La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) exigió justicia y castigo para los autores materiales e intelectuales del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016.
A 5 años, la Rema reiteró que el crimen de la cofundadora del Consejo Cívico de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se perpetró por sus acciones para evitar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos (Desa), en el Río Gualcarque.
“Pretendían sembrar el miedo y amedrentar la lucha organizada que han dado desde hace años en defensa de su territorio; pretendían acallar la organización con el uso de la violencia, de las armas. Todo para imponer un proyecto hidroeléctrico sobre el Río Gualcarque”, aseveró la organización en un comunicado.
Agregó que hasta el momento, el pueblo originario hondureño Lenca ha imputado a nueve hombres por el crimen: tres vinculados a Desa y cinco al ejército. Asimismo, el pasado 18 de febrero se efectuó la primera audiencia para presentación de pruebas contra David Castillo, miembro de la familia Atala Zablah, propietaria mayoritaria de la empresa.
De acuerdo con la Rema, se han documentado 88 pruebas incriminatorias sobre la participación de David Castillo en la persecución, criminalización y ataques que derivaron en el asesinato de Berta Cáceres. El seguimiento de la audiencia, añadió, se cambió del 25 de febrero al 1 de marzo debido a presiones de la defensa del incriminado.
“Su vida es un ejemplo para la población de su natal La Esperanza y continúa siendo una fuerza que acompaña al pueblo Lenca en la defensa de su territorio. Pero más aún, es un ejemplo de lucha y de claridad política para todos los pueblos indígenas y no indígenas que se unen en la defensa de sus territorios, de la vida”, indicó la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
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