Kanya D’ Almeida/IPS
Una mujer es detenida en un puesto de control, donde da a luz y muere. Otra es vendida en un mercado de esclavos. Un tanque mata a un niño. Un joven se ahoga en el mar, en el intento de encontrar refugio de la opresión y la pobreza.
Estos fueron algunos de los ejemplos que la jordana Rima Khalaf, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, dio durante una mesa redonda sobre la importancia del estado de derecho, realizada el 7 de julio pasado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.
En cada uno de esos ejemplos, si la persona en cuestión hubiera sido de otro grupo étnico, género o religión, podría haberse librado de una muerte prematura o violenta, ya que habría estado bajo la protección de la ley, reflexionó Khalaf. Pero los ciudadanos a menudo no pueden o no saben cómo reclamar sus derechos legales.
Ahora que la ONU concluirá este año un capítulo de 15 años de esfuerzos de erradicación de la pobreza, definido por los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, y se prepara para adoptar una agenda de desarrollo sostenible, varios expertos se reunieron el martes en Nueva York para discutir cómo el imperio de la ley puede ayudar en la tarea.
Organizado por la Organización Internacional del Derecho para el Desarrollo (IDLO, por su sigla en inglés), un organismo intergubernamental, el encuentro giró en torno a la Meta 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que apunta a la construcción de sociedades inclusivas, facilitando el acceso a la justicia para todos.
La promoción y el fortalecimiento del imperio de la ley en el ámbito del desarrollo internacional parecería “una obviedad”, como sostuvo la directora general de la IDLO, Irene Khan.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que serán aprobados en septiembre, constituyen la primera ocasión en que la ONU incorpora expresamente el estado de derecho a sus planes de desarrollo, destacó.
“Hay una paradoja en la ONU que me molesta profundamente”, admitió Khan. “Casi se podría imaginar como vías de ferrocarril paralelas, con dos trenes”, uno con la agenda de desarrollo y el otro con la agenda de derechos humanos, señaló.
“Espero que el principio del imperio de la ley que ahora se ha reconocido como parte de la agenda de desarrollo reúna a estas dos vías, y que ese encuentro no sea un accidente sino una sinergia”, expresó.
Desde su fundación en 1988, la IDLO es la única organización dedicada exclusivamente a la promoción del estado de derecho y de sistemas jurídicos eficaces en todo el mundo, como base para la erradicación de la pobreza, la lucha contra la discriminación y el acceso a los servicios básicos.
La Organización Internacional del Derecho para el Desarrollo también pone de relieve los vínculos existentes entre la desigualdad y la anarquía, cuando el buen gobierno se escapa por las grietas de los sistemas de justicia débiles, erosionando la confianza del público en las mismas estructuras concebidas para su protección.
Conversando con Khan, un juez en uno de los países socios de la IDLO le dijo que, en su nación, “la gente suele decir: ‘¿por qué contratar a un abogado si puede comprar a un juez?’”.
“El estado de derecho lidia con estas situaciones”, según Khan. El imperio de la ley regula el poder, que es un paso esencial en la realización de los ODS, añadió.
“La pobreza no es una cuestión de ingresos, sino… de falta de poder”, subrayó.
Un ejemplo es Uganda, donde 75 por ciento de la población se dedica a la agricultura de subsistencia. Durante muchos años, la ineficacia del sistema judicial impidió que los granjeros, y en particular las mujeres, pudieran recurrir a los fallos sobre disputas por la tierra.
Pero desde 1995, cuando se fundó la Alianza Agraria de Uganda con el fin de empoderar a la población rural mediante los Centros de Información sobre el Derecho a la Tierra, las leyes y políticas agrarias justas, así como el acceso rápido a la justicia, se volvieron la norma, en lugar de la excepción en ese país africano.
En Ecuador, un programa de formación de la IDLO, sobre el acceso a los mercados de comercio justo y los aspectos jurídicos básicos para abrir y gestionar una microempresa, dio a la población del ámbito rural la capacidad necesaria para aprovechar nuevas fuentes de ingresos.
Y en Ruanda, donde las mujeres ocupaban apenas 43 por ciento de los escaños legislativos en 2003, una nueva constitución y la creación en la última década de consejos femeninos llevó esa proporción a 64 por ciento en 2013, lo que dio lugar a la adopción de leyes más estrictas contra la violencia de género.
Pero “las leyes por sí solas no bastan”, aseguró Khalid Malik, exdirector del Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la mesa redonda.
“Muchos países tienen toda clase de leyes y convenios, pero los comportamientos no se alteran. Si las instituciones no son favorables a los pobres, el cambio no va a suceder”, advirtió. Parte del problema radica en que, con frecuencia, “las instituciones son captadas por las elites”, lo que las hace menos accesibles a los grupos marginados, afirmó.
Hace falta una aproximación al estado de derecho arraigada en la justicia, así como el empoderamiento de la gente común mediante la educación y la salud, entre otras cosas, recomendó Malik.
“Piense en la Primavera Árabe: sucedió sobre todo en los países con buenos servicios de salud y educación […]. Con educación, usted es mucho más consciente de sus derechos, comienza a esperar más de las instituciones, y la relación entre el ciudadano y el Estado empieza a cambiar”, aseguró. (Traducción de Álvaro Queiruga)
Kanya D’ Almeida/IPS
[LÍNEA GLOBAL]
Contralínea 446 / del 20 al 26 de Julio 2015
