Washington, Estados Unidos. Un año después de la decisión del presidente estadunidense Donald Trump de revertir gran parte del acercamiento a Cuba, dos realidades resultan evidentes: el retroceso en los vínculos y el interés de muchos sectores en mejorarlos.

Ambos países ya habían vivido 2 años y medio de un nuevo rumbo en sus lazos luego de que sus respectivos gobiernos anunciaran el inicio de un proceso de normalización de relaciones, cuando el 16 de junio de 2017 el gobernante anunció que eliminaría algunos de los avances alcanzados.

“Con efecto inmediato, estoy cancelando el trato completamente unilateral de la última administración”, expresó Trump ese día en un teatro de la ciudad de Miami, ante un grupo poco representativo de cubanos al que el mandatario se dirigió como si encarnara a todos los nacidos en la isla.

Aun cuando sondeos sobre el tema mostraban el apoyo mayoritario del pueblo de este país a nexos más estrechos con el territorio vecino, el republicano firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba.

Tal documento anunció futuras restricciones a los viajes de los estadunidenses a la nación caribeña y más obstáculos para las transacciones económicas, comerciales y financieras.

En una alocución marcada por numerosas demandas injerencistas, el jefe de Estado ratificó entonces la vigencia del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a la mayor de las Antillas hace más de 55 años.

Meses después de ese discurso, el 9 de noviembre, entraron en vigor las anunciadas restricciones, entre ellas que las personas sujetas a la jurisdicción estadunidense tienen prohibido realizar transacciones financieras directas con unas 180 entidades y subentidades cubanas.

Se determinó también que los viajes de estadunidenses a la isla continuarían restringidos a 12 categorías existentes desde antes, ninguna de ellas con fines turísticos, pero se eliminaron las visitas educativas individuales “pueblo a pueblo” sin carácter académico, entre otras medidas.

El gobierno de Cuba rechazó tales regulaciones y afirmó que la decisión de la Casa Blanca confirmaba un recrudecimiento del bloqueo, política que sólo una semana antes había sido nuevamente condenada en la Organización de las Naciones Unidas por 191 países.

Al mismo tiempo, mientras algunos legisladores celebraron las medidas, y otros como el senador republicano Marco Rubio llegaron a decir que debían ir más lejos, varios miembros del Congreso y sectores económicos las rechazaron.

La representante demócrata Kathy Castor consideró que tales regulaciones son parte de la postura retrógrada de Trump para volver a políticas aislacionistas fallidas contra la isla y su pueblo.

En tanto, el congresista republicano Mark Sanford señaló que la prohibición de viajar a Cuba, promulgada en un momento álgido de la Guerra Fría, era anticuada y una limitación injusta de la libertad estadunidense.

Antes de que entraran en vigor las medidas anunciadas por el presidente en Miami, comenzó otro capítulo que también golpeó fuertemente los lazos bilaterales: en agosto pasado, la prensa estadunidense difundió que diplomáticos de su país en la embajada en La Habana reportaron una serie de incidentes de salud que obligaron su salida de la isla y una evaluación por parte de personal médico en Estados Unidos.

Pese a que Cuba manifestó repetidamente no tener responsabilidad en los hechos y cumplir de manera responsable con lo establecido por la Convención de Viena de 1961 acerca de la protección de diplomáticos, el 29 de septiembre el Departamento de Estado dio a conocer la retirada de más de la mitad de su personal en la nación antillana.

Asimismo, anunció que se suspendía la emisión de visas allí, y publicó una alerta de viajes en la que recomendó a sus ciudadanos evitar las visitas al país caribeño.

Esas decisiones, calificadas de excesivas por miembros del Congreso y algunos sectores estadunidenses, fueron seguidas el 3 de octubre por la expulsión de 15 diplomáticos cubanos de esta capital, medidas todas que se mantienen hasta el presente.

No es de extrañar entonces que este 14 de junio, cuando las dos naciones celebraron en Washington la VII Reunión de la Comisión Bilateral, el país caribeño rechazó el retroceso impuesto a los nexos y llamó la atención sobre sus consecuencias negativas para ambos pueblos, la emigración y el entorno regional e internacional.

La delegación cubana reiteró que el bloqueo continúa siendo el obstáculo fundamental para cualquier perspectiva de mejoramiento en las relaciones mutuas y denunció el recrudecimiento de esa política.

También instó a desistir de la manipulación política de los alegados casos de salud, que Washington insiste en calificar de ataques pese a reconocer que desconoce sus causas.

Continuo apoyo al acercamiento

Pese al contexto actual, el presidente de la coalición Engage Cuba, James Williams, declaró recientemente a Prensa Latina que a donde quiera que van observan más apoyo al mejoramiento de los nexos.

El titular, cuya organización promueve el levantamiento del bloqueo, lamentó que la administración de Trump sólo escuchó un par de voces dentro del Congreso y se puso del lado equivocado de la historia.

“Pero eso no significa que el apoyo del pueblo estadunidense y en el Capitolio haya disminuido, creo que se ha intensificado”, manifestó.

Como mejor prueba de sus palabras estuvo la creación el 11 de junio del Consejo Estatal Pensilvania-Engage Cuba, integrado por destacados líderes del lugar y destinado a buscar apoyo a la apertura hacia la isla, y al fin de las restricciones de viaje y comercio.

Ese territorio se convirtió así en el número 18 en unirse a la organización de Williams, algo que había realizado anteriormente Arkansas, Alabama, Colorado, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nuevo México, Ohio, Tennessee, Texas y Virginia.

También la senadora demócrata Heidi Heitkamp anunció que el Comité de Agricultura del Senado aprobó una enmienda introducida por ella y el republicano John Boozman para aumentar el acceso al mercado cubano de productos agrícolas estadounidenses.

La disposición, introducida en el proyecto de Ley Agrícola de 2018, permitiría al Departamento de Agricultura utilizar sus programas de desarrollo de mercados de exportación para crear, expandir y mantener la presencia en la nación vecina, sin costo adicional para los contribuyentes estadunidenses.

Ése es uno de los diversos esfuerzos legislativos defendidos miembros del Congreso, entre los cuales se incluye la Ley de Exportaciones Agrícolas a Cuba, que cuenta actualmente con 64 copatrocinadores en la Cámara de Representantes.

Durante este periodo, además, ha continuado de forma activa la labor de las organizaciones de solidaridad con Cuba, que en octubre último celebraron en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, su más reciente conferencia anual.

A 12 meses de la firma de un memorando que perjudica los vínculos bilaterales, muchas personas en Estados Unidos lo que desean con la isla es lo expresado en La Habana por el senador republicano Jeff Flake: “más cooperación, más viajes, más comunicación y una mejor relación”.

Martha Andrés Román/Prensa Latina

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