Una asociación público-privada echó a los indígenas de la tierra que siempre fue de ellos. Hoy no les permite regresar porque los acribilla. Es el modelo de “conservación” ambiental que se impone en el mundo
Zahra Moloo/Inter Press Service
Mudja, República Democrática del Congo. Un joven indígena bambuti extiende el brazo para mostrar una lesión que le provocó un guardabosques del Parque Nacional de Virunga, en República Democrática del Congo. “Me dispararon antes de ayer, mientras buscaba miel y leña”, relata Giovanni Sisiri.
“Dejé todo, tomé mis herramientas y corrí”, relata el herido, junto a un grupo de jóvenes bambutis –también conocidos como pigmeos– en Mudja, un pueblo 20 kilómetros al norte de Goma, ciudad contigua al parque en las fronteras con Ruanda y Uganda y donde residen unas 40 familias de su etnia.
Los guardas armados se encargan de “proteger” al Virunga de cazadores furtivos e intrusos, a menudo con riesgo para sus propias vidas. La legislación congoleña prohíbe los asentamientos humanos y la caza dentro del parque, incluso para los bambutis, sus habitantes originales.
Los pigmeos que viven en Mudja reconocen que a veces desafían la ley y se aventuran en el parque para recoger leña, cazar pequeños animales y recolectar productos no maderables, pero últimamente con más dificultad.
“Un pigmeo no puede vivir sin el parque. Antes, podían ingresar a escondidas”, señala Felix Maroy, un agrónomo y ganadero que trabaja con los bambutis. “Desde enero de 2015, los guardias siempre están patrullando la zona. Y hay otros grupos armados también, como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR)”, un grupo insurgente, añade.
Imani Kabasele, director de la sucursal local de la organización Programa para la Integración y el Desarrollo del Pueblo Pigmeo, dice a Inter Press Service (IPS) que en 2014 un habitante bambuti de un pueblo vecino, Biganiro, fue a buscar miel y estuvo desaparecido durante 3 días. Finalmente se encontró su cadáver, con cortes de machete. Kabasele cree que fue asesinado por las FDLR.
Militarización y políticas de conservación coloniales
El rey Alberto I de Bélgica creó el Parque Nacional de Virunga, el más antiguo de África, en 1925. El lugar, que hospeda a la cuarta parte de los gorilas de montaña del mundo, se extendió posteriormente hasta abarcar más de 7 mil kilómetros cuadrados de territorio.
Clasificado como patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1979, actualmente es administrado por una asociación público-privada entre el Instituto Congoleño por la Conservación de la Naturaleza (ICCN) y la Fundación de Virunga, que recibe fondos de la Unión Europea.
Los agricultores congoleños que viven en los alrededores del Virunga señalan que su historia colonial genera la impresión de que fue “creado por el mzungu [hombre blanco], para los mzungus”.
Tras la independencia de la República Democrática del Congo se crearon otros parques nacionales. La Coalición Mundial por los Bosques sostiene que su creación expulsó a miles de indígenas, sin su consentimiento ni indemnización por la pérdida de tierras, en “violación del derecho internacional” y la ley congoleña sobre expropiaciones con fines públicos.
Patrick Kipalu, representante en la República Democrática del Congo de la organización Forest People’s Programme, afirma que existe un conflicto activo entre los habitantes próximos al parque y los “conservacionistas, guardabosques y otras organizaciones que trabajan por la conservación”.
“La vieja escuela conservacionista en el período colonial equivalía a ‘expulsar a la gente del bosque’ y a ‘áreas protegidas sin nadie en su interior’”, según Kipalu.
“Cuando los colonizadores abandonaron el país, los belgas instruyeron a quienes administraban las áreas protegidas que la conservación debe realizarse sin gente, a la vieja usanza. Se mantienen las mismas estrategias, aunque el ICCN está considerando una estrategia de conservación que se supone debe incluir e involucrar a las comunidades”, manifiesta.
En 2015, en una carta a Kipalu, un representante de los jefes tradicionales de Lubero, una localidad en la costa occidental del lago Edward, aseguró que el ICCN había expropiado tierras sin el consentimiento del pueblo afectado ni compensación. La carta también acusó al ICCN de destruir e incendiar aldeas.
Un informe realizado en 2004 por un consultor para el Banco Mundial, Kai Schmidt-Soltau, concluyó que el ICCN, junto con el Fondo Mundial para la Naturaleza, afirmó haber reubicado voluntariamente a 35 mil personas de una zona al sudeste del lago Edward, pero que en realidad fue un proceso llevado a cabo “a punta de pistola”.
Las actividades de conservación agresivas forman parte de una tendencia generalizada hacia lo que algunos investigadores llaman la militarización del conservacionismo, un enfoque de protección de la naturaleza por el cual los conservacionistas se involucrarían en políticas represivas.
Jean Claude Kyungu, encargado de relaciones comunitarias del Virunga, dijo que las relaciones del parque con los habitantes de la zona son buenas en algunas áreas, pero no en otras, y que los guardias sólo abren fuego si existe “resistencia” de la población, por ejemplo, cuando las comunidades “reclutan a grupos armados para asegurar la tierra”. Añade que los bambutis son detenidos sólo cuando violan la ley.
Cuando se le pregunta acerca de la conducta represiva de los guardabosques y las fuerzas armadas congoleñas, Norbert Mushenzi, el subdirector del ICCN, afirma que los agentes “actúan en legítima defensa”.
“También intentamos educar a las comunidades para que se vayan y encuentren soluciones alternativas, por ejemplo, a los campos del entorno del parque. Había 350 familias en una zona que se fueron voluntariamente”, sostiene. “El problema no es la tierra. Es que la gente quiere concentrarse en el parque y no sabemos por qué”, reconoce.
Pero dejar el parque y encontrar otros lugares para vivir no es tan simple. Uno de los problemas, según Kipalu, es que quienes viven en el parque ilegalmente no tienen a dónde ir. “El parque es tan grande que abarca toda la zona donde las comunidades trabajan en sus tierras tradicionales”, destaca.
Agrava el problema una situación política más amplia y compleja. Según un grupo de investigadores, Virunga se encuentra en el “epicentro del conflicto en curso [en la República Democrática del Congo] desde 1993-94” y se ve “fuertemente afectado por la dinámica transfronteriza con Ruanda y Uganda”. También es un refugio para numerosos grupos armados nacionales y extranjeros.
Las comunidades que ingresan al parque a menudo lo hacen con la protección de actores armados, y los vínculos con ellos se fortalecen aún más por políticos que se aprovechan del sentimiento generalizado de que el parque expropió tierras ancestrales, lo que lleva a estos políticos, en algunos casos, a “financiar a grupos armados que operan en el parque”.
Los autores sugieren que el parque “adopte un enfoque hacia la conservación que sea más sensible a los conflictos” y que redoble los esfuerzos para mejorar la comunicación local. Pero Jean-Claude Kyungu cree que la estrategia del Virunga no es particularmente represiva, dados los enormes retos a los que se enfrenta.
“En Kibirizi, la población vive con las FDLR. ¿Permitimos que esta gente haga sus propias leyes, no sólo en un parque, sino en un país que no es el suyo? Las personas que no respetan las fronteras tienen que ser retiradas”, subraya. (Este artículo recibió el apoyo de International Women’s Media Foundation)
Zahra Moloo/Inter Press Service
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]
Contralínea 508 / del 03 al 08 de Octubre 2016
