En vísperas de que se cumplan –el próximo 26 de septiembre– nueve años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, la Comisión de la Verdad –que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez– prepara un informe para los padres y madres de los jóvenes en el que se darán detalles de los operativos de búsqueda. El documento también se dará a conocer a la sociedad, aunque con restricciones informativas para garantizar el debido proceso, detallaron a Contralínea fuentes cercanas a la investigación.

Apenas el pasado viernes 25 de agosto, este semanario reveló que la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa tendría ya identificado un lugar en Tierra Caliente (Guerrero) donde estaría supuestamente la fosa con los restos de los estudiantes. Y que el encargado de dicha Comisión, Félix Santana Ángeles, interrogó en prisión al jefe del grupo criminal Escuadrón Suicida, quien reveló el paradero del poblado a donde supuestamente fueron llevados y enterrados los cuerpos de los estudiantes.

La misma información, además de ser conocida por la Secretaría de Gobernación, también está en poder de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que de ser corroborada por el fiscal que está a cargo de las investigaciones, en los próximos días o semanas se podría resolver una parte importante de este crimen de Estado, ejecutado en el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto.

Ahora se sabe que en el informe que presentará la Comisión Presidencial a los padres y madres de los jóvenes se incluirán detalles de la búsqueda, no sólo relacionados con esa declaración, sino con todas las informaciones recabadas por el gobierno federal en estos meses, lo que incluye además de declaraciones ministeriales de testigos directos, otros datos generados a partir de labores de inteligencia.

Además se explicará a los padres y madres en qué consiste el rompimiento del pacto de silencio que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 27 de julio pasado. En su conferencia matutina de ese día, el primer mandatario señaló que en los próximos días el gobierno federal podría anunciar la localización de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa.

Ello, porque ya se había roto el “pacto de silencio” en este crimen de Estado. “Estamos trabajando en la búsqueda. Lo más importante ahora es la búsqueda, porque ya tenemos información: ya se rompió el llamado pacto de silencio y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables, y en eso vamos a seguir avanzando”, afirmó López Obrador.

Respecto de los operativos, hasta fines de julio de 2023 –antes de identificar esa fosa en Tierra Caliente–, las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Seguridad Pública y Protección Ciudadana –a través de la Guardia Nacional–, en coordinación con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa –de la FGR–, habían realizado 128 acciones de búsqueda en nueve municipios de Guerrero (Cocula, Iguala de la Independencia, Huitzuco, Eduardo Neri, Tepecoacuilco de Trujano, Teloloapan, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón y Cuetzala del Progreso).

La metodología usada en esas acciones es exhaustiva e incluye el trabajo de peritos en antropología forense, quienes determinan las zonas de búsqueda de acuerdo con el análisis de testimoniales previos. “Como resultado se han obtenido más de mil fragmentos óseos, algunos de estos se enviaron al laboratorio genético de la Universidad de Innsbruck, Austria, donde se identificó a dos estudiantes: Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, encontrados en 2019, en la barranca La Carnicería, en Cocula. Dicho hallazgo se sumó al de Alexander Mora Venancio, por lo que suman tres estudiantes plenamente identificados”.

Detalles del informe

El informe que se les entregará a los familiares de los 43 estudiantes también contiene un recuento de las acciones del actual gobierno en torno a la investigación de este crimen de Estado. Por ejemplo, se aborda el papel que jugó el prófugo de la justicia Tomás Zerón Lucio –exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la desaparecida PGR– en la creación de la verdad histórica, con base en la tortura y alteración de pruebas y escenas del crimen.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, hay investigaciones, pruebas y testimonios que implican a Tomás Zerón en la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, alias el Cepillo, presunto integrante del grupo delincuencial Guerreros Unidos. Además, se abordará la manipulación de las escenas, como por ejemplo las diligencias ministeriales en el Río San Juan (Cocula, Guerrero) en octubre de 2014, donde un día antes del trabajo de búsqueda se colocaron bolsas de plástico con restos óseos del estudiante Alexander Mora.

Otros datos que se incluyen tienen que ver con el número de personas detenidas, su implicación en el crimen de Estado y las informaciones que algunas de ellas han aportado para conocer la verdad. Hasta ahora, se tiene registro de 116 personas vinculadas a proceso penal por su presunta responsabilidad, entre ellas el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el exdirector antisecuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Gualberto Ramírez Gutiérrez; y el exministerio público de esa misma corporación.

Al respecto, se ha detallado ya en otras ocasiones que, de esos detenidos, 32 son presuntos integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos; 14, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre ellos, un excomandante del 27 Batallón de Infantería y uno del 41 Batallón, un capitán, un teniente y 10 soldados; más un elemento de la Secretaría de Marina.

Además, por parte del estado de Guerrero está en prisión el exsecretario de Seguridad Pública local, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, la expresidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Iguala, así como 49 policías municipales (38 de Iguala, nueve de Huitzuco y dos de Cocula); más cuatro federales, tres federales ministeriales, y siete estatales.

Y también se da cuenta de las 77 personas involucradas, de 169 consignadas, que han sido exoneradas por jueces.

Labores de inteligencia

Dentro de las labores de inteligencia que se han hecho en torno a este caso, el próximo informe de la Comisión de la Verdad enuncia la clasificación y el seguimiento de 87 millones de registros telefónicos, a través de lo cual se ubicó 84 mil registros claves que permitieron geolocalizar 116 números activos entre los grupos de sicarios durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Según la autoridad, ello revela la red de complicidad y operación entre el grupo delictivo Guerreros Unidos y las distintas autoridades para perseguir, violentar, detener y desaparecer a los 43 estudiantes.

Algunas de las llamadas y mensajes interceptados fueron entre policías municipales de Cocula, Iguala, Tepecoacuilco y Huitzuco, con integrantes del grupo Los Bélicos, que formaban parte de la policía de Iguala. Una de las conclusiones es que los 43 estudiantes desaparecidos fueron divididos en al menos seis núcleos al salir de la terminal de autobuses de Iguala, contrario a lo que sostuvo el entonces procurador Jesús Murillo Karam, que todos los estudiantes fueron entregados al grupo de Guerreros Unidos y quemados en el basurero de Cocula.

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