Más de 40 agroparques fueron beneficiados con recursos públicos por arriba de los 385 millones. Este modelo de negocio no impactó en los eslabones más bajos de la cadena productiva. Todo se quedó en manos de los agroempresarios

Del presupuesto destinado al “agotado” campo mexicano, el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó 385 millones 420 mil 240 pesos a conglomerados agroindustriales, a través de Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Desarrollo de Clúster Agroalimentario, operado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Entre los beneficiados figuran agroempresarios priístas como Jesús Viscarra, al que se le dotaron 50 millones para el Agroparque SuKarne Lucero (Contralínea 525), ejemplo de lo que significó incrementar la brecha entre aquellos que no tienen ni siquiera para producir sus propios alimentos y los más beneficiados por esta administración.

“Se ha vivido un sexenio más de abandono al campo y de resistencia para los campesinos, con un bajo índice de apoyos, contrario a los beneficios para los grandes empresarios”, dice Antonio Medrano, secretario técnico del Frente Auténtico del Campo (FAC), integrado por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y el Movimiento Social por la Tierra.ç

Los proyectos han evidenciado la deficiente administración en este sector, el modelo de negocio no ha repuntado y ha presentado daños en su manejo económico, revelan dos evaluaciones oficiales. Además, se han detectado irregularidades en su operación, por lo que la Auditoría Superior de la Federación ha fiscalizado los recursos.

Estas irregularidades se han desarrollado en el contexto de un campo mexicano en el abandono y con una la brecha de desigualdad económica creciente; mientras que menos del 10 por ciento de las unidades rurales tienen ingresos superiores a los 562 mil pesos anuales, las más desfavorecidas sobreviven con menos de 17 mil pesos al año y representan más del 72 por ciento de las unidades rurales.

Por ello, en el país es un tema pendiente observar los resultados que ha generado el desarrollo de estos proyectos. “Se considera que para los pequeños productores será complicado incursionar en un agroparque, dada la cantidad de recursos y experiencia que se requiere. Es importante considerar la identidad cultural y territorial sobre el agroparque, para que los procesos y el normal funcionamiento no se vea amenazado en un futuro”, dice el estudio Cadenas de valor, agroclusters y agroparques, elaborado los investigadores Sergio Roberto Márquez Berber, Alma Velia Ayala Garay, Isabel Mamani Oño, Mary Kimberly Miranda Reyes y Reyna Azucena Luna Olea, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados.

Del compendio de listas publicadas por la Sagarpa se desprende que hay 47 proyectos, con recursos del erario por más de 385 millones de pesos en todo el país, de 2014 a 2016. Los ejercicios fiscales de 2017 y 2018 cuentan con 24 proyectos de los que no se rinden cuentas de los montos, empresa ni desarrollo del proyecto.

Los estados que más se han allegado de estos recursos son: Sonora, Chiapas, Jalisco, Puebla, Chihuahua, Colima, Estado de México, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí.

El incipiente desarrollo

El desarrollo de los agroparques en México es todavía muy incipiente, indica el estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, de la Cámara de Diputados.

En el análisis, los investigadores indican que con este modelo de producción, la creación de empleos en total es menor a los 4 mil empleos. “Por lo tanto, su impacto es todavía escaso. Ninguno de los agroparques en funcionamiento ha desarrollado todo el modelo propuesto por los Países Bajos. No hay compras ni ventas consolidadas. Tampoco se han instalado las instituciones para la creación de innovaciones, ni se han favorecido los intercambios de experiencias entre las empresas”.

Este tipo de proyectos son los nuevos coyotes del campo, los nuevos intermediarios, critica el líder del FAC, Juan Antonio Medrano. El agroparque o agroclúster compra a los pequeños productores, acopia las cosechas en esa infraestructura y “terminan fortaleciendo a los coyotes, para quedarse con lo que llaman ‘valor agregado’. ¡No puede ser que con recursos públicos se fortalezcan las cadenas de compradores o acopiadores! ¡Es inaudito!”, dice.

Ejemplo del mal funcionamiento de este modelo es el del llamado Agropark, ubicado en Ajuchitlán, Querétaro. En este clúster se encuentran instaladas las empresas: Finca Ahuehuetes, Solar Garden, Hortinvest México, Geopónica, Hi Tech Garden, ISER, Hi Tech Farms, Hydrofood, Natural Food Planet, Rain Harvest, Sunny y Veggy Prime.

Entre las observaciones del este estudio de la Cámara de Diputados se lee hay una empresa inmobiliaria encargada de administrar este parque agroindustrial, bajo el régimen de condominio. Otras partes importantes del agroparque: la Comercializadora, el Certificador de Calidad y el Centro de transferencia de tecnología y capacitación todavía no se han materializado.

“Debido a lo anterior y a la operación independiente de las empresas, todavía no se aprovecha el potencial total del agroparque. Es decir, no existen compras consolidadas de insumos o de servicios. No se realizan ventas consolidadas de la producción. No hay generación de nueva tecnología, ni interacciones efectivas que permitan aprovechar de manera adecuada el clúster”, indica.

Además, las inversiones requeridas para poner en funcionamiento un agroparque son cuantiosas, “lejos del alcance de la gran mayoría de los agricultores mexicanos. Sin apoyos gubernamentales, sólo el estrato de productores con unidades económicas rurales con actividad empresarial dinámica está en posibilidades de realizar dichas inversiones”, menciona el estudio.

Agroclúster, en beneficio propio

Recién empezado el proyecto en la Sagarpa, y bajo sospecha de malos manejos en la secretaría, la Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoría forense al primer año de operaciones del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Desarrollo de Clúster Agroalimentario el que se desprendió un dictamen que indica que la Sagarpa no vigiló el cumplimiento de los Convenios de Concertación que signaron con los 41 beneficiarios del componente AGROCLUSTER 2014:

“[…] se demostró el incumplimiento por parte de diversos beneficiarios, sin que la dependencia haya iniciado en ninguno de los casos los procedimientos administrativos correspondientes para la cancelación de los incentivos y, en su caso, la devolución de los recursos federales otorgados.”

La ASF indica en esa auditoría, la única que se ha realizado a ese programa en este sexenio, que en la Sagarpa se han “observado diversas conductas irregulares en la aplicación de los recursos, como en los gastos asociados a la operación de los programas revisados, que han derivado en Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, Pliegos de Observaciones y Denuncias de Hechos”.

Entre los posibles daños que detectó la ASF en 2014, se encuentran observaciones por 35 millones de pesos, debido a que “los beneficiarios de los proyectos AG14_0058, AG14_0052, AG14_0017 y AG14_0033 del componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014 del Estado de Sonora no integraron a productores ni asociaciones de productores para llevar a cabo la asociatividad con los eslabones de la cadena productiva del ramo, por lo que no desarrollaron un clúster agroalimentario, obteniendo un beneficio exclusivamente propio…”.

Campo, desigualdad económica

La disparidad económica que hay en el sector agropecuario se refleja en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, pues mientras que hay empresas que generan divisas por más de 20 mil millones de dólares anuales; en contraste, la gran mayoría de las unidades económicas rurales son de subsistencia o autoconsumo y no necesariamente alcanzan la producción mínima para la nutrición.

En nuestro país, indica el documento, hay más de 5.3 millones de unidades económicas rurales de las cuales 3.9 millones (el 72.6 por ciento del total) se caracterizan por ser de subsistencia o con limitada vinculación al mercado y presentan ingresos anuales netos menores a 17 mil pesos.

Apenas el 8.3 por ciento, es decir 442 mil unidades económicas rurales, están en transición, lo que significa que han dejado de ser de subsistencia para incursionar al mercado y registran ventas anuales promedio de 73 mil 931 pesos.

El 9.9 por ciento de las unidades económicas de producción, 528 mil, tienen una actividad empresarial con rentabilidad frágil y sus ingresos por ventas promedio anuales ascienden a 152 mil pesos.

Las más pujantes son sólo 448 mil unidades, 8.4 por ciento, con ingresos anuales superiores a 562 mil pesos “y únicamente poco menos de 18 mil unidades (0.3 por ciento del total) pertenecen a un estrato empresarial dinámico, con escala productiva comparable con empresas de la industria o del sector servicios y cuyo principal problema es el de alcanzar niveles de competitividad de largo plazo. Este estrato dedica una parte importante de sus ventas al mercado internacional y es el que presenta mejor desarrollo de capacidades”, indica el Programa publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La brecha económica que hay en el campo se refleja en la pobreza misma que hay en él y que forma parte del total de 53.4 millones de mexicanos en pobreza. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2016 existían en el ámbito rural mexicano 16.7 millones de personas en situación de pobreza y de estos, el 40.1 por ciento está en condiciones de pobreza moderada y 21.5 por ciento en pobreza extrema.

El Coneval indica que la población del sector rural de México “es particularmente vulnerable ya que presenta ingresos bajos y estacionales, ausencia de un salario fijo, altos riesgos de salud, rezago educativo, envejecimiento y exposición a riesgos naturales”.

El organismo encargado del análisis de las políticas públicas expone que entre causales de la pobreza de las familias rurales son: “bajos ingresos y bajo desarrollo de capital humano, que a la larga ha generado un círculo vicioso. Es decir, los bajos ingresos no les permiten acceder a los servicios de salud, educación, capacitación y alimentación, generando un bajo desarrollo de capital humano que los lleva a que se incorporen o realicen actividades de baja productividad y por lo tanto, de baja remuneración, perpetuando así la pobreza”.

“Tenemos un campo con más pobres, con parcelas más abandonadas, los apoyos no llegaron, la reforma para el campo que se presumió y que formaban parte de las reformas estructurales no se hizo. No hubo un diálogo democrático con las organizaciones y el movimiento campesino más importante de este país y eso trajo como consecuencia que las políticas que se han venido aplicando durante los últimos 30 años fueran las mismas. No hay subsidios para los pequeños productores que les permita ser competitivos ante la apertura comercial que se dio con el TLCAN [Tratado de Libre Comercio de América del Norte].

 “En el presupuesto público se siguió dando prioridad a los grandes empresarios de este país, a los que producen hortalizas, berris…Fue que era necesario que se enfocara el presupuesto público, hacia las 5 millones de unidades agropecuarias de producción del medio rural. Sin embargo, se siguió la misma política de apoyar a los grandotes, pretextando que con eso la balanza comercial agropecuaria es autosuficiente, por lo que seguimos importando maíz, trigo, sorgo y alimentos como carne de bovino y puerco”, critica Antonio Medrano, líder del FAC.

[INVESTIGACIÓN][CAMPO][SEMANA][D]

Érika Ramírez