El esquema empresarial que Pemex mantiene en el extranjero le permite tener sociedades instrumentales en paraísos fiscales, evadir impuestos y reportar pérdidas millonarias, revela la Auditoría Superior de la Federación. El auditor González de Aragón declara que la paraestatal busca “extinguir” 25 compañías “privadas” de su propiedad y reestructurar otras 20 inversiones en sociedades anónimas, que implican recursos públicos por más de 70 mil millones de pesos

La administración de Jesús Reyes Heroles en Petróleos Mexicanos (Pemex) busca extinguir 25 empresas “privadas” constituidas con recursos públicos y reestructurar inversiones accionarias en otras 20 compañías –entre ellas la participación en la trasnacional Repsol YPF–, indica el auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón.

Dicho esquema, creado desde finales de la década de 1980 y aún vigente, permite a la paraestatal evadir impuestos, reportar pérdidas y mantener inversiones accionarias al margen de la ley mexicana por más de 70 mil millones de pesos, revela información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la propia paraestatal.

Se trata de 45 inversiones en acciones de empresas privadas, confirma el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007 –entregado por la ASF a la Cámara de Diputados el pasado 12 de marzo– y las relaciones de inversión que Contralínea obtuvo por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Estas participaciones de la petrolera del Estado y de sus subsidiarias –Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica– se mantienen en cinco monedas: peso mexicano, dólar estadunidense, euro, franco suizo y libra esterlina.

Las empresas

Aunque no son consideradas paraestatales, de las 45 empresas privadas, 25 son propiedad directa o indirecta de Pemex; de éstas, 20 operan sin empleados ni oficinas y reciben servicios administrativos, comerciales y “otros” por “partes relacionadas”; 12 de ellas están radicadas en el extranjero, en territorios considerados paraísos fiscales, y tienen carácter de international bussines corporation (sociedades instrumentales o fantasmas), según se desprende de los datos que proporcionó la paraestatal a la ASF el 18 de diciembre de 2008.

Entonces, la Gerencia de Control de Gestión de Pemex Corporativo indicó que, por su naturaleza, algunas de las empresas son “sociedades unimembres y meramente instrumentales”. A éstas, las describió con características jurídicas que les permiten carecer de personal y de oficinas establecidas.

Respecto de su no paraestatalidad, la gerencia encabezada por Hilda Guadalupe Delgado Anzaldua precisó: “Las empresas no fueron creadas con el objeto de auxiliar al Ejecutivo en el desarrollo de las áreas prioritarias a que se refiere el artículo 30 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en relación con el artículo 6 del propio ordenamiento, pues la mera tenencia de acciones no podría calificarse como área prioritaria del desarrollo nacional”.

En el oficio DCO-GCG-5226/08 citado por el informe de la ASF, también justificó que, “como parte de su estrategia comercial y de negocios, Petróleos Mexicanos ha constituido diversas empresas filiales no paraestatales que realizan en forma preponderante actividades comerciales. Las filiales constituidas en el extranjero adoptan la figura de la legislación del lugar donde se constituyen. Son personas morales de derecho privado extranjero y, por ende, no están sujetas a las disposiciones legales nacionales”.

Omitió decir que hasta antes de 1988, año en que comenzó la estructuración de este esquema empresarial “privado”, Pemex contaba con oficinas de representación en Londres, Inglaterra; Madrid, España; Nueva York y Houston, Estados Unidos. Éstas dependían de la entonces Coordinación Ejecutiva de Comercio Internacional de la paraestatal, que actuaba como enlace con clientes y proveedores de petróleo crudo y derivados del energético.

Las ciudades donde se tenían oficinas de representación son ahora las sedes de las empresas “privadas” de Pemex, junto con entidades que destacan por su laxitud fiscal: Islas Caimán, Las Bahamas, Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, Suiza y Delaware (Estados Unidos).

El máximo órgano de fiscalización indica en su informe que la paraestatal también mantiene vigentes cinco vehículos financieros, tres de ellos radicados en paraísos fiscales. A pesar de que éstos contratan deuda en nombre de Pemex, dos no son de su propiedad: Pemex Finance, Ltd (Islas Caimán), y Fideicomiso F/163 (México); mientras que otro –RepCon Lux, Luxemburgo– fue creado en sociedad con una tenedora de acciones luxemburguesa de nombre TMF Corporate Services.

Supuesta evasión de impuestos

El esquema empresarial que Pemex busca extinguir le habría permitido evadir impuestos, descubre la propia comunicación de la Gerencia de Control de Gestión, citada por el informe de la ASF.

“La autorización [otorgada en la década de 1990 por la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto] para que Pemex aportara recursos para la constitución de esas empresas se dio atendiendo a la necesidad de que Pemex adquiriera acciones en sociedades extranjeras y así contar con un mercado asegurado para su petróleo crudo, sin la excesiva carga fiscal que implicaría su participación directa (sic).” Dicha declaración tiene como contexto la lista de argumentos que la paraestatal dio a la Secretaría de Programación y Presupuesto, para que ésta autorizara las inversiones. Como lo ha documentado Contralínea (número 122), dichas autorizaciones involucraron a los expresidentes de México Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

A pesar del argumento relacionado con la excesiva carga fiscal, en tres años, Pemex erogó a nombre de sus “subsidiarias privadas” 13 mil 729 millones de pesos por impuestos en el extranjero, monto que equivale a la construcción de al menos una refinería.

En el Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2007, la paraestatal admite que “cuenta con un número de compañías subsidiarias extranjeras que pueden estar sujetas a gravámenes en la jurisdicción de su residencia”.

Sin aclarar cuáles son las empresas que pagan cargas impositivas y cuáles no, asegura que “los impuestos pagados por las compañías subsidiarias sumaron 6 mil 53 millones de pesos en 2005, 4 mil 274 millones en 2006 y 3 mil 402 millones en 2007”.

Pérdidas financieras evitan reportar ganancias

La auditoría identificada con el número 07-1-18T4I2-02-0244, que tuvo por objetivo fiscalizar la gestión de la inversión accionaria de Pemex en México y en el extranjero, también descubre que algunas empresas reportan pérdidas millonarias para evitar dar ganancias a la paraestatal.

Tal es el caso de PMI Holdings Petróleos España, SL, que en 2007 tuvo dividendos a cuenta de utilidades por 424 mil 600 euros. La ASF indica que “se observó que el importe de dividendos decretados a cuenta de utilidades de 2006 es el mismo que se decretó en 2007; sin embargo, los estados financieros de 2006 reportaron una pérdida de 331.5 miles de euros, por lo que se determinó la devolución del dividendo pagado”.

Agrega que “en el acuerdo quinto del acta de la junta general ordinaria y universal de socios se autorizó un anticipo de dividendo para el ejercicio 2007 por 424.6 mil euros, que al tipo cambio de 15.8766 para el cierre contable al 31 de diciembre de 2007 equivalen a 6 millones 741 mil pesos, debido a que la empresa presentó exceso de liquidez”.

Otro ejemplo es la refinería Deer Park, constituida en sociedad entre PMI Norteamérica, SA de CV –una de las 20 empresas privadas de Pemex–, y la trasnacional Shell. De acuerdo con el informe, Pemex no ha recibido dividendos en 2006 y 2007, pese a que en el papel las propietarias sí han reportado ganancias por 9 mil 214 millones 900 mil pesos.

Ello porque –según justificó la paraestatal ante la ASF– en 2007 PMI Norteamérica pagó 2 mil 300 millones de pesos de impuestos federales y estatales a Estados Unidos; más de 1 mil 200 millones de pesos quedaron invertidos como capital de trabajo en esa “filial” privada, y otros 63 millones 100 mil pesos supuestamente se utilizaron para pagar impuestos en México. La Auditoría Superior de la Federación acusa que Pemex “no proporcionó evidencia documental al respecto”.

“Extinción” de empresas

En breve, el Consejo de Administración de Pemex –presidido por la secretaria de Energía, Georgina Kessel– podría autorizar la extinción de las 25 empresas “privadas” que posee Pemex.

Al finalizar su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el pasado 12 de marzo, el auditor superior Arturo González de Aragón aseguró: “Pemex ya inició un camino para empezar a liquidar este tipo de empresas”.

Agregó que la paraestatal “tiene una estrategia, que ya nos fue presentada, para transparentar todas aquellas (empresas en las) que tiene responsabilidad, de acuerdo con la ley que le aplica”.

Respecto de las inversiones minoritarias –como la participación del 4.9 por ciento en el capital de la trasnacional Repsol YPF, que involucra recursos públicos por 1 mil 459 millones 982 mil 964 euros (27 mil 447 millones 679 mil 723 pesos)–, el auditor señaló que Pemex “está haciendo una propuesta con el fin de asumir una política de carácter corporativo que le dé la máxima transparencia posible a este tipo de inversiones que tiene a través de empresas subsidiarias”.

González de Aragón justificó las acciones de la petrolera del Estado: “Yo diría que hay un beneficio: ya cuando menos se creó conciencia del problema y Petróleos Mexicanos está intentando, a través de ciertas propuestas, resolver este asunto.

Obviamente tiene que pasar por sus instancias de gobierno (el Consejo de Administración) y que éstas le aprueben esta política en relación con sus inversiones que tiene en las subsidiarias”.

No obstante, en su dictamen concluye que “cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las empresas filiales de Pemex respecto de las operaciones examinadas”.

De inmediato acota que el cumplimiento se dio con excepción del “régimen legal que corresponde a las empresas filiales en las que Pemex tiene una participación mayoritaria directa y/o indirecta, denominadas como ‘no paraestatales’, (pues) no se sujeta a los esquemas de control, fiscalización, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas a la Cámara de Diputados”.

También observa que “Pemex carece de un adecuado sistema de control de gestión que administre las inversiones accionarias que tienen el Corporativo, los organismos subsidiarios y las empresas filiales; no tiene establecida una política de dividendos; y no reveló el monto de la inversión de Repsol YPF, SA, por 1 mil 459 millones 982.9 mil euros”.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó una entrevista con Jesús Reyes Heroles. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.