La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha confirmado graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la investigación ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa (ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero).

El documento Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa concluye que –en la etapa inicial de esa investigación– al menos a 34 personas supuestamente implicadas se les habría detenido arbitrariamente y torturado.

Todas las detenciones –aclara el informe, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos– fueron realizadas por personal de la PGR, la Policía Federal y la Secretaría de Marina (Semar).

Los 34 casos documentados de violaciones de derechos humanos ocurrieron a partir del 5 de octubre de 2014, cuando la PGR atrajo la investigación que hasta entonces realizaba la Fiscalía de Guerrero.

Para la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, “estas graves violaciones fueron objeto de investigaciones inadecuadas e incluso de encubrimiento”.

Y es que tras analizar los expedientes judiciales, las fichas médicas que revelan numerosas lesiones y las entrevistas con autoridades, detenidos y testigos, respecto de 63 personas de un total de 129 imputadas, la Oficina asegura contar con “fuertes elementos de convicción” para concluir que al menos 34 sufrieron torturas.

El informe observó “un modus operandi prácticamente uniforme” en las detenciones arbitrarias y torturas para extraer información o confesiones, con demoras significativas en su presentación formal ante el Ministerio Público, lo que las dejó fuera de la protección de la ley.

Las “justificaciones” que la autoridad esgrimio ante el organismo internacional resultaron contradictorias. Y es que la PGR señaló que las lesiones que presentaban los detenidos eran “autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas”.

Otro elemento considerado por la Ofina de la ONU fue la existencia de varias declaraciones auto-inculpatorias supuestamente “libres y espontáneas”, vinculadas precisamente con los detenidos que presentaban múltiples lesiones. Algo que se confirma en los partes médicos, señala.

Por ello, el informe exige que cualquier prueba del caso Ayotzinapa, sobre la que existan razones fundadas de haber sido obtenida bajo la tortura, se excluya o se declare nula y sin efecto, de acuerdo con la Ley General sobre Tortura vigente en México y con las normas del derecho internacional.

Asimismo, insta a la PGR a investigar en un plazo razonable e identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, las torturas y otras violaciones de derechos humanos.

Según la Oficina de la ONU, en 2016 la Visitaduría General de la PGR “llevó a cabo un esfuerzo genuino para investigar algunas de las violaciones; pero esa investigación interna fue frustrada posteriormente por el remplazo de los funcionarios comprometidos con dicho empeño y, hasta la fecha, no se han producido imputaciones ni sanciones en relación con los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos”.

Al respecto, Zeid Ra’ad Al Hussein –Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos– señaló que “las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa”.

Al presentar el informe en Ginebra, agregó que “esta pauta no sólo constituye una violación de los derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de septiembre de 2014, sus familiares y la sociedad en su conjunto”.

Para la Oficina de la ONU es muy importante que el Estado mexicano elabore y aplique el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, y que el Congreso adopte reformas legales que garanticen realmente la independencia, autonomía y profesionalismo de la Fiscalía General de la República y que incluya órganos de control interno y procesos de rendición de cuentas.

A través de un comunicado de prensa, también se pide al Estado mexicano instrumentar la recomendación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la creación de un consejo asesor de lucha contra la impunidad.
Además aclara que el informe no aborda quiénes fueron los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes y de las muertes de otras seis personas. “Sin embargo, al arrojar más luz sobre algunas de las deficiencias de la fase inicial de la investigación, busca contribuir a la verdad en lo referente a estas desapariciones”.

El Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein señaló que “el caso Ayotzinapa pone a prueba la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones graves de derechos humanos. Durante 3 años y medio las familias de las víctimas han luchado por su derecho a conocer qué les ocurrió a sus seres queridos. Insto a las autoridades mexicanas a garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa y a llevar ante los tribunales a los responsables de las torturas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la investigación”.

Nancy Flores