En esta supuesta veda electoral, Felipe Calderón lo mismo promueve encuestas a favor de su compañera forzosa, Josefina Vázquez Mota, que luego rectifica y se presenta como un auténtico e irrepetible demócrata, sin que la autoridad electoral haga nada ante las infracciones a la ley. Mientras, en una reunión con la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública, Enrique Peña Nieto manda abrazos al Ejecutivo para demostrar que continúa arriba en los sondeos, y algunos medios de comunicación prohíben difundir entrevistas concedidas por Andrés Manuel López Obrador a periodistas como Ricardo Rocha.
Ante este panorama realmente intrincado se da la noticia que integrantes del Instituto Federal Electoral (IFE) se darán un bono excepcional por su trabajo. Algunos, especialmente los consejeros, podrán obtener 400 mil pesos. En otros, los cerca de 10 mil servidores (entre éstos algunos de honorarios), la retribución, cuando menos, será de dos meses, importante ya que legiones perciben decenas de miles de pesos cada 30 días.
Además se supo que el IFE debió de regresar 348 millones de pesos de un fondo para vivienda, el cual estaba mal planeado y tenía fallas evidentes (El Universal, 28 de febrero de 2012).
El asunto es de escándalo. Tanto, que en una edición del citado periódico (mismo día) se reprueba este mal precedente, sobre todo en momentos que la crisis económica actual ha traído despidos en muchos lugares y recorte de ingresos en otros más. Se plantea en el escrito, correctamente, que si se tratara de un negocio con ganancias extraordinarias, la medida no sería incorrecta, pero siendo una organización gubernamental, que se financia con nuestros impuestos, es algo erróneo; incluso abusivo.
Desde luego que seguramente a todos se retribuirá bien. Incluso a los tres nuevos consejeros que hace poco se incorporaron (ojalá algún sensato rechace la oferta). Algo que muestra lo generoso que se es con dinero público. Lo cual deja un amargo sabor de boca a millones que justamente no tienen lo suficiente para salir adelante en estos difíciles tiempos.
El IFE, sabemos hace tiempo, realiza una serie de actividades poco transparentes. Tiempo atrás nos enteramos por reportajes de Guadalupe Irízar, en el diario Reforma, de la compra de inmuebles por arriba de su valor e incluso que fueron restaurados a un precio mayor del estimado por varias constructoras. El asunto fue ventilado en diferentes ocasiones y nunca quedó muy claro el porqué de esas operaciones.
En otra cuestión extraña se sancionó con una multa superior a los 200 millones de pesos al discutible Partido Verde Ecologista de México, el que contrariamente a la filosofía que asegura sustenta, exige la pena de muerte contra secuestradores, aunque, a la vez, está en contra de las corridas de toros por sanguinarias.
Como no había nueve consejeros, sino sólo seis, la votación se empató a quien había comprado subrepticiamente mensajes en televisión, los amigos del llamado Niño Verde, Jorge González. Ya instalado todo el pleno se ratificó la multa pero se les hizo una quita de 100 millones, para no afectarlos gravemente (sic que hace fiesta en Cancún).
Es decir, se les trató con respeto, benevolencia y agradecimiento a quienes exigen lo mismo la muerte del ser humano y piden en alta voz que si el gobierno no tiene las medicinas que necesitan los asegurados, se las paguen. Algo que, nuevamente, muestra una autoridad complaciente, dubitativa, proclive a ceder ante violadores de normas.
Esa misma actitud, la de evitar sanciones a quienes incumplen reglas, fue reclamada al secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, quien por órdenes de Leonardo Valdés (consejero presidente del Instituto) no multó a Televisa y TV Azteca, por no emitir propaganda de los partidos en 157 compañías. Lo anterior a decir de Alfredo Figueroa y Marco Antonio Baños (La Jornada, 22 de febrero pasado; información de Alonso Urrutia).
Ahora se argumentó que las verificaciones no se habían podido realizar; en verdad lo que se pretende es no ejercer la autoridad.
Para mostrar su poderío, el IFE ha estado presente en los medios, ahora que partidos y candidatos están ausentes o furtivamente aparecen con una cantidad de anuncios que llegan al paroxismo. Tanto, que el analista Julio Juárez (La silla rota, 22 de febrero de 2012) ha dicho que aburren y cansan de tanta repetición y falta de imaginación.
Eso sí, en cuanto UNO TV –emisora de internet del empresario Carlos Slim– quiso dar a conocer la reunión de los precandidatos con la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública, Valdés dijo que no (Trastienda, sección Eje Central, 24 de febrero pasado), ya que estaba fuera de las reglas impuestas recientemente.
Ahora intentan que los debates entre suspirantes a la grande ya no lo realice la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, sino que lo haga la oficina de comunicación social de la multicitada institución afincada en Periférico (Trascendió de Milenio, 28 de febrero pasado). Algo realmente absurdo ya que como apuntó el especialista José Antonio Sosa Plata (La silla rota, 22 de febrero pasado), el IFE tiene una pésima comunicación con la sociedad.
Recientemente, en el noticiario de Carmen Aristegui, Valdés presumió que nuestro sistema democrático es “uno de los más avanzados del mundo” (sic carcajeante). Y además aseguró que castigaría a quien violara la ley, sin importar su rango (Sin embargo, 24 de febrero pasado).
Estamos ante un árbitro que ha mostrado, y continúa, ser omiso para lo que la sociedad le encargó, cuando menos.
*Periodista
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| Fuente: Revista Contralínea 275 / 11 marzo de 2012 |
