Por la vía de los hechos, 36 pueblos indios bolivianos han logrado imponer gobiernos propios en tierras que por siglos les han pertenecido. Ahora, el gobierno boliviano reconoce legalmente a las autoridades indígenas y entrega títulos de tierras comunitarias de origen
Franz Chávez / IPS-Carta Voces de la Tierra
La Paz, Bolivia. En un proceso sin retorno, los pueblos indígenas de Bolivia comenzaron la marcha hacia la creación de gobiernos autónomos, regidos por sistemas y cosmovisión anteriores a la dominación española.
Un total de 36 grupos étnicos, donde los aymaras y quechuas son mayoría, tienen como objetivo autogobernarse en los territorios que ocupan y en los que el gobierno del también indígena Evo Morales ha cedido a título de tierras comunitarias de origen.
La nueva Constitución Política del Estado, vigente desde febrero de 2009, reconoce las formas de autonomía departamental, regional y municipal, así como la llamada indígena originaria campesina.
Simultáneamente a las elecciones para integrar la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento) y presidenciales del 6 de diciembre de 2009, cuando Morales fue reelegido, los departamentos (provincias) de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí también aprobaron en las urnas la autonomía administrativa de cada uno de esos distritos.
Ya habían seguido igual ruta, en 2006, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que conforman la llamada Media Luna Oriental. Ahora, los nueve departamentos del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia tendrán el mismo rango por el resultado favorable de esos plebiscitos.
En esa instancia electoral, también la innovadora carrera por las específicas autonomías indígenas originarias campesinas ha marcado sus primeros pasos con la consulta democrática a los habitantes de 12 municipios, de los 327 existentes en todo el Estado boliviano.
Los datos, procesado por el Órgano Electoral Plurinacional, determinaron que 11 abandonan su condición de municipios y pasan el rango de autonomías indígenas.
Un seminario organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) examinó los alcances de las autonomías indígenas originarias y los procesos políticos del movimiento indígena en Bolivia y en el resto de América Latina.
El debate sacó a flote el rechazo de los dirigentes de pueblos originarios a continuar con el modelo municipal, por lo cual exigen una forma de organización basada en las antiguas culturas, cada una con su particular modo de gobierno basado en las costumbres centenarias.
Un resurgimiento de la corriente indigenista en Bolivia, entre las décadas de 1980 y 1990, se vio fortalecida con los resultados del Censo Nacional de Población que en 2001 determinó que más del 60 por ciento de los habitantes del país se adscribía a un grupo cultural originario.
A nueve años de esa encuesta y tras la llegada del aymara Morales a la presidencia de Bolivia, en enero de 2006, los sectores conservadores generaron otra corriente que prefiere hablar de un país con alto porcentaje de mestizaje, en lugar de una población con elevada participación indígena.
En el municipio de Tinguipaya, del suroccidental departamento de Potosí, el presidente del Consejo Orgánico del Ayllu Urinsaya, Paulino Menacho Fernández, tiene el firme deseo de constituir una autonomía indígena originaria ajena o en lugar del actual gobierno municipal, según expresó a IPS.
Un gobernador que tiene el nombre de “Kuraka” debe reemplazar al alcalde bajo una autonomía indígena originaria, comenta entusiasta por la posibilidad de crear un modo de gobierno propio.
La cultura ancestral de estos pueblos originarios señala que el gobernador es elegido del seno de una familia, la cual cumple un ciclo y transfiere el mando a otra, bajo la modalidad de rotación (muyu).
La máxima autoridad se encarga de cuidar por el bienestar común, realiza negocios con otras regiones y vela por mantener en buen estado los servicios de riego y otros relacionados a la producción.
El gobernador acompañado de su esposa (mama t’hala) se rodea de colaboradores de las 27 comunidades a quienes atribuye funciones específicas para vigilar el buen desempeño productivo sobre las 80 mil hectáreas de tierra que se distribuyen entre valles, altiplanos y zonas rocosas que se elevan hasta los 4 mil 350 metros sobre el nivel del mar.
Pero Menacho Fernández está preocupado por la falta de tierra para los 16 mil habitantes de la comuna, a quienes se podría asignar como máximo parcelas de 200 metros cuadrados, insuficientes para sostener a la región mediante la agricultura, considerando la variedad de terreno que incluye zonas accidentadas.
Ante esa eventualidad, los miembros de los ocho “ayllus” desean una redistribución de los ingresos por coparticipación gubernamental que ascienden a 1.7 millones de dólares aproximadamente, de los cuales actualmente sólo perciben la mitad y tienen dudas sobre el destino del resto de dinero.
A ello desean agregar y crear ingresos por derechos de explotación de minerales, piedra caliza, agua y otros recursos naturales.
El ingreso de empresas a la zona no está excluido, pero a cambio de contratos de explotación y pago por arrendamiento en términos razonables.
A cientos de kilómetros de allí, en la zona selvática y de llanuras del norteño departamento de Beni, el secretario general de los Pueblos Étnicos Moxeños del Beni, Francisco Maza, estima que el momento de los gobiernos propios ha llegado.
Para los habitantes de estas zonas ricas en madera, vegetación y agua, la lucha nació en 1990 cuando marcharon 640 kilómetros desde Trinidad, la capital departamental, hasta La Paz, la ciudad sede del gobierno nacional, con la demanda por tierras y la Asamblea Constituyente.
“Pedimos ser autónomos no sólo en el uso del territorio, sino en la obtención de utilidades por la explotación de la madera y otros recursos de la región”, dijo a IPS el dirigente indígena.
Por ahora buscan una legislación administrativa apegada a los valores sociales y culturales dirigidos a un desarrollo científico y tecnológico con identidad propia y modos de gobierno de los pueblos originarios.
El pueblo moxeño, del cual es miembro Maza, se gobierna por un cabildo que representa a una casa del pueblo, dirigida por un corregidor, y otra autoridades, elegidas por aclamación y no por voto individual.
Pero otros 29 pueblos orientales tienen su propio modo de gobierno, cada uno diverso, y representan el desafío de ese rompecabezas que queda por armar en materia de legislación que aún se encuentra en fase de proyecto marco.
Gran parte de las tierras de Moxos están bendecidas por la riqueza petrolera, abundante cantidad y variedad de madera, una biodiversidad envidiable, y representan la esperanza de habitantes que emergen para escribir su historia.
El investigador del Cedla para las Políticas Públicas, Juan Luis Espada, anticipó a IPS que, en el futuro, el Estado debe aumentar las transferencias de dinero a las nuevas autonomías indígenas, porque serán pocas las que obtengan regalías adicionales por otros conceptos como la explotación de petróleo.
Anuncia un camino de aprendizaje en materia administrativa, en la captación de nuevos ingresos por la creación de impuestos regionales, en la asignación de competencias y funciones, en la medida de las capacidades administrativas de cada gobierno autónomo.
Hay muchos desafíos políticos y sociales en la búsqueda de un modelo que responde a las demandas históricas de pueblos que exigen atención del gobierno y desean participar en la administración del aparato estatal, expresó Espada.
