Organizaciones defensoras del maíz alertan que en la Cámara de Diputados se busca revivir la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variantes Vegetales, que promueve brindar “certeza jurídica a los obtentores de innovaciones en materia de variedades vegetales”. Ello, señalan, es contrario a la protección de esta semilla que ha abanderado la cuarta transformación
En la Cámara de Diputados podría discutirse la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), que promueve “detonar la investigación y el desarrollo de variedades vegetales de cultivos básicos y de alto valor para el campo mexicano, aprovechando la estructura de instituciones públicas con capacidades técnicas, y fomentando el desarrollo de empresas semilleras para asegurar la disponibilidad y acceso a semillas mejoradas”, alertan organizaciones.
Las integrantes de la campaña Sin Maíz No hay País indican que la propuesta legislativa –presentada en la pasada LXIV Legislatura por Eraclio Rodríguez Gómez– va en contra del proceso de la cuarta transformación, que busca proteger al maíz y al resto de las semillas para asegurar la soberanía alimentaria de México.
En términos prácticos, comenta Leticia López Zepeda –directora ejecutiva de Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)– se trata de la privatización de las semillas que dan origen a las variedades de maíz que hay en México, centro de origen de este alimento.
En su redacción, la iniciativa asegura que es una “oportunidad única para cumplir con los compromisos internacionales de los que México forma parte y, a la vez, atender las múltiples necesidades propias del campo mexicano, brindando certeza jurídica a los obtentores de innovaciones en materia de variedades vegetales que, al paso del tiempo, podrían ser del dominio público”.
Agrega que la ley debe “protege[r] y garantiza[r] el derecho de los obtentores de variedades vegetales que hayan sido objeto de un proceso de mejoramiento comprobable, por lo que tampoco busca legislar sobre el acceso a los recursos…”
Describe que el obtentor es aquella persona física o moral que “haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad [de cualquier género y especie], sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, o sea el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas”.
Carta a López Obrador
Las organizaciones integrantes de Sin Maíz No Hay País enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, en la que señalan que, de ser aprobada esta iniciativa, “representaría una violación a los derechos humanos a la conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos (Convenio sobre la Diversidad Biológica), a una alimentación adecuada y una serie de derechos de las comunidades campesinas e indígenas del país; como el derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, el derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender las semillas o el material de multiplicación que hayan conservado después de la cosecha”.
Y es que la iniciativa de reforma plantea “extender el alcance de los derechos de propiedad intelectual a las variedades esencialmente derivadas, es decir, prohíbe la práctica campesina milenaria de acriollamiento de las semillas, derivada de su libre uso, selección, intercambio y cruzamiento de variedades tanto nativas como mejoradas, con el fin de obtener variedades mejor adaptadas a las necesidades y condiciones culturales y agroecológicas de cada contexto de producción campesina”.
El exlegislador basó su propuesta en la ley promulgada durante el gobierno de Ernesto Zedillo, al argumentar que “los avances tecnológicos para el mejoramiento genético y la identificación varietal han rebasado los alcances técnicos y jurídicos que en su momento fueron establecidos en dicha ley”.
En la exposición de motivos añade que “México importa 17 millones de toneladas de maíz y casi la totalidad del arroz que consumimos. Ante esta situación, México debe incrementar la productividad, principalmente de cultivos básicos como maíz, trigo, arroz y frijol, entre otros, para reducir la dependencia de las importaciones de estos granos. No atender esta situación, pone en riesgo la productividad del campo mexicano e incluso, favorece el aumento en la importación de alimentos y, por consecuencia, la dependencia alimentaria en la obtención de tecnologías y variedades vegetales provenientes del extranjero”.
Al respecto, Malin Jönsson –coordinadora de la Fundación Semillas de Vida, AC– dice que en caso de aprobarse la reforma, tendrá como consecuencia la destrucción de la diversidad pues, al no permitir la continuación del uso y manejo biocultural de las semillas, priva a las siguientes generaciones de la diversidad actual e invisibiliza el impacto del uso diferencial de las semillas en el entorno. De esta manera provoca la pérdida de conocimiento en el manejo de la diversidad del entorno y salud de la población.
La misiva enviada al titular del Ejecutivo acusa que la iniciativa de reforma no incentiva la investigación pública y privada nacional y, en contraste, las corporaciones trasnacionales son las que “ejercen de manera predominante los derechos de propiedad intelectual sobre cultivos de interés comercial y de exportación, como es el caso de las especies ornamentales, hortalizas, berries y frutas”.
Abandono de las semillas
Ana Laura Wegier Briuolo, doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, comenta “que tenemos 10 años para utilizar el planeta como lo venimos utilizando. No más, tenemos que cambiar las políticas a nivel ambiental porque esa década está cavando un hueco de manera silenciosa en el planeta. Si nosotros seguimos perdiendo la diversidad, después no hay vuelta atrás. No hay costal de semillas que uno pueda comprar que incluya miles de años de evolución ni que incluya haber perdido la cultura que no enseño a cómo cuidar esas semillas”.
Agrega que “este secreto que nos dicen que determinadas semillas generan mucha ganancia están asociadas a que, como dice la Ley, tiene que ser homogéneo. Tiene que no tener diversidad para que pueda ser manejado de la misma manera”.
El texto La Ley Mexicana de Variedades Vegetales del doctor Manuel Becerra Ramírez –investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México– expone que durante el siglo pasado la producción y distribución de semillas se llevó por la Comisión Nacional del Maíz, sustituida posteriormente por la compañía pública Productora Nacional de Semillas (Pronase).
Pronase, expone el académico en su reflexión, “tenía el monopolio de las variedades desarrolladas por el sector público y dominó el mercado durante muchos años. Sólo recientemente, en virtud de una mala administración se ha promovido una liberalización, lo que trajo por consecuencia la pérdida del control del mercado por parte del sector oficial. Últimamente, una industria privada local de las semillas empezó a multiplicar las semillas, desde las variedades públicas o semillas importadas”.
En los últimos años, agrega el texto, la industria de la semilla en México experimenta una rápida expansión. El sector público, mediante el Instituto Nacional de Investigación (Inifap), y universidades, “todavía son importantes productores, pero las multinacionales están incrementando sus inversiones en esta actividad. Ahora, el sector privado domina claramente la producción y el mercado”.
El decreto contra OGM y protección de las semillas
Para la directora de ANEC, la iniciativa que permanece en la Cámara de Diputados contradice el decreto del 1 de enero de 2021 que ordena a las dependencias que integran la Administración Pública Federal cuidar el maíz mexicano de los organismos genéticamente modificados; así como del glifosato.
Y es que ese decreto sostiene: “sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”.
El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el último día de 2020, precisa que “las autoridades en materia de bioseguridad, en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normativa aplicable, revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado”.
Lo anterior, con el “propósito de contribuir a la seguridad y a la soberanía alimentarias y como medida especial de protección al maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural, las comunidades campesinas, el patrimonio gastronómico y la salud de las mexicanas y los mexicanos”.
El artículo 6 de dicho decreto precisa que, con base en criterios de suficiencia en el abasto de grano de maíz sin glifosato, “revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos, hasta sustituirlo totalmente en una fecha que no podrá ser posterior al 31 de enero de 2024”.
“Deberíamos ser líderes de la defensa de nuestros maíces porque este es un abuso para nuestros pueblos indígenas, quienes domesticaron todas estas variedades durante miles de años. Se trata de un compromiso cultural importante”, señala la doctora Wegier Briuolo.
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