Parte I: Tasa de asesinatos de mujeres en México supera la del continente

Parte III: Sin tipificar delito de feminicidio, en ocho estados de la República

⇒ Parte IV: Declaraciones de alerta por feminicidios, fallidas

 

A partir de 2007, año en que entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se han promovido cinco solicitudes de alerta de violencia de género alrededor del país (Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León e Hidalgo); ninguna de éstas ha prosperado.

 

Organizaciones civiles, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, organización no gubernamental constituida por 43 agrupaciones de derechos humanos y de mujeres de distintas entidades del país, han denunciado que este mecanismo ha resultado “insuficiente”, puesto que representa una serie de obstáculos prácticos.

 

Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –encargada de declarar la alerta de violencia de género y notificarla al titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente–, les da la razón. Reconoce que en ninguno de estos cinco casos se ha emitido la declaratoria “precisamente por cuestiones de carácter procedimental… procedimentalmente, de pronto, era un cuanto tanto intrincado”.

 

Respecto de la última solicitud de alerta de género promovida ante la instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación –la de Hidalgo–, la funcionaria refiere que a pesar de que “se hicieron las prevenciones por parte del Inmujeres [Instituto Nacional de las Mujeres] y de que se dio un término para que se cumplieran los requisitos, las organizaciones que solicitaron la alerta de género nunca volvieron a subsanar estos requisitos. Generalmente es así como llega a no pasar nada”.

 

También aclara que es muy probable que una –la del Estado de México– “vaya a abrirse en el camino porque se inició un juicio de amparo”.

 

La alerta de género, contemplada en el Capítulo V de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.

 

Dilcya García explica que, con el objetivo de corregir los obstáculos operativos que acompañan a este mecanismo, el Reglamento de la Ley General fue objeto de una serie de modificaciones, mismas que ya se encuentran en los últimos procedimientos administrativos, por lo que en breve serán publicadas; además, “porque es una instrucción del presidente que todo el tema reglamentario salga lo antes posible”.

 

Las modificaciones al reglamento buscan, por un lado, hacer más llano el procedimiento y, por el otro, quitarle los elementos subjetivos que pudieran utilizarse con fines políticos. Destaca entre éstas el hecho de que la emisión de la declaratoria ahora estará en manos de un consejo de expertos, constituido por representantes de la academia, la sociedad civil y el Estado. Dicho consejo contará con un sistema de indicadores “de letra muy fría” que le ayudarán a tomar decisiones de manera más científica.

 

En noviembre pasado, en el marco del foro Por la Vida, la Libertad y la Dignidad de las Mujeres, organizado por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres, llamó a revisar el mecanismo de la alerta de género: “¿por qué no han prosperado las solicitudes de declaratoria de alerta de violencia de género?, ¿será que se ha satanizado la figura de la declaratoria de alerta de género, que se le ha pretendido dar un uso político?”.

 

—¿Coincide con Navarrete Gutiérrez en el sentido de que la alerta de género pudiera haber sido utilizada con fines políticos?, se le pregunta a Dilcya García.

 

—No me atrevería a decir de manera contundente que se quiso utilizar así, porque no me consta; y me parece que es una aseveración sumamente delicada. Lo que sí puedo decir es que, como estaba, se podría haber hecho; se podría haber llegado a dar la posibilidad de que fueras [en el caso de los funcionarios de las distintas entidades federativas] cabildeando con otros miembros del sistema para que te ayudaran y no se votara en cuanto a que te iniciaran una alerta de género en tu estado.

 

 

Durante el mismo foro, Navarrete Gutiérrez puso en duda la efectividad de las órdenes de protección, mecanismo jurídico contemplado en el Capítulo VI de la Ley General: “actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares”. El coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres cuestionó el hecho de que la autoridad tenga hasta 24 horas para dictarlas, cuando en cuestión de minutos pueden asesinar a una mujer; además, señaló que el número de órdenes dictadas a nivel nacional durante los últimos años (poco más de 41 mil 296) “es ínfimo frente al fenómeno de la violencia contra las mujeres”.

 

Al respecto, la titular de la Conavim refiere que la existencia de instrumentos como la Ley General, y en concreto de mecanismos como las órdenes de protección, representan “un primer gran paso”, pues antes no “había absolutamente nada”. Sin embargo, “estas nuevas instituciones tienen que probarse en la realidad, y ahora la realidad nos está marcando que se requiere algo más”.

 

—¿Qué posibilidades reales hay de combatir de manera efectiva la violencia contra las mujeres durante la actual administración? Durante la gestión de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, al menos 47 mujeres habrían sido agredidas física o sexualmente por los servidores públicos que participaron en los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco –se le cuestiona.

 

—Yo, evidentemente, he tenido contacto con algunas víctimas; me toca mucho escuchar también esa otra parte. Las víctimas tienen la potestad de exigirle al gobierno que haga su trabajo. E indiscutiblemente, lo digo con mucha convicción, el hecho de estar escuchando al presidente de la República, al secretario de Gobernación, al procurador General de la República, a la subsecretaria [de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación] Lía Limón, entre otros actores políticos, que el plan nacional de desarrollo va a tener perspectiva de género, que se está generando una importante reforma para una ley general penal precisamente para la homologación de tipos penales en el país; ver que firman agendas laborales para la igualdad entre hombres y mujeres en espacios donde no se había hecho jamás; ver que el presupuesto en materia de derechos de las mujeres cada día es más alto, a mí me da un gran optimismo. Si no, yo no estaría aquí.

 

“Existe la voluntad política por parte del gobierno y, por otra parte, la exigencia activa y legítima por parte de quienes han sido afectados y afectadas por estos delitos. Es la dupla perfecta para que esto avance, porque tiene que avanzar y hay la convicción para que así sea”, concluye la representante de la Secretaría de Gobernación.

 

 

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