Fuentes relacionadas con el sector agropecuario informan que la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por malos manejos en el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en el año 2016, corresponde a Cruz Alberto Uc Hernández, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue delegado federal en Chiapas de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y no a Carlos Alberto Pedrero Rodríguez, quien también fungió en ese cargo y también es investigado.
La investigación contra Pedrero Rodríguez por autoridades federales y la Auditoría Superior de la Federación es por irregularidades detectadas en el mismo PIMAF, durante el ejercicio 2015, y así como con el Componente Procafé e Impulso Productivo al Café, de ese mismo año.
El pasado 10 de febrero, la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval informó que se había sancionado a un exdelegado federal en Chiapas, de la otrora Sagarpa, por irregularidades en la operación del PIMAF en 2016. Por lo que se le impuso una multa resarcitoria por más de 57 millones de pesos y una inhabilitación de 10 años para ejercer en el servicio público.
Información del Diario Oficial de la Federación con fecha de 21 de mayo de 2020 indica que la ASF investiga a Pedrero Rodríguez porque “omitió vigilar y supervisar” el desarrollo del PIMAF 2015, como instancia ejecutora de dicho componente.
El documento oficial expone que Pedrero Rodríguez solicitó a la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Sagarpa la entrega de recursos públicos federales, a través del oficio número 127.00.01.099/15, fechado el 11 de junio de 2015, a la proveedora Martha Elena Alvarado Aguilar, por concepto de 1 mil 462 paquetes tecnológicos, “sin que las actas de entrega recepción de los paquetes tecnológicos se encontrarán validadas por los representantes del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER)…”.
Por esta situación, no se acreditó la entrega de los referidos paquetes tecnológicos por 6 millones 600 mil pesos a los beneficiarios en cuanto a calidad y cantidad, por tanto, la erogación de los recursos públicos federales carece de comprobación. El caso se llevó a cabo bajo el procedimiento DGR/B/05/2020/R/15/080.
Un mes después, la ASF encabezada por David Colmenares Páramo, documentó que el mismo exfuncionario “omitió vigilar y supervisar” la operación del programa Fomento a la Agricultura, Componente Procafé e Impulso Productivo al Café, pues a través del oficio 127.00.01.549/2015, del 28 de diciembre de 2015, solicitó a la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Subsecretaría de Agricultura de la Sagarpa la liberación del pago por 1 millón 434 mil 400 a favor de la proveedora Agro Ingeniería Agrícola, S.A. de C.V. “sin contar con la documentación que acreditara la entrega de los paquetes tecnológicos a 300 beneficiarios de dicho programa, así como de un paquete tecnológico que no fue entregado al beneficiario por un monto de 2 mil 200 pesos”. Lo anterior ocasionó un daño a la Hacienda Pública Federal por 1 millón 436 mil 600 pesos.
En tanto, Cruz Alberto Uc Hernández, originario de Campeche y presidente de la Federación de Colegios de Agrónomos de la República Mexicana, según su cuenta de Twitter, se ha destapado como candidato a gobernador en esa entidad.
