En el inicio del juicio contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió 46 años de prisión para el exfuncionario, quien recibió sobornos de la trasnacional brasileña Odebrecht. En tanto, la madre del acusado, Gilda Margarita Austin –también acusada–, pidió que se investigue al expresidente Enrique Peña Nieto.

Un tribunal de enjuiciamiento deberá determinar el curso procesal contra el extitular de la petrolera mexicana, desde donde se desviaron más de 200 millones de dólares tan sólo en una operación de venta a sobreprecio de una planta de nitrogenados.

El Ministerio Público Federal especializado pidió al juez que conduce el proceso 46 años de prisión para el exfuncionario, tan pronto se resuelvan varias apelaciones hechas por la defensa de Lozoya Austin. El fiscal adelantó que ante una negativa judicial y, en caso de que no se acepten las pruebas de cargo, se apelará la resolución.

El defensor particular de Lozoya Austin, Miguel Ontiveros, adelantó que promoverá un amparo con la finalidad precisamente de que “se determine la calidad de las víctimas, la calidad de las personas ofendidas y que se proceda a la reparación del daño”.

La intención de la defensa es lograr un acuerdo reparatorio y poder reintegrar lo defraudado en parcialidades –vía convenio– y con beneficios procesales, intención que no ha sido aceptada ni por el juez o la fiscalía.

El juez Gerardo Genaro Alarcón, al decretar la apertura del juicio penal en el Reclusorio Norte confirmó que se mantienen las imputaciones y la exigencia de 46 años de cárcel para Emilio Lozoya, por incurrir en  la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

Además, 21 años de prisión para Gilda Austin, madre de Emilio Lozoya, quien es imputada de lavado de dinero por recibir transferencias irregulares en cuentas del extranjero.

Hasta hoy, el juez Gerardo Genaro Alarcón, desechó una serie de pruebas ofrecidas por los agentes del Ministerio Público Federal, por lo que agentes de la Fiscalía impugnarán este fallo.

Fraude consumado en sexenio de Peña Nieto

La denuncia por el caso Odebrecht, en el que se involucra al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue presentada antes de iniciar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este gobierno el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, lleva el caso, así como el de Agro Nitrogenados, que significó la venta a sobreprecio por 200 millones de dólares en perjuicio de Pemex.

En este último hecho se involucra al empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México.

Sobre el tema, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha señalado que se  trata de “dos denuncias presentadas, una con anterioridad al inicio de este gobierno por el caso Odebrecht, que fue por la que inició la petición de acuerdo reparatorio. Además, otra por la venta de Agronitrogenados”.

Emilio Lozoya ha ofrecido a Pemex reparar el daño con 5 millones de dólares, mediante la entrega de inmuebles y dinero. A cambio, de que la FGR retire las imputaciones y sean cancelados los procesos en su contra por ambos asuntos.

A ello, el secretario López Hernández ha contestado que el exdirector de Pemex ha hecho la petición de la reparación del daño, “la denuncia fue presentada por Pemex previa autorización del Consejo de Administración y son ellos quienes tienen que decidir si, conforme a su visión jurídica, se satisface y procede la reparación del daño. No puede haber reparación del daño si la parte ofendida, en este caso Pemex, no está conforme con el monto que se ofrece”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, también se ha pronunciado sobre el caso y ha dicho que estas negociaciones vienen del llamado Pacto por México, donde se hizo un acuerdo durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con los partidos conservadores para llevar a cabo las llamadas reformas estructurales. De ahí surge lo de la reforma fiscal, que no fue más que aumento de impuestos.

“La reforma energética, que fue la entrega a particulares de contratos, concesiones, en CFE [Comisión Federal de Electricidad] y  Pemex, engañando de que con esto iba a llegar la inversión extranjera, iba aumentar la producción, iba a bajar el precio de los energéticos, las gasolinas, el precio de la luz, todo lo que no sucedió o que se presentó pero para perjudicar más a la gente.”

Toda una red de corrupción

Contralínea reveló que en el entramado de corrupción participaron políticos panistas encabezados por Roberto Gil Zuarth –exsenador de la República y exsecretario particular de Felipe Calderón–, y  Germán Martínez –exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social–, ambos imputados además de participar probablemente con empresas  factureras y de prestanombres, así como hechos de corrupción.

Respecto a las imputaciones y nombres de integrantes de la ultraderecha mexicana, en su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó:

“Sé, porque ya es de dominio público, que durante el gobierno del presidente [Enrique] Peña se llegó a un acuerdo con legisladores del PAN para que se aprobaran las llamadas reformas estructurales, la reforma fiscal y la reforma energética. Y de acuerdo al director de Pemex de entonces, se entregó dinero a los legisladores para que votaran a favor de la reforma energética, una reforma desde luego privatizadora que buscaba entregar el petróleo de México a particulares, nacionales y extranjeros. Eso es lo que está investigando, por eso está detenido el exdirector de Pemex”.

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