La segunda sesión de los seis directores ejecutivos del Instituto Federal Electoral (IFE) –que para tratar “asuntos de extrema urgencia o de gravedad” había convocado, en su doble calidad de presidente del IFE y presidente de la Junta General Ejecutiva, el consejero Leonardo Valdés Zurita– no era, ese día 24 de febrero, para honrar con algún homenaje a la bandera, sino para pisotearla con su propuesta de aprobar que los ocho consejeros se aumentaran al doble su sueldo mensual, y recibir así casi 370 mil pesos.

Éstos, claro, libres de impuestos, ya que el IFE se los paga y, además, reciben, cada uno, cinco celulares, que paga también la institución; dos choferes, dos automóviles.

Y desayunos, comidas y cenas gratuitamente, al presentar las facturas y cubrirles el importe. Esto sin contar cuánto piden para saciar su apetito, durante las sesiones, alegando que no tienen tiempo para salir de sus oficinas.

El contralor interno del IFE, Gregorio Guerrero, se permitió llamar a la reflexión al consejero presidente. La reportera Guadalupe Irízar (Reforma, 3 de marzo de 2009), consecuente con el periodismo de investigación, tuvo acceso a la versión estenográfica o acta de la sesión e informó a los lectores de algunas de las partes fundamentales de la intervención del contralor. Con ello probó la voracidad de Valdés y de los ochos consejeros, a nombre de los cuales gestionó el desmedido aumento para sus ya cuantiosos sueldos.

Nada le importó a Valdés. Éste quería embolsarse los 370 mil pesos e invocó la Constitución donde se establece que los integrantes del IFE deben percibir el mismo sueldo de los ministros de la Suprema Corte. Alegó que su planteamiento tenía una base jurídica y nada menos que constitucional.

Con esto se opuso a los razonamientos del contralor, quien le hizo ver a él y a los seis directores de la Junta General Ejecutiva la ilegitimidad antidemocrática del escandaloso y millonario incremento.

Lo menos que les dijo Gregorio Martínez –transcribió la reportera en una nota memorable– fue que, ante la pavorosa crisis económica que arrasa con las miserables percepciones de millones de mexicanos y el creciente desempleo, “aumentar las percepciones de los consejeros electorales en estos momentos me parece no sólo un despropósito, sino un contrasentido, ya que los titulares que encabezan una de las más emblemáticas instituciones públicas del país no pueden ni deben ser indiferentes ante el agobio económico de la ciudadanía…

“La construcción de la democracia exige de la autoridad electoral no sólo la defensa de sus principios en las sesiones del Consejo General, sino que exige fundamentalmente el compromiso de sus principales autoridades en el ejercicio y práctica de sus valores. Una autoridad que sea omisa a las dificultades que la ciudadanía enfrenta, e incrementa sus percepciones en tiempos de indispensable austeridad, corre el riesgo de vaciar de contenido los preceptos democráticos que tanto enarbola y de reducir la definición de democracia a simple retórica.” Valdés, aburrido, escuchaba al contralor cuando –no jurista sino constitucionalista convenenciero para llevar más dinero a su bolsillo (entran al IFE pobres y salen millonarios)– se puso leguleyo y le replicó: “No escuché en la intervención del señor contralor general ningún argumento jurídico para invalidar el proyecto de acuerdo que se está sometiendo a la consideración de este órgano colegiado”.

Y Valdés, ignorante de nuestra Constitución, frotándose las manos con el aumento casi en su abultada cuenta bancaria, agregó: “Ubicado en un análisis no estrictamente jurídico, es posible que el señor contralor general pudiera tener razón; pero, como dije en mi primera intervención, el IFE está obligado a observar el principio de legalidad y las decisiones que toman sus órganos colegiados deben estar orientadas justamente por eso”.

Valdés, como los panistas, cree que la Constitución, como imperio de la ley, es sólo lo que a cada quien le convie ne y se presenta como los nazifascistas, aquellos que con Carl Schmitt (ver su ensayo Legalidad y legitimidad) vaciaron los contenidos democráticos y republicanos de la Constitución alemana, para asaltar el poder invocando lo que de ella les favorecía y así erigirse en defensores de la legalidad.

Eso hizo ahora Valdés Zurita para justificar su aumento salarial, pidiendo para él y sus ocho consejeros lo que no pide para los trabajadores, para que éstos reciban, como demanda la Constitución, un salario suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y proveer educación obligatoria de los hijos.

El aumento que el servilismo de la Junta General Ejecutiva (de la que Valdés es presidente y cobra por ello, más los 370 mil pesos como consejero) aprobó para los integrantes de la cúpula del IFE es una provocación. Si la Constitución ha de hacerse valer para ese incremento, entonces también ha de cumplirse su legalidad y legitimidad para con todos los mexicanos, a los que el IFE ha defraudado con sus decisiones y complicidades para favorecer resultados probadamente ilegales, antidemocráticos, antirrepublicanos y que violan, pisotean, el principio de que todos los poderes públicos (y el IFE es uno de ellos) dimanan del pueblo y se instituyen para beneficio de éste.

Los consejeros electorales, con Valdés Zurita a la cabeza, sumisos ante los poderes fácticos y golpistas de las televisoras, y que nada dijeron por la complicidad de mutuos favores de Valdés y Enrique Peña Nieto (éste prestándole el helicóptero para uso particular del presidente del IFE) se han mostrado políticamente fascistas, económicamente depredadores y socialmente perversos.

La maniobra para aumentarse sus percepciones, no obstante las reflexiones del contralor general de la institución, los exhibió ante la opinión pública como voraces piratas tras el botín, asaltando la nave estatal al grito de una legalidad favorable a sus intereses. Y dando la espalda a la realidad nacional, cuando los mexicanos que trabajan no reciben su salario constitucional y la crisis interna y externa está llevando a todos los mexicanos a no tener ni para comer, pagar impuestos o servicios entre los que están el alza de precios.

La elite del IFE se ha comportado como los nazis que invocaron parcialmente la legalidad constitucional para asaltar el botín del patrimonio, de los dineros del pueblo, para enriquecerse y, en palabras del ideólogo hitleriano, decir que lo hecho por Hitler “era mucho más que legal, era, también, la fuente de toda legalidad”.