El envenenamiento con sulfato de cobre en el afluente del Río Sonora, de nombre Bacanuchi, que los Germán Larrea y sus capataces –que acumulan ya 72 recomendaciones por las inseguridades y descuidos en la mina Buenavista del Cobre– in-ten-cio-nal-men-te contaminaron, incluyendo los pozos y el uso potable del líquido, ha sido un hecho más de los no menos de 20 casos en los que mineros, el medio ambiente y arroyos han sufrido por los abusos de la familia Larrea, siempre escondida para no dar la cara.

Cananea fue cuna de la Revolución de 1910; y ahora, con la complicidad del desgobernador Guillermo Padrés Elías, es la madriguera de la contrarrevolución, desde donde se gesta el golpismo militar-policiaco con el pretexto de exterminar a las delincuencias organizadas que, desde Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Veracruz, Guerrero, Jalisco, etcétera, dirige y controla el capo del narcotráfico la Tuta (Servando Gómez). Los Larrea se han ido apoderando de las minas de cobre, de oro y otros minerales, para afianzar su imperio que llega hasta Chile, gracias a las concesiones y sobornos que el Grupo (homicida) México ha obtenido para su explotación salvaje, contaminando el medio ambiente y arrasando con la ganadería, la avicultura, la agricultura y la vida humana de los pobladores de la región.

El desgobernador perteneciente al Partido Acción Nacional (quien además se sigue robando el agua de la tribu yaqui que surte a la población del municipio de Cajeme), por incumplimiento en las medidas de seguridad, el lunes 4 de agosto pasado permitió el derrame de 40 mil metros cúbicos de la solución ácida –venenosa y mortal– de sulfato de cobre de la mina Buenavista del Cobre, que contaminó dos ríos y desgració la vida humana, la flora y la fauna de siete municipios del Noroeste de Sonora. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente abrió la boca en principio para fijar una multa ridículamente cómplice, en un presidencialismo peñista de empresarios como Juan José Guerra Abud, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Joaquín Coldwell, de la Secretaría de Energía; Ildefonso Guajardo, de la Secretaría de Economía; Alfonso Navarrete Prida, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; David Korenfeld, de la Comisión Nacional del Agua; más los que han acumulado fortunas como politiquillos-empresarios, como Emilio Chuayffet Chemor…

Estos empresarios cuidan la espalda a empresarios como los Larrea, que así es como han logrado mantenerse en la total impunidad: con los Moreira en Coahuila, donde en la mina Pasta de Conchos, del Grupo (homicida) México, dejaron morir asfixiados a 65 mineros, convirtiéndola en un cementerio. En todas las minas de los genocidas Larrea ha habido derrames de las soluciones que usan, como sucedió en el represo de Las Tinajas, denunciado por los mineros desde 2009, sin que el perverso secretario del Trabajo durante el calderonismo (pianista –dice–, golpeador derechista en grado de nazifascista y favorecedor de Televisa), el expriísta Javier Lozano Alarcón (y quien por los servicios prestados a Enrique Peña ya le pidió la gubernatura de Puebla), tomara cartas en el asunto, pues Germán Larrea padre es su amigo.

Así, desde hace más de 50 años que el Grupo (homicida) México explota las minas, sobre todo de cobre, y es dudoso que notifique el total de su extracción para eludir el pago de impuestos. Lo mismo hace la mafia china que se robó, en sociedad con los narcos de Michoacán, minerales en barcos. Con la anuencia de varios de los desgobernadores de la entidad (donde entran Leonel Godoy y Fausto Vallejo, del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional) los chinos saquearon lo que quisieron.

Por el envenenamiento de los dos ríos donde se derramó, por actos directos y omisiones, el sulfato de cobre de una mina que produce más de 200 toneladas anuales y con las que la fortuna de los Larrea es, después de la de Carlos Slim, la segunda multimillonaria, deben ser llevados a los tribunales por el desastre causado. No basta con multas, debiendo además cancelarle la licencia para explotar la mina Buenavista. Y ejecutar las recomendaciones al resto de sus minas, donde los mineros trabajan en condiciones de esclavitud. En Sonora se comenta que pequeños aviones sacan el oro de contrabando y la sospecha recae sobre el Grupo (homicida) México.

Y es que los Larrea han escapado de la justicia por años gracias a la impunidad que les otorga el gobierno. Pero hay que ponerlos a disposición judicial con las denuncias existentes. Basta la de Pasta de Conchos, por ejemplo, donde son responsables de haber sepultado a 65 trabajadores y que hasta la fecha se han negado a entregar los cuerpos a sus familiares que los reclaman. Navarrete Prida y el Moreira que desgobierna Coahuila (antes lo fue su hermano de cuño político peñista) se han estado burlando de los deudos y sirviendo a los Larrea que son unos genocidas, ya que desprecian y odian a los mineros que protestan y exigen mejores salarios.

El Grupo (homicida) México es intocable, sin lugar a dudas porque han comprado impunidad. El envenenamiento con sulfato de cobre de los ríos Bacanuchi y Sonora es como para que los Larrea hubieran sido arrestados por el delito de genocidio y daños irreversibles a la agricultura y la ganadería; pues esa sustancia química, además, ha sido llevada al Golfo de California, a la Isla del Tiburón y a la Isla San Esteban, que dañará a las ballenas que llegan a esa zona a reproducirse. Por todo esto, los Larrea son genocidas y ecocidas.

Álvaro Cepeda Neri*

*Periodista

 

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