidades que avalaron la posibilidad de que sus hijos tuvieran acceso a medios educativos de alta calidad.

Peñalosa sintetiza su teoría en una frase: “Que la ciudad sea para la gente, los niños, los viejos y las personas de menores recursos. Cada detalle de la ciudad debe reflejar que el ser humano es sagrado”. En entrevista, subraya que las urbes deben dar prioridad al aspecto peatonal en aquellos sectores en los que se concentra la población que va a trabajar o las zonas cercanas a las escuelas.

Respecto de lo que ocurre en las urbes mexicanas, el también economista apunta que estos conglomerados humanos “son maravillosos porque tienen vida, color e historia; pero como ocurre en el mundo en desarrollo, los automóviles son la prioridad sobre el ser humano”.

Peñalosa subraya que las banquetas son el elemento más importante de una buena ciudad. Estos pasajes de concreto, de piedra, cemento o tabiques son el elemento diferenciador entre una ciudad de avanzada y una que no lo es.

Opina que, idealmente, las banquetas deberían continuar en las intersecciones, de modo que los automotores precisen reducir su velocidad para subir y pasar sobre ellas. “Así quedaría claro que los automóviles son los que pasan por un espacio de los peatones y no, como sucede frecuentemente, que los peatones transitan por un espacio de los autos”.

Durante su gestión en la alcaldía bogotana (1998-2000), Peñalosa emprendió acciones destinadas a mejorar la infraestructura de los barrios marginales de esa ciudad a través de la participación ciudadana. Partió de un modelo de ciudad cuya prioridad fueron los ciudadanos, por lo que impulsó la creación y recuperación de espacios públicos, el uso del transporte colectivo Milenio y la restricción del uso del automóvil.

Con ese esquema, logró recuperar plazas públicas, levantó un extenso parque en una zona que había sido tomada por el crimen y salvó del abandono una de las avenidas más céntricas para convertirla en un concurrido espacio peatonal

Su padre, con el mismo nombre, fue secretario de la primera conferencia Hábitat de Naciones Unidas, por lo que el exalcalde de Bogotá está muy involucrado en el tema de la vivienda en las grandes urbes y su problemática. Para Peñalosa, México ha logrado construir “formidables” sistemas de financiamiento de la vivienda, como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que es la “envidia” del resto de América Latina.

Opina que el Estado debe intervenir para que las ciudades crezcan en los lugares óptimos, pues el costo de la tierra ha llevado a que muchos desarrollos se levanten muy lejos de los cascos urbanos. Propone constituir grandes reservas territoriales estatales adyacentes a las ciudades; que en los nuevos desarrollos se privilegie la construcción de grandes parques, campos deportivos, redes peatonales y una mezcla entre lo residencial y lo comercial. Considera que la configuración urbana ideal es la que construye menos condominios cerrados y opta por los muros transparentes, evitando las paredes.

La visión de seguridad urbana de Peñalosa fue criticada por varios analistas (Granda y Ramírez en 2001), que la calificaron de errónea. Señalaron que las medidas que emprendió no eran las mejores por el conflicto armado que se protagonizaba en todo el país; otros hacían notar que se confundieron e intercalaron las funciones de la policía y de las fuerzas militares. Se trata de la creación de grupos como los Gaula, nacidos para combatir al crimen organizado en coordinación con la policía militar y que, en aras de perseguir el delito, aumentaron la represión contra la población.

Según Franco, es usual poner en práctica políticas represivas generalizadas contra las zonas urbanas con mayor índice de violencia. En la ciudad colombiana de Cali se instalaron bases militares en los distritos de Aguablanca y Siloé; su intención fue neutralizar la acción de las milicias y los paramilitares. Cuando la alcaldía hizo un seguimiento de la violencia, observó que hubo un incremento exponencial de los homicidios cometidos por arma de fuego en algunos de esos sectores y una “discreta reducción en otros”.

El analista concluía que, si la prevención es la mejor manera de evitar la delincuencia, la principal causa de la inseguridad radica en la desigualdad social: “Entonces, se requiere que el Estado emprenda políticas basadas en esa estrategia”.

Estas experiencias permiten observar, de acuerdo con los entrevistados, que a nivel mundial no existen estadísticas basadas en metodologías confiables que permitan mostrar un diagnóstico certero sobre el estado de las ciudades en cuanto a su seguridad urbana. Para construir y defender el derecho al bien público que representa la seguridad ciudadana, se requiere de un modelo en el que las estructuras de poder, las fuerzas del orden y el sistema judicial ponderen la prevención contra la represión.

Reserva GDF información de ciudades perdidas

El Comité de Transparencia del Distrito Federal decidió mantener bajo reserva parte de la información relativa al Programa Ciudades Perdidas del Gobierno del Distrito Federal y emitir una versión pública para atender la solicitud de acceso a la información pública número 01000000041310.

Esa instancia decidió reservar datos relativos a antecedentes o evidencias documentales relacionadas con la “cartografía” de ese Programa, particularmente los contenidos en las columnas 3, 7, 8, 9 y 16, por ser de “acceso restringido en su modalidad de reservada”.

En su sesión del 10 de abril de 2010, el Comité resolvió que divulgar la información o datos que se solicitan sean considerados como reservados “alertaría y prevendría a la delincuencia sobre las acciones específicas del gobierno, sus acciones concretas sobre la investigación de personas, bandas o grupos delictivos involucrados en ilícitos que lesionan a la sociedad, su persecución y sanción correspondiente, lo que haría nula la efectividad de las acciones encaminadas a la seguridad pública y a la prevención, investigación y persecución de los delitos”.

Esa resolución fue firmada por Jesús Alberto Ramírez López, director ejecutivo del Sistema de Seguimiento Gubernamental en su carácter de presidente del Comité. Por esa razón, se confirmó la versión pública de ese documento con algunas partes reservadas.

Más miserables viven en ciudades tugurio: ONU

Según el informe Estado de las ciudades del mundo 2010/2011: reducir la brecha urbana, de la Organización de las Naciones Unidas, el número absoluto de habitantes en barrios tugurios ha aumentado: de 776.7 millones que se registraron en 2000 a 827.6 millones en 2010. Esto significa que, desde el comienzo de la década, 55 mil millones de personas se sumaron a los residentes de los “barrios de tugurios”.

El organismo contrasta que, en ese periodo, 227 millones de personas lograron salir de su condición marginal. El estudio refiere que 22 millones de personas de países en desarrollo “han dejado de vivir en barrios de tugurios cada año” en esta década, y lo lograron gracias al mejoramiento de esas zonas.

Contralínea 206 / 31 de Octubre de 2010