Por la falta de atención médica especializada, cuidado y supervisión permanente, que derivó en el suicidio de una mujer privada de la libertad en el Centro de Readaptación Social Femenil 16 de Coatlán del Río, Morelos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 54/2022 al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Ángel Ávila Pérez; así como al titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE Morelos), Uriel Carmona Gándara, por la deficiente investigación de los hechos.
Mediante un comunicado, el organismo autónomo explicó que la autoridad penitenciaria no contaba con todos los datos médicos, psicológicos y sociales de la víctima para atender su condición adecuadamente, ante la discapacidad psicosocial que vivía. Asimismo, indicó que el personal de Seguridad y Guarda omitió proporcionar supervisión remota y/o presencial personalizada, no invasiva, las 24 horas del día, para evitar que atentara contra su integridad.
La Comisión señaló que la FGE Morelos no investigó los hechos con perspectiva de género; entregó el cuerpo de la persona fallecida en estado de descomposición por el mal funcionamiento del equipo de refrigeración; no desarrolló acciones para descartar posibles actos de maltrato físico y psicológico, ni solicitó la designación de un familiar para proporcionar información sobre las indagatorias.
Por lo anterior, la CNDH determinó que dichos elementos acreditaron las violaciones a los derechos humanos, así como la discriminación en el acceso más alto de nivel posible de salud física y mental, tortura por discriminación atribuible al OADPRS, y a la investigación ministerial con perspectiva de género por la Fiscalía estatal. Y solicitó a ambas instancias reparar integralmente el daño causado a las víctimas indirectas de la situación.
Particularmente, al comisionado del OADPRS le pidió identificar a las personas privadas de la libertad en el Cefereso femenil con discapacidad psicosocial e instrumentar un programa para atención, otorgando los recursos necesarios para ello; facilitar la comunicación entre personas recluidas y sus familiares; además, deberá colaborar con la queja y la denuncia que para deslindar responsabilidades se presenten ante las autoridades correspondientes.
En cuanto al fiscal general de Morelos, la CNDH solicitó la elaboración o actualización del Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio, así como coadyuvar en la tramitación de la queja que la Comisión presente ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía Especializada en Visitaduría y Asuntos Internos contra los servidores públicos responsables de las violaciones a los derechos humanos señaladas; y la designación de un funcionario de alto nivel para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación.
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