De un total de 564 medios, sólo 20 concentraron el 66 por ciento de los 3 mil 200 millones de pesos que el gobierno federal gastó en publicidad oficial durante 2019

De los 3 mil 245 millones de pesos que el gobierno federal gastó en publicidad oficial durante 2019, sólo 20 medios ­–de un total de 564– concentraron el 66 por ciento. De éstos, nada más cinco facturaron el 40 por ciento: Grupo Televisa, Estudios Azteca, La Jornada, Medios Masivos Mexicanos y Grupo Fórmula.

“Sí se redujo el gasto en publicidad oficial pero la concentración sigue siendo la misma, mismos beneficiarios acaparando las tajadas más grandes del pastel. Y esto atenta contra el derecho a la información y a la libertad de expresión, tanto de los medios de comunicación como de la sociedad en sí”, comenta en entrevista Ricardo Reyes, coordinador jurídico y de pluralidad mediática del Programa de Derecho a la Información en Artículo 19.

Consultada por separado, Paulina Castaño, investigadora del Programa de Justicia Fiscal de Fundar, comenta: “las dos primeras siguen a la cabeza, y esto se supone que iba a cambiar. Algo nuevo es La Jornada, que ya está en este top 10 de los grandes beneficiarios, pero realmente no hay tanta variación”.

Explica que los cambios sí se ven en los montos que recibieron los medios de comunicación. Por ejemplo, comenta que Televisa recibió 360 millones 253 mil 325 pesos en 2019, pero en el sexenio de Enrique Peña Nieto llegó a recibir “hasta 2 mil millones por año”.

Paulina Castaño, quien trabaja en el proyecto Publicidad Oficial, observa que la disminución drástica del gasto resulta positiva si se toma en cuenta que con Peña Nieto y gobiernos anteriores “el gasto era excesivo, no había límites y había sobre ejercicios impresionantes, incluso por arriba del 50 por ciento”.

No obstante, el análisis presentado por ambas organizaciones no presenta la variación porcentual entre los ejercicios 2018 y 2019, dato que permite observar el recorte o incremento aplicado por el gobierno federal a cada uno de los medios contratados.

Malas prácticas

Para Paulina Castaño, el subejercicio presupuestal en 2019 de las partidas 36101 y 36201 “Servicios de comunicación social y publicidad”, y 33605 “Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades” también se considera una característica negativa.

“No se ejercieron todos los recursos que se presupuestaron al inicio del año, 5 mil 200 millones de pesos. Al final se ejercieron alrededor de 3 mil 200 millones de pesos y se dejaron de ejercer 2 mil millones de pesos que son importantes y necesarios para los medios de comunicación”, indica.

Y agrega que “está bien que se haya reducido el gasto como lo veníamos pidiendo y como la política de austeridad de este gobierno lo ha manifestado desde el inicio. Pero si lo vas a hacer tienes que tener criterios claros de asignación y de distribución de estos recursos. Porque si no, vas a seguir arrastrando las problemáticas de publicidad oficial que había en sexenios pasados”.

La investigadora de Fundar considera como “malas prácticas” que persisten en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la concentración del gasto en pocos medios, la discrecionalidad y la opacidad de su asignación.

Por su parte Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), comenta que “no ha cambiado demasiado la práctica de privilegiar a algunos medios”. Coincide en que “el tema de la publicidad sigue siendo discrecional y centralizado desde Presidencia. Es algo que hemos observado y lo que el país requiere en una nueva relación gobierno-prensa, una mayor transparencia y claridad en el ejercicio de los recursos públicos”.

Necesarios, criterios claros de asignación

Paulina Castaño comenta que los datos proporcionados por el Sistema de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública (SFP) evidencian que se profundizó la desigualdad con la asignación discrecional de publicidad oficial durante el año pasado. “El que se concentre la mayoría de estos recursos es dañino porque vas ampliando la brecha de desigualdad y no le das acceso a esos recursos a otros medios”.

La investigadora de Fundar defiende la necesidad de generar “criterios claros de asignación”, tal como lo propusieron en 2018 junto a otras organizaciones agrupadas en el colectivo Medios Libres. “No nada más es darle recursos al medio que tiene más amplitud geográfica. Hay campañas que son muy específicas, para comunidades muy específicas. A lo mejor en esa comunidad no llega la televisión y a lo mejor lo que necesita esa comunidad es el perifoneo para que la información llegue”, advierte.

Pone por ejemplo la campaña de salud para frenar la transmisión del virus de chikunguña que promovió el gobierno de Peña Nieto: “Había una campaña de comunicación muy importante en la Ciudad de México y en algunos estados del norte, cuando el problema en ese momento estaba en el sur, en Chiapas y Oaxaca, donde no llegaba la publicidad oficial. Entonces ese tipo de cuestiones de idoneidad aún no las tenemos”.

Al respecto, Ricardo Reyes de Artículo 19 comenta que “aunque Televisa tiene gran presencia nacional e incluso internacional, no significa que sea el medio idóneo para difundir determinados mensajes a determinadas comunidades o poblaciones. Esto porque vivimos en un país pluricultural donde existen brechas tecnológicas, de conectividad, culturales, de idiomas, de accesibilidad… A veces los medios idóneos pueden ser medios locales, que se enfocan justamente al trabajo muy de cerca de estas comunidades”.

“Desde el colectivo Medios Libres, cuando impulsamos la iniciativa ciudadana después de que entrara en vigor la actual Ley General de Comunicación Social [en mayo de 2018], un tema que poníamos sobre la mesa, era que dentro de las políticas y los criterios de asignación debería haber uno muy específico sobre la planeación anual de las estrategias de comunicación social”, comenta.

La iniciativa, entre otros puntos, señala que debe tomarse en cuenta la idoneidad del medio empleado para llegar a la población objetivo y la efectividad en relación con el nivel de penetración cuantitativa. Además, prevé la vigilancia de los procesos de asignación. Dos años después, este esfuerzo permanece truncado por el mismo gobierno que en campaña les había prometido tenerlo como prioridad.

Abrogación estancada en la SCJN

“Incluso antes de que [el presidente Andrés Manuel López Obrador] tomara posesión, era un tema que nos dijeron que sí iban a atender en su primer año, en su primera sesión en el congreso. No ha sido así. Ellos eran oposición hace dos años e impulsaban este tipo de reformas, pero ahora la configuración es otra, los intereses son otros, las prioridades son otras”, lamenta Ricardo Reyes.

“De nuestras últimas cartas que estamos jugando son las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Ley General de Comunicación Social. Ya va para dos años y ha estado en espera de que se discutan en el pleno de la Corte. Desde Artículo 19 y Fundar presentamos un amicus curiae para reforzar y argumentar a favor de estas acciones de inconstitucionalidad y ahorita estamos en espera de que la Corte lo retome”.

Explica que antes de que se suspendieran los plazos, debido a la contingencia sanitaria por Covid-19, el tema estaba enlistado para ser discutido en cualquier momento. “Cuando entraron en suspensión, la Corte había mencionado que iba a sesionar casos prioritarios y eso configuró el orden de los temas pendientes. Actualmente no está en lista”, comenta.

Para Ricardo Reyes, de Artículo 19, “la Corte también tiene una responsabilidad para resolver los temas pendientes que tenían y hacemos un llamado para que retome estas discusiones”.

Paulina Castaño, de Fundar, también recuerda que al inicio del sexenio mantuvieron “muchas pláticas con funcionarios para garantizar el cambio en la Ley. Nos prometieron que sí, que se iba a abrogar la Ley o que se iba a modificar y que se iban a poner estos criterios claros. Hasta la fecha no vemos nada, no hemos tenido comunicación con la oficina de la Presidencia de la República. No hay motivación por parte del gobierno a que cambien las cosas”.

En opinión de Balbina Flores, representante de RSF, este tipo de cambios no son fáciles para un gobierno y se resiste. “Este gobierno está haciendo todo de manera bastante lenta en aquello que no le importa demasiado. No es una de sus prioridades, digamos. Por otra parte, esa resistencia también tiene que ver con una tentación de seguir manteniendo el control: el tema de la discrecionalidad”.

Señala también que ya han transcurrido dos años de este sexenio y “el gobierno está en su última oportunidad de poder regular este tema de la publicidad oficial. Si no lo hace en el año que sigue, va a ser muy difícil que después pueda hacerlo porque vienen cuestiones políticas muy fuertes”.