Al menos 18 casos de extrema violencia contra mujeres y niñas, que involucran a una o más víctimas, perpetrados en territorio mexicano han escalado al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos de 1998 a la fecha. Se trata de feminicidios, desapariciones y violaciones sexuales. Tres de ellos recorrieron todo el proceso y significaron sentencias condenatorias contra el Estado mexicano. No obstante, en el país “no existe ni una sola persona sancionada efectivamente” por los hechos en cuestión. Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México del Cejil –organización no gubernamental con estatus consultivo ante la OEA y la ONU–, dice que, en la práctica, el Estado tolera las manifestaciones de violencia cuando éstas no son investigadas ni los responsables son procesados y sancionados

De 1998 a la fecha, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos ha conocido 18 casos de violencia contra mujeres y niñas perpetrados en territorio mexicano: tres han terminado en sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; tres han sido admitidos y se encuentran en trámite; uno terminó en solución amistosa; dos derivaron en informes de fondo; uno fue objeto de informe de archivo; cinco fueron mencionados en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en México (1998); y tres fueron destacados en el informe Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: el derecho a no ser objeto de violencia y discriminación (2003).

Sin embargo, la impunidad impera en esos casos. Ana Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), refiere que en México “no existe ni una sola persona sancionada efectivamente” por los 18 casos de violencia contra mujeres y niñas que ha conocido el Sistema Interamericano. Esto, dice, es muestra clara de que “persiste una situación de impunidad que resulta preocupante y que debe ser superada”.

La representante del Cejil –organización no gubernamental con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas– considera que “cuando las manifestaciones de violencia no son investigadas ni sus responsables procesados ni sancionados, ello implica que el Estado en la práctica las tolera y envía ese mensaje a la sociedad en su conjunto”.

En el marco del foro “Violencia contra las mujeres en México: retos y pendientes para cumplir con las obligaciones internacionales en la materia”, celebrado el pasado 19 de agosto, la abogada nacida en Colombia realiza un recuento de los casos de violencia contra mujeres y niñas ocurridos en territorio mexicano que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) han analizado y dictaminado, respectivamente.

Tres de las ocho sentencias condenatorias que la Coidh ha emitido al Estado mexicano están relacionados con manifestaciones de extrema violencia contra mujeres y niñas. “González y otras” es la primera de ellas. También conocida como “Campo Algodonero”, refiere la desaparición y ulterior feminicidio de tres jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Después vendría la de “Inés Fernández Ortega y otras” y la de “Valentina Rosendo Cantú y otra”, relativas a la violación sexual perpetrada por elementos del Ejército Mexicano en contra de una mujer y de una menor de edad, ambas indígenas.

A nivel de la CIDH, Marcia Aguiluz destaca el caso de las hermanas González Pérez, que involucra a tres mujeres violadas sexualmente por militares en Chiapas, uno de los primeros casos en que la Corte consideró como tortura a la violación sexual. También, el Informe de fondo que la CIDH rindió en 2010 respecto de Paloma Escobar, una niña de 16 años de edad desaparecida y, posteriormente, asesinada en Chihuahua.

Ya sea a través del sistema de peticiones individuales, o vía informes de país y temáticos, el caso mexicano ha sido abordado recurrentemente por los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

En 1998, en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en México, la CIDH destinó un capítulo al análisis de la vigencia y garantía de los derechos de las mujeres. Más adelante, en 2003, presentó el informe Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: el derecho a no ser objeto de violencia y discriminación.

Violencia feminicida, violencia sexual, derechos sexuales y reproductivos y, como elemento común y transversal, “las barreras estructurales y sistemáticas que enfrentan las niñas y mujeres víctimas de violencia para acceder a la justicia” sobresalen entre los temas que el Sistema Interamericano ha abordado respecto de la realidad que enfrentan mujeres e infantes en México, detalla Marcia Aguiluz.

La labor desarrollada por la CIDH y la Coidh ha derivado en un nutrido listado de recomendaciones hacia el Estado mexicano. Las medidas ordenadas buscan superar estructuralmente (en materia de prevención, sanción y erradicación) los “nudos críticos” de la violencia contra las mujeres y niñas. Algunas de éstas apuntan directamente hacia el combate a la impunidad.

Tracy Robinson, presidenta de la CIDH, dictó conferencia durante el foro “Violencia contra las mujeres en México: retos y pendientes para cumplir con las obligaciones internacionales en la materia”. Cobijada por las organizaciones civiles de derechos humanos convocantes, afirmó que la principal preocupación del organismo a su cargo es, justamente, la impunidad en los casos de violencia contra mujeres en México y, en general, en el Continente Americano. La también relatora sobre los derechos de las mujeres aludió a la nula efectividad en cada etapa de la administración de justicia, lo que deriva en “impunidad sistemática”.

En este sentido, la comisionada externó, por ejemplo, su inquietud por el “dudoso” progreso de las investigaciones en el caso “Campo Algodonero”, lo que ha influido en la continuación de las desapariciones y asesinatos de niñas y mujeres en Ciudad Juárez.

“Sin avances”, estandarización de protocolos de investigación

Representantes del gobierno federal también intervinieron en el foro sobre violencia contra las mujeres en México. Nelly Montealegre Díaz, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República; Adriana Ortega Ortiz, directora de la Unidad de Equidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); e Isabel López Padilla, directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación, nombraron las acciones emprendidas por el Estado mexicano en aras de erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

Dichas acciones son: la operación de 13 centros de justicia para las mujeres, la creación de refugios para mujeres, la tipificación del delito de feminicidio, la elaboración del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, el establecimiento de un programa de profesionalización en derechos humanos y perspectiva de género para jueces y magistrados, la ejecución del Programa Alerta Amber, la reforma al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para hacer “más eficiente y transparente” el mecanismo de Alerta de Violencia de Género (Contralínea 399, la activación de la línea 01 800 Háblalo –que proporciona orientación sicológica y asesoría legal a las mujeres en situación de violencia– y la promulgación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mismo que por primera vez cuenta con indicadores de cumplimiento.

Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México del Cejil, afirma que pese a las numerosas recomendaciones y decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en México persisten prácticas de violencia contra las mujeres.

La también asesora legal de la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales menciona que aunque el gobierno mexicano ha adoptado algunas acciones positivas en el tema, “se requiere mucho más para lograr el objetivo deseado”.

La aprobación de la LGAMVLV, la elaboración de protocolos para juzgar con perspectiva de género, así como algunas decisiones de la SCJN que han sentado precedentes, por ejemplo, de lo que constituye una violación sexual, son, a decir, de la maestra en derecho internacional y resolución de conflictos, algunas de las acciones que han contribuido positivamente a tratar la problemática de la violencia contra las mujeres y las niñas. El periodo de sesiones que realizó la CIDH en 2013 en territorio mexicano y las sesiones de la Coidh que recién concluyeron son, asimismo, señales del interés de las autoridades del país por el sistema regional de protección de derechos humanos.

En alusión específica a la estandarización de los protocolos de investigación y a la incorporación de la perspectiva de género en los mismos, Marcia Aguiluz advierte que “no hay avances significativos”. Y detalla: “Hasta el momento, el Estado no ha logrado explicar ante la Corte Interamericana cuáles han sido los avances ni cómo se han adecuado los protocolos a los estándares fijados en las sentencias de Inés Fernández y Valentina Rosendo. Nos preocupa, en particular, la falta de coordinación entre el nivel federal y el estatal, así como la costumbre estatal de enlistar diversas acciones realizadas sin comprobar su relación con las sentencias dictadas ni tampoco el impacto de las mismas sobre la problemática expuesta”.

Tracy Robinson, presidenta de la CIDH, menciona que, no obstante los esfuerzos estatales reflejados en la reciente reforma al Código de Justicia Militar que limita el fuero de guerra, así como en la creación de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez –Conavim, a partir de 2009– y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País –hoy Fevimtra–, en México, igual que ocurre en otros países del Continente, hay un vacío entre las leyes, las políticas y la realidad.

La también catedrática de la Universidad de West Indies, en Jamaica, reconoce la adopción de nuevas leyes y políticas en la región, pero cuestiona su efectividad y la forma en que son operadas. Además, la debilidad de los mecanismos destinados a su evaluación y monitoreo.

A 20 años de la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belém do Pará –el principal instrumento regional de derechos humanos de las mujeres, suscrito y ratificado por México–, Marcia Aguiluz envía un “respetuoso pero vehemente llamado” al Estado mexicano para el “fortalecimiento de la acción coordinada, sostenida y comprometida para ir más lejos y hacer más”.

Flor Goche, @flor_contra

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Contralínea 402 / Domingo 07 al Sábado 13 Septiembre de 2014