Pocos motivos tendrá el pueblo de México para celebrar este 18 de marzo el 76 aniversario de la Expropiación Petrolera, sobre todo si se trata de recordar los orígenes de la gesta nacionalista del general Lázaro Cárdenas que permitió la consolidación del sector más importante para el desarrollo económico y social del país.
Ni con toda la propaganda desplegada en los medios, la actual administración podrá justificar ante los mexicanos el sentido antinacionalista y de indudable traición a la patria que se ha cometido con la reforma energética.
La expropiación petrolera fue además uno de los actos de justicia más plenos y congruentes de los que se tenga memoria, pues con las leyes en la mano, el entonces presidente Cárdenas supo hacer valer los derechos de los trabajadores petroleros explotados y humillados por años por las compañías extranjeras que, en el colmo de las soberbias, se negaron a acatar un laudo emitido por las autoridades laborales, donde se les conminaba a otorgar mejores salarios y prestaciones a sus obreros.
Los cargos de primer orden estaban reservados, como en el porfiriato, a los extranjeros; de tal suerte que, al consumarse el Decreto de Expropiación por la renuencia de los empresarios extranjeros a acatar el fallo definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –cuando el máximo órgano actuaba con ética a favor de los trabajadores–, pensaron que los mexicanos no serían capaces de operar las instalaciones ni sacar adelante la producción de gasolinas. Grande fue su decepción cuando, primero, todo un pueblo se sumó en apoyo a su presidente, contribuyendo con lo que podía para pagar a las empresas extranjeras; y después, al demostrarles los técnicos mexicanos que con su esfuerzo, talento y capacidades podían ser iguales o mejores que cualquier experto del mundo. Fueron ellos quienes sentaron las bases que permitieron hacer de Petróleos Mexicanos (Pemex) una de las más boyantes empresas petroleras a nivel mundial.
Ahora, de forma vergonzante, los tecnócratas que desde el sexenio de Carlos Salinas iniciaron el desmantelamiento y la quiebra inducida –y también de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro– dicen que es inevitable la asociación con firmas extranjeras para sacar a flote al sector energético, cuando saben perfectamente que las empresas públicas pueden ser rentables sin necesidad de entregarlas a particulares.
Habrá que recordarles que fueron ellos quienes, obedientes a los lineamientos de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, adoptaron para Pemex, a principios de la década de 1990, el llamado “modelo atomizado de gestión” que, de acuerdo con las tendencias globalizadoras, aconsejaba la fragmentación de las grandes empresas productivas bajo el esquema que alentaba la asociación público-privada como justificante de la privatización de diversas áreas.
El gobierno de Salinas cometió una grave irresponsabilidad al dejar de considerar como prioritarias para Pemex la refinación y la petroquímica (rama que mayor valor agregado obtiene de los hidrocarburos); y la mayor atención se centró en la producción de crudo. Los resultados, al paso del tiempo, fueron desastrosos: México incrementó sus importaciones de gasolinas y petroquímicos, con una costosa descompensación en nuestra balanza de pagos. Fue en su gobierno cuando se reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que permitió la gradual intromisión de particulares en la generación de energía.
Los lineamientos neoliberales contravienen lo que el general Cárdenas dejó bien establecido al manifestar su preocupación porque el petróleo pudiera ser recuperado por las empresas extranjeras. Al fundar la CFE, en 1937, el mandatario nacionalista dispuso con claridad los objetivos sociales que la empresa pública debía seguir para impulsar el desarrollo económico del país ante los abusos y altas tarifas que imponían los extranjeros.
Tal sentido social ha desaparecido en el lenguaje globalizador de los tecnócratas, que de manera perversa intentan engañar al pueblo con el supuesto de que con la reforma bajarán los precios de la electricidad, la gasolina y el gas, cuando apenas hace unos días volvieron a asestar a la población con nuevos incrementos.
Nadie en su sano juicio puede concebir que las empresas privadas vayan a aplicar un sentido social a la hora de fijar sus tarifas, pues ayudar a la gente, sobre todo de escasos recursos, no entra en sus proyectos de lucro. En ningún país del mundo los consorcios multinacionales de la energía han demostrado la más mínima intención de sacrificar sus ganancias en beneficio de la población.
Los gobiernos tecnócratas, como los de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, deben responder también por la corrupción que fue carcomiendo en las últimas 2 décadas tanto a la CFE como a Pemex. Cientos de funcionarios venales se enriquecieron con negocios turbios en ambas paraestatales sin que haya existido castigo alguno, como sucedió con los escandalosos asuntos de los panistas César Nava y los juniors Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, que a través de la firma Oceanografía , hoy en medio del escándalo por sus operaciones ilícitas, consiguieron jugosos contratos reportándoles ganancias millonarias.
Ni Pemex ni CFE eran incosteables. La Comisión también albergó una verdadera mafia de pillos que encabezó su exdirector Alfredo Elías Ayub, y que tuvo entre sus mejores exponentes al exdirector operativo Néstor Moreno Díaz, aficionado a los yates y los ferraris.
Ahora personajes como César Augusto Santiago, antes duro crítico de la inoperancia de la CFE y los altos cobros a los usuarios, se han sumado al desmantelamiento de la paraestatal elaborando además nuevos sistemas de tarifas, como el llamado Prepago con el que prácticamente se esquilmará a la población con el pago anticipado de la energía eléctrica que consuma.
Sólo quienes desconocen la historia están condenados a repetir los errores del pasado, y todo indica que los tecnócratas no leyeron en Harvard, Yale o el Instituto Tecnológico Autónomo de México algo de la política nacionalista del general Cárdenas. Su error, o mejor dicho, traición, tendrá un muy alto costo para la economía y soberanía nacional.
Es por eso que este 18 de marzo el pueblo de México deber salir nuevamente a las calles para iniciar una jornada nacional en defensa de nuestros recursos energéticos, del petróleo, de la petroquímica y la electricidad, para recordarle a esta neoliberal clase política que es el pueblo quien realmente manda y al que nunca se le consultó para aprobar la antipatriótica reforma energética.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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