Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Cuilápam de Guerrero, Oaxaca, para conmemorar el 190 aniversario de la muerte del caudillo de la independencia Vicente Guerrero, representantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda) se manifestaron en demanda del decreto que busca otorgar acceso pleno al agua a los zapotecos de los Valles Centrales de Oaxaca.
Mediante pancartas y carteles señalaron “15 años luchando y en defensa del agua, dos años pidiendo audiencia con Andrés Manuel López Obrador, aún confiamos en usted”.
A través de un comunicado, la Copuda indicó que la decisión de emitir el decreto “está en manos de la consejería jurídica, porque la iniciativa les fue presentada el pasado 25 de noviembre de 2020 ante el consejero adjunto Juan Carlos Reyes”. La organización que la iniciativa de decreto es fruto de una consulta indígena mandatada por una autoridad judicial, en un proceso de más de 5 años y su redacción lleva el consenso de las comunidades involucradas y de instituciones federales: Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
“El auxiliar adjunto de la consejería jurídica se comprometió a revisar la propuesta de decreto, comprometiéndose a dar respuesta en un término de una semana, fecha que llegó a su término el pasado viernes 4 de diciembre y hasta el día de hoy 14 de febrero no sé ha dado una respuesta a las 16 comunidades sujetos de la consulta, violentando su derecho humano al agua y el pleno reconocimiento de sus derechos como pueblos indígenas”, indica.
La Copuda destaca que el dictamen que emita la Consejería Jurídica “es de enorme importancia, pues lleva implícita una respuesta a las comunidades indígenas del país; negar o reconocer el derecho de los pueblos sobre la administración comunitaria del agua en sus territorios es un mensaje político que permite reconocer si realmente el gobierno está dispuesto a cumplir con los tratados y estándares internacionales en materia de derechos humanos, sin mencionar el respeto al “consentimiento” piedra angular de los procesos de consulta”.
Este caso ha merecido la atención del de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, de la Unión Europea, así como organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, pues involucra a 16 comunidades: San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol, San Sebastián, San Jacinto Ocotlán, Santa Ana Zegache, San Isidro Zegache, Asunción Ocotlán, San Pedro Mártir, San Pedro Apóstol, San Matías Chilazoa, San Felipe Apóstol, Tejas de Morelos, La Barda Paso de Piedras, San Martín Tilcajete, El Porvenir y Maguey Largo.
