Para combatir a la delincuencia organizada, como afirma el próximo secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo, se debe empezar por seguir las huellas del dinero ilícito, y en ese entendido el próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador debería investigar a los 31 gobernadores y al jefe de gobierno de la capital del país, con el objetivo de descubrir a políticos que protegen, encubren y son cómplices de cárteles de la droga, que lavan dinero y que sus fortunas son producto del enriquecimiento ilícito.

Son varios casos de exgobernadores –algunos de ellos presos, otros en proceso, unos más prófugos y muchos impunes– que tienen expedientes penales, tanto en México como en Estados Unidos (una de ellas, la acusación criminal C-17-146, radicada en la Corte del Distrito Sur de Texas), por sus vínculos con el narcotráfico, el blanqueo de capitales y defraudación fiscal.

A menos de 4 meses de que concluya la actual administración de Enrique Peña Nieto, marcada por la impunidad y protección del gobierno federal a mandatarios estatales, damos cuenta de documentos internos de la Procuraduría General de la República (PGR) que confirman la existencia de expedientes abiertos en contra de exgobernadores que han sido ocultados y que, ante la inminente llegada de nuevos funcionarios al Ministerio Público Federal, podrían ser desaparecidos.

Éste es el caso de dos “tarjetas informativas” enviadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la oficina del titular de la PGR.

El par de reportes los recibió la maestra Arely Gómez González hace poco menos de 2 años, antes de dejar la Procuraduría a finales de 2016 para asumir la Secretaría de la Función Pública. En éstos se le informaba sobre el involucramiento de tres exgobernadores de Tamaulipas con el crimen organizado, dos de ellos ya presos: Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, y otro más en libertad.

Lo interesante de esa información confidencial que recibió la entonces procuradora es que en la lista de acusados por la PGR, con fecha de 2016, aparece el nombre del senador priísta Manuel Cavazos Lerma, a quien se ha protegido en todo el sexenio, como ocurrió a principios de 2013, cuando la misma SEIDO determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de este exgobernador, mientras que el gobierno de Estados Unidos mantiene abierta una acusación en su contra en sus tribunales.

Senador de la República y nombrado en mayo de 2018 secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cavazos Lerma ha librado las investigaciones penales en su contra, aunque en documentos internos de la PGR aún aparece como presunto implicado por vínculos con el crimen organizado, suerte que podría cambiar para este exgobernador tamaulipeco ante la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República.

Los otros dos exgobernadores –Yárrington Ruvalcaba y Hernández Flores– que no corrieron con la misma suerte o protección de Los Pinos, y que desde prisión enfrentan procesos penales por vínculos con el crimen organizado, también son mencionados junto con Cavazos Lerma en ambas “tarjetas informativas” enviadas por la SEIDO a la maestra Arely Gómez.

La información que obra en la indagatoria afirma que las acusaciones en contra de los tres exgobernadores tamaulipecos está sustentada en dictámenes contables, y concluye que Cavazos Lerma y Yárrington Ruvalcaba “tienen diferencias entre lo declarado [por ambos exmandatarios] ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo operado en el sistema financiero; sin embargo, de la información que se tiene se debe (todavía) recabar declaraciones de diversas personas en calidad de indiciados y otros como testigos, que nos pueda llevar a establecer el origen ilícito de los recursos”.

Por el momento, añade el documento, “las pruebas que obran en la indagatoria no son suficientes y aptas para acreditar la ilicitud de los recursos, por lo que no se podría [en 2016] ejercer acción penal por el delito de ORPI (origen de recursos de procedencia ilícita); sin embargo, sí se podría encuadrar en un delito fiscal”.

La SEIDO solicita autorización para investigar más, pues aunque de acuerdo con declaraciones de testigos, la información de bancos, de la Secretaría de Hacienda, de registros públicos y de declaraciones patrimoniales (de los exmandatarios) se puede establecer su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, de conformidad con el dictamen contable se podría establecer de inmediato el tipo penal de defraudación fiscal. Hasta la fecha, sin embargo, nada se ha hecho en contra de Cavazos Lerma.

Otras personas físicas y morales mencionadas en la averiguación previa como “probables responsables” son: Seyed Mohammad Farough Fatemi Corcuera, Fernando Alejandro Cano Martínez, Eduardo Rodríguez Berlanga, Antonio Peña Argüelles, Miguel Alberto Treviño Guevara, Alfredo Sandoval Musi, Jorge Max Castillo Treviño, Bernardo González Soto, Napoleón Rodríguez de la Garza, Mauricio Bernardo González Fernández, Alberto Berlanga Bolado y Pablo Zárate Juárez; así como las empresas Osaka Agropecuaria, El Mirador de Colmenares, Expide Tecnología, GMC, Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, Champayan Residencial, GMC Desarrollo Industrial Altamira, Constructora y Proveedora Confer.

En una de esas tarjetas que envía Gustavo R Salas Chávez como subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada señala: “Asunto. Exgobernadores Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma”. En ese documento interno elaborado hace 2 años refiere como antecedentes:

“El 6 de octubre de 2014, se inició la AP UEIOIRPIFAM/AP/229/2014, con motivo de la remisión por incompetencia a esta unidad especializada por parte de la UEIDCS (Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud), de la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, misma que a su vez se había iniciado con motivo de la denuncia de hechos formulada por Jesús Rodrigo Andrade Gallegos, en la cual hace imputaciones en contra de Manuel Cavazos Lerma, Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, señalando que los referidos políticos (exgobernadores de Tamulipas) se encuentran relacionados con actividades delictivas del Cártel del Golfo y Los Zetas”.

La tarjeta informativa elaborada en 2016 agrega: “De las declaraciones se desprenden imputaciones contra Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba, refiriendo principalmente que prestó apoyo al Cártel del Golfo, por lo que se ordenó desglose de actuaciones iniciándose la indagatoria PGR/SIEDOUEIDCS/240/2012, misma que el 6-ago-12 se ejerció acción penal contra Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba, y el 8-ago-12 el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, dentro de la causa penal 122/2012, libró orden de aprehensión en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa misma naturaleza.

 “El 27-feb-de 2014, el juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal negó la protección de la justicia de la Unión a Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba, en relación a la orden de aprehensión.

 “El 18.mar-14, Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba interpuso recursos de revisión en contra de la resolución del 27 de febrero de 2014, a la fecha no se ha resuelto”.

El documento de SEIDO señala a varios empresarios y políticos, pero resalta la acusación del empresario Seyed Mohammad Farough Fatemi Corcuera, de quien dice motivó el inicio de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, ahora UEIORPIFAM/AP/229/2014, en donde hay información que establece su relación con seis empresas que tienen “operaciones inusuales” y “operaciones de procedencia ilícita”.

Ese empresario es amigo de los exgobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge –con quien fue compañero de universidad en Nuevo León–, y de Tamaulipas, Eugenio Hernández, para quienes lavaba dinero producto de actividades de los cárteles del Golfo y Los Zetas, según se desprende del expediente en poder de PGR.

La segunda “nota informativa”, que es el documento más extenso, refiere declaraciones de “testigos protegidos y sus nombres clave”, quienes involucran a los tres exgobernadores tamaulipecos, los estados contables de empresas y a las personas relacionadas con el lavado de dinero producto de operaciones del crimen organizado, pero de ello daremos cuenta en próximas columnas.

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