La moción destituyente fue derrotada y el presidente Pedro Castillo salió fortalecido, aunque es probable que en 2022 la oposición vuelva a intentar la misma estrategia.
La moción de vacancia es un resorte recogido en el artículo 113 de la Constitución peruana de 1993 que permite al Congreso iniciar un juicio político para destituir al presidente de la República. Dicho procedimiento se inicia con un pedido de vacancia suscrito por al menos el 20 por ciento de los congresistas (26 de 130). Una vez admitido a trámite se requiere del 40 por ciento de los escaños (52) para que el Congreso inicie efectivamente el juicio político.
El proceso de vacancia no es una herramienta novedosa en la política peruana. El caso de Martín Vizcarra y su salida prematura del gobierno en noviembre de 2020 todavía permanece en la memoria colectiva. Antes habían sido desplazados por este mismo recurso Guillermo Billinghurst (1914) y Alberto Fujimori (2000).
Finalmente el Congreso peruano rechazó el tratamiento de la moción de vacancia por “incapacidad moral” presentada contra el presidente Pedro Castillo. La votación parlamentaria finalizó 76 votos en contra, 46 a favor y cuatro abstenciones. Sólo acompañaron el pedido las bancadas de derecha de Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Avanza País (Hernando de Soto) y Renovación Popular (Rafael López Aliaga), espacios de derecha y promotores de la iniciativa.
Las bancadas de centro derecha Somos Perú y Podemos Perú, de quienes se especulaba que podrían acompañar el pedido, finalmente no lo hicieron. En contra de la moción votaron también Perú Libre, Juntos por el Perú, el Partido Morado, Acción Popular y la gran mayoría de Alianza para el Progreso (con excepción de dos congresistas que votaron a favor, en disonancia con su partido).
El resultado de la votación implica un triunfo político para Castillo: por un lado recompone el vínculo con Perú Libre (su bancada partidaria de 37 curules que permanecía dividida desde el último cambio de gabinete) y oxigena la relación con el presidente partidario, Vladimir Cerrón. Por otro lado, reafirma su capacidad de construir consensos parlamentarios con sectores de centro y centro derecha. Finalmente, sale victorioso de un embate de peso del sector más radical de la oposición política y mediática y gana tiempo y capital político para avanzar con algunas de sus medidas económicas de gobierno.
La derrota de la moción es un golpe para la oposición peruana que impulsaba un clima destituyente en el país. Si bien en principio la demanda de vacancia se presentó ‒sin pruebas‒ “por lavado de activos, tráfico de influencias” y por “generar inestabilidad económica”, el ambiente se caldeó durante la pasada semana a partir de denuncias públicas coreadas por los medios de comunicación, que hablarían de reuniones privadas en la residencia presidencial y de un supuesto trato de favor a una empresa cercana al presidente en una licitación pública. Se suma a esto una operación mediática organizada desde el semanario Cuarto Poder que anunciaba “audios comprometedores de Castillo”, pero que finalmente el pasado domingo no desveló información comprometedora para el presidente.
Se estima que el recurso de la vacancia pueda ser puesto en práctica nuevamente en 2022, luego de las elecciones regionales y con la recomposición de la presidencia del Congreso, lo que habilitaría cambiar autoridades parlamentarias. Las bancadas de derecha apostarían a ubicar un candidato a presidente del pleno que pueda ubicarse dentro de la línea de sucesión presidencial, un hecho que hasta ahora no sucedía (el Congreso es presidido por Maricarmen Alva, del partido de centro Acción Popular).
Asimismo, el escenario político se vio afectado por el trabajo parlamentario de la Comisión de Constitución ‒dirigida por el fujimorismo‒que aprobó dos medidas de peso: por un lado, una enmienda que elimina el referéndum popular como instancia de reforma constitucional y obliga a que cualquier cambio en la Carta Magna deba ser aprobada primero por el mismo Parlamento. También se modificó la reglamentación de la cuestión de confianza, que impediría al presidente solicitar este recurso ‒cierre de Congreso y convocatoria a nuevas elecciones congresales‒ en casos vinculados a reformas constitucionales.
Yair Cybel/Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag)
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