Luego de que los crespones de luto nacional aparecieron en la celebración del 76 aniversario de la expropiación petrolera, habrá que preguntarse hasta dónde llegó la miopía ideológica e intelectual de la actual clase política para no entender que México está en peligro de ser arrastrado en la vorágine del modelo de producción multinacional, que en todo el orbe se está apropiando de las riquezas naturales y los recursos energéticos de las naciones menos desarrolladas.
Mientras la parte oficial insiste en mantener la tesis de que con la reforma energética el Estado mexicano seguirá manteniendo el control de las reservas, la renta petrolera y de Petróleos Mexicanos (Pemex), la visión de los poderosos organismos internacionales es diametralmente opuesta, y como lo externó hace unas semanas el jefe de Comunicación de Global Energy, Andrew Floyer, las trasnacionales festejan que el petróleo mexicano ya es de nuevo “patrimonio global”.
Nadie con dos dedos de inteligencia en la frente puede ignorar lo que está aconteciendo en el mundo por mantener y expandir el control geopolítico de las grandes potencias y de sus poderosas trasnacionales, con Estados Unidos al frente y a la Unión Europea como uno de sus aliados.
El caso reciente de Ucrania, donde las potencias de Occidente alentaron el derrocamiento del presidente prorruso, Víktor Yanukóvich, y que desembocó en una crisis, ahora reflejada con la anexión de Crimea a Rusia luego de un referéndum donde más del 90 por ciento de la población voto a favor de la medida, pone al descubierto lo que los analistas internacionales califican como el “doble lenguaje” de Washington.
Baste recordar que hace unos años el gobierno estadunidense apoyó la separación de Kosovo de la República de Serbia, ensalzando el derecho de las naciones para lograr su autodeterminación, pero ahora olvida esta doctrina internacional y amenaza con imponer sanciones económicas a Rusia por apoyar la libre decisión de todo un pueblo a constituirse en una nación independiente por el sólo hecho de no alinearse a los intereses de la Unión Europea.
Las agresiones sistemáticas al gobierno de Venezuela son otro de los hilos conductores que permiten poner al descubierto este proyecto por devolver a las trasnacionales los recursos naturales, como el petróleo, que el gobierno nacionalista de aquel país les arrebató en beneficio de su economía y del nivel de vida de su población. Los poderosos medios de comunicación internacionales se guardan de comentar que mientras en Venezuela, hace un par de años, se dieron cambios en las leyes laborales a favor de los trabajadores, en el resto del mundo hay un franco retroceso en este sentido, como ocurrió en México con la reforma laboral.
Estos “gobiernos trasnacionales” que buscan imponer un nuevo orden económico mundial han dado repetidas y crudas muestras de los alcances de su política neoliberal expresada en un capitalismo salvaje que ha empobrecido a millones de personas en todo el mundo. Las crisis de países como Grecia o España son algunas de las evidencias del grado de aniquilamiento al nivel de vida a que se ha llegado por la imposición de políticas públicas orientadas a facilitar el enriquecimiento de unos cuantos sin tomar en cuenta a la población mayoritaria.
Resulta por ello endeble la visión simplista de que con el arribo de capitales nacionales y extranjeros a Pemex se pueda dar una “revolución energética” que nos ayude a aumentar nuestros niveles de desarrollo nacional hasta convertirnos en una potencia. Esos, huelga decirlo, no son los planes que tienen en mente poderosas firmas como Exxon Mobil, Chevron, British Petroleum y Shell, por mencionar las más emblemáticas, cuando con los cambios aprobados a los Artículos 27 y 28 constitucionales las firmas extranjeras tendrán los mismos privilegios que hace 1 siglo les otorgara el gobierno de Porfirio Díaz y que se vieron acotados luego de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917.
Más allá de la retórica gubernamental subyacen evidencias de que lo que está por venir no es nada alentador ni para la economía nacional ni para los trabajadores. Los mexicanos, por ejemplo, seguimos esperando que algún alto funcionario del sector energético –pues han hecho mutis los representantes de la paraestatal– nos explique cómo es posible que aún sin leyes secundarias aprobadas existan los contratos otorgados por Pemex Exploración y Producción (PEP) a empresas privadas, que ya trabajan en proyectos de desarrollo y producción de hidrocarburos en plantas como el Santuario, Tierra Blanca, Pánuco, San Andrés o el Carrizo y permitan a los contratistas emplear su propio personal y tener el derecho a utilizar a todos los subcontratistas que necesiten.
Lo establecido en los contratos ya firmados refiere con claridad que las empresas podrán realizar subcontrataciones globales de servicios por un monto superior a los 10 millones de dólares. Además, por si fuera poco, con relación a los materiales y equipos que utilicen las empresas y los trabajadores, habrá sólo el compromiso de adquirir el 40 por ciento de productos nacionales, estando en libertad de traer el otro 60 por ciento del extranjero.
Ya puede vislumbrarse lo que les espera a miles de trabajadores sindicalizados y a muchos de los proveedores y prestadores de servicio de las zonas petroleras cuando las multinacionales empiecen a adueñarse, integralmente, de todos los procesos internos de Pemex, pero también a aquellos mexicanos a los que se les está creando el falso espejismo, en los medios, de que habrá más empleos y mejor pagados. Las empresas contratarán bajo sus propios criterios e intereses, teniendo la libertad de recurrir a las subcontrataciones para no adquirir mayores compromisos patronales. Los niveles de explotación que se daban a los trabajadores mexicanos antes de la expropiación petrolera habrán de repetirse.
Otra de las falacias esgrimidas en el discurso oficial es que con la reforma habrá más gas y a menor costo a través de la extracción de gas de lutitas (shale) en México, cuando en Estados Unidos su extracción mediante el sistema de las llamadas “fracturas hidráulicas”, por medio de la inyección de agua –25 a 30 millones de litros por pozo–, ha ocasionado quejas y protestas en más de 410 condados de diversos estados por los devastadores daños ecológicos y a la salud de miles de habitantes.
Los costos sociales en las poblaciones donde operen estos proyectos serán muy altos, pues además, expertos estiman daños irreparables al entorno de miles de comunidades, de tal modo que mientras en Estados Unidos este sistema de extracción están siendo sancionado, en México nuestra clase política lo muestra a la población como la panacea para abaratar los precios de la electricidad y el gas doméstico. Obvio, además, que en sus perspectivas de utilidades, las multinacionales difícilmente accederán a sacrificar sus ganancias en beneficio de la población.
El pasado 18 de marzo, en el Zócalo de la Ciudad de México, organizaciones sociales, magisteriales, sindicales y campesinas, decretamos 2014 como el año de la resistencia contra la aplicación de las contrarreformas estructurales; año en el que a través de marchas y protestas convocaremos a todo el pueblo de México en contra la imposición gubernamental.
Ha llegado el momento para que la nación tome conciencia de que en los últimos 30 años las instituciones como la Cámara de Diputados, el Senado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han estado secuestradas por una clase política que se ha puesto al servicio de este sistema mundial de explotación, adjudicándose el ilegítimo derecho a decidir sobre el futuro de nuestros recursos energéticos sin tomar en cuenta a las mayorías. Desde la resistencia popular debe frenarse la imposición de este modelo económico mundial y sus contrarreformas que conducen a nuestro país a la pobreza absoluta, donde 10 multimillonarios detentan juntos la riqueza de toda una nación, mientras cuatro de cada diez mexicanos no pueden llevarse un pan a la boca.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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