Con más de 50 años de edad y enfermo de diabetes, Magdaleno Martínez pasó 20 días en la cárcel acusado de ataques a las vías de comunicación agravado en pandilla. Sin trabajo ni recursos para pagar 40 mil pesos de fianza, durmió sentado en una letrina y atado a los barrotes de una celda en el Reclusorio Oriente.

 

Don Magdaleno fue trabajador de la extinta paraestatal Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100. El 7 de mayo de 2012 lo detuvieron junto con 35 de sus compañeros integrantes del Grupo Periférico, mientras realizaban una protesta pacífica. Los hechos son investigados por la Primera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

 

Esa mañana, 70 extrabajadores se apostaron frente al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal –donde la Novena Sala de lo Penal resuelve si se procede penalmente contra 43 inculpados de fraude genérico y asociación delictuosa: la antigua dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes de Pasajeros Urbanos Ruta 100 (Sutaur 100) y sus asesores– para demandar el reembolso de más de 150 millones de pesos, la devolución de siete empresas que se crearon con dinero de su liquidación, y una investigación exhaustiva que aclare por qué la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (Setravi), a cargo de Armando Quintero, autorizó la cesión de derechos de las concesiones de transporte público que ganaron en 1995.

 

De los 36 extrabajadores detenidos, 10 fueron liberados horas después porque sobrepasaban los 60 años de edad. Cuatro días después, un juez declaró la formal prisión a 26 manifestantes, entre ellos doña Luciana Torres, quien antes de la quiebra de Ruta 100 trabajaba en la limpieza. Se convirtió en la única mujer del Grupo Periférico que fuera encarcelada y consignada.

 

De la detención masiva, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no guarda memoria: “No tenemos conocimiento”, dijo a este semanario personal de la oficina de información cuando se les llamó para preguntar el estatus jurídico de los manifestantes. 

 

 

Al igual que Magdaleno, Gerardo Acatitla, su compañero, no pudo pagar la fianza de inmediato. Diabético y notablemente cansado, el hombre fue liberado tras permanecer 22 días en prisión.

 

“Había las condiciones para que el juez les pusiera la multa mínima y no lo hizo. Les fijó unas garantías exageradas, el máximo, 777 mil pesos por cada uno y se tuvo que hablar con él para pedirle que bajara el monto de las fianzas”, dice en entrevista José Guadalupe Carmona, asesor del Grupo.

 

De los 26 consignados, Policarpo Chávez y Francisco Flores continúan recluidos. No han podido salir por falta de recursos. Sus familias les llevan medicamento para controlar la diabetes que padecen, porque dentro del reclusorio no reciben atención médica. Martes, jueves y sábado les aplican los medicamentos que deberían de administrarse diariamente.

 

Pese a que la mayoría de los consignados salieron en libertad, dos preocupaciones les quitan el sueño: la primera es poder liberar a sus compañeros; la segunda, una deuda que no tienen cómo pagar. Al carecer de empleo y vivienda propia, pidieron prestado para pagar los 40 mil pesos de fianza, vendieron pertenencias y dejaron en garantía los pocos bienes que poseen.

 

“No cometimos ningún delito como para que estemos en esta situación. Se hizo una manifestación para exigir justicia y la autoridad tomó acciones muy radicales en contra de nosotros para someternos. ¿Cómo es posible que a más de 10 años de pedir justicia los defraudadores estén caminando libremente en las calles y a nosotros se nos consigne?”, pregunta, abatido, Francisco Rentería, también encarcelado el 7 de mayo.

 

 

Don Francisco hacía labores de limpieza en la paraestatal. Ahí trabajó por 18 años. Cuando se enteró de la quiebra de Ruta 100 sus tres hijos de nueve, 15 y 17 años cursaban los estudios básicos y “se quedaron sin estudiar”. Comenta que muchos de sus compañeros se han rendido, pero para él todavía hay “esperanza, fe y certeza” de que alguien les haga justicia.

 

Enfermos y deprimidos, los 6 mil 977 afanadores, operadores, obreros y demás personal de Ruta 100 que aportaron dinero de su liquidación para conformar siete empresas de las que supuestamente serían socios y dueños, hoy venden chicles y dulces para mantener a sus familias; otros han muerto resignados o en espera de justicia.

 

Francisco Rentería, ayudado por su compañero Saúl Vázquez, habla de leyes, funcionarios, ministerios públicos, jueces, números de juzgado, y repasa con los dedos copias fotostáticas; al tiempo, Saúl escucha atento, completa frases y saca de su portafolio descolorido la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, un librillo con las esquinas dobladas y las hojas rellenas de asteriscos, párrafos subrayados, flechas y anotaciones hechas con bolígrafo.

 

Los dos hombres siguen de cerca la averiguación previa FDF /C/520/01-07, radicada desde 2001 en la Unidad de Investigación C1 de la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros, expediente abierto nueve años atrás por el fraude del que fueron y continúan siendo víctimas. Lo recitan de memoria.

 

Y aunque hablan con experticia el lenguaje penal, los dos hombres de vez en vez se vuelven, dejan de lado el guion que muy a su pesar aprendieron a memorizar y pronuncian improvisadamente: “Estamos dolidos de todo esto. Tenemos la razón y el derecho. Desgraciadamente aquí las grandes cabezas del gobierno siempre han cobijado, protegido al defraudador. Aplican la justicia para los pobres, no para los que tienen [dinero]. Los que tienen siempre andan libres. Nosotros no estamos robándole a nadie, simplemente estamos peleando lo justo, lo que es de nosotros, lo que en un momento depositamos para sostener a nuestras familias y se nos quitó vilmente. Vamos a seguir luchando hasta ver cumplidos nuestros objetivos de rescatar lo que es nuestro”.

 

 

La lucha que refiere don Francisco es judicial y lleva más de 11 años sin ser resuelta. En 2011, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dirigió a la Procuraduría General de Justicia capitalina, entonces a cargo del ahora aspirante a la jefatura de gobierno Miguel Ángel Mancera, la recomendación 03/2011, por el retardo injustificado en la integración y determinación de la investigación.

 

No obstante el retraso, dicha investigación, a cargo del agente del Ministerio Público Guadalupe Carmona, dio cuenta de que en 2009 la Setravi autorizó la cesión de derechos de las empresas que se conformaron con el dinero de la liquidación de los trabajadores, a favor de las sociedades cooperativas de responsabilidad limitada de capital variable: AU, Siglo Nuevo; Autotransportes Metropolitanos Nuevo Milenio; y SMT 17 de Marzo.

 

Las empresas cuentan entre sus socios al menos a seis de los 43 inculpados por la Fiscalía para Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia de fraude genérico y asociación delictuosa: Gabino Camacho Barrera, Pedro Chávez Hernández, Rubén Guzmán Hernández, José Fernando García Guzmán, Eulalio Durán Morán y Horacio Morales de la Torre.

 

Aunque la Fiscalía avanzaba en las indagatorias, Carmona fue cesado de su cargo luego de que en ejercicio de sus atribuciones enviara a Martín Mejía Zayas, director general de Transporte de la Setravi, el oficio 404/100/114/2012-5.

 

El documento que consta de cuatro fojas –y del que se posee copia– solicita a la Setravi copias certificadas de los títulos de concesión de las empresas cedentes y cedatarias; actas constitutivas; información sobre el capital y socios de las empresas; además de aclaraciones y explicaciones que validen la cesión de derechos. Pues, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, la Setravi está obligada a recabar esa información antes de concretar el trámite.

 

 

Pese a que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal le requirió a la Setravi la información y los documentos desde 2010, a la fecha la dependencia ha sido omisa. Este hecho obstruye aun más la investigación que han llevado por más de una década las autoridades capitalinas.

 

El exservidor público y ahora desempleado dice que en su despido hubo una serie de irregularidades, pues el mismo 7 de mayo, día en que fueron aprehendidos los extrabajadores de Ruta 100, “desapareció” su tarjeta del checador y aunque se presentó a trabajar y reclamó que la papeleta de asistencia le fuera restituida no se atendió su petición. Tres días después, camino a su trabajo, una llamada le informó de que a su oficina se habían presentado agentes con orden de aprehensión en su contra.

 

El 9 de mayo, Jorge Carmona fue despedido bajo el argumento de supuesta ausencia, y aún no ha sido notificado de los delitos o faltas que se le imputan como servidor público. El amparo, elaborado por él mismo, radica en el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal (número de folio 441/2012).

 

Para la realización de este trabajo se solicitó la versión de la Secretaría de Transporte y Vialidad capitalina a través de Gilberto Figueroa. Al cierre de edición, la dependencia a cargo de Armando Quintero canceló en dos ocasiones la entrevista programada y se comprometió a responder por escrito las preguntas enviadas. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.