Con la Ley de Seguridad Interior (LSI), que entró en vigor en diciembre del año pasado, se institucionalizarán las medidas represivas y se les dará respaldo legal a las violaciones a los derechos humanos que comentan las las Fuerzas Armadas, señala el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
La guerrilla, en la edición más reciente de u órgano de difusión, El Insurgente, considera que los abusos y la represión se recrudecerán. “Si el terrorismo de Estado se desplegaba en la impunidad para sus perpetradores materiales, los cuerpos policíaco militares, ahora su ejecución forma parte institucional del régimen, reconocido legalmente por su estado de derecho. En México se ejecutará legalmente el terrorismo de Estado”.
Entre ambigüedades sobre lo que representa un riesgo o amenaza para la seguridad nacional, se le suma que no será tratado bajo los protocolos de seguridad pública –condición necesaria para garantizar el respeto a los derechos humanos–, pues la ley dice: “en ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública”.
Cabe señalar que esta ley fue impulsada en vísperas de las elecciones de este año y, según el EPR, “constituye la preparación del terreno legal para una ofensiva policíaco militar contra toda posibilidad de insurrección del pueblo, tiene destinatario y por ello también su instrumento ejecutor, las Fuerzas Armadas”.
“Si todo este baño de sangre se ejecutaba y sólo bastaba decir ‘se cumplió con los protocolos’ y diluir los crímenes de Estado, ahora con la Ley de Seguridad Interior ‘no será necesario cumplir con los protocolos’; bastará con que el objetivo a abatir se considere riesgo y amenaza a la seguridad interior, algo que se define desde el criterio de clase según las necesidades de la oligarquía, tanto en tiempo y forma. Para eso fue creada la Ley de Seguridad Interior”, añade el EPR.
Rodrigo Ek
