Ante las acusaciones hechas por opositores a la reforma al Poder Judicial de que con la elección popular llegará cualquiera a la Corte y que el narcotráfico va a poner sus candidatos, la ministra Lenia Batres Guadarrama responde que “se necesitaría demasiada complicidad y caradura para que alguien en los tres Poderes de la Unión proponga a un ministro ligado con el narco”, pues del Ejecutivo, Legislativo y Judicial saldrán las candidaturas. En entrevista con Contralínea, la juzgadora rechaza que la sustitución de jueces y magistrados sea gradual, pues se generarían dos regímenes: el democrático y meritocrático, lo que alentaría la corrupción. Asimismo, subraya que con la reforma se garantizará un uso racional del dinero público. Al respecto, la jurista revela que en cuatro meses devolvió casi 1 millón de pesos a la Tesorería de la Federación por los pagos en exceso que cobran los ministros de la Corte. El monto, indica Lenia Batres, alcanza para pagar 100 pensiones de adultos mayores

La reforma judicial abriría la puerta a que el narcotráfico proponga candidatos a juzgadores sólo si desde el propio Poder Judicial, o del Legislativo o el Ejecutivo surgen esas candidaturas, ataja la ministra Lenia Batres Guadarrama a una de las principales narrativas que disemina la oposición.

“De repente se dice que va a llegar cualquiera, que el narco va a poner a sus candidatos. Bueno, se necesitaría demasiada complicidad y caradura para que alguien de los tres Poderes [de la Unión] esté proponiendo ya directamente a un ministro ligado con el narco. Esperemos que eso no suceda, lo detectemos a tiempo o en la votación popular se repulse”.

En entrevista con Contralínea, la juzgadora explica que la iniciativa indica que, en el caso de ministros y ministras, el Poder Ejecutivo propondrá 10 candidaturas; el Legislativo, 10; y el propio Poder Judicial, otros 10. “Entonces en realidad es una elección sí popular, pero sobre candidaturas muy específicas, o sea, no hay posibilidad de candidaturas abiertas”.

Respecto de jueces y magistrados, detalla que en el Parlamento Abierto al que convocó el Congreso y en foros alternos se están ajustando los mecanismos de elección. Si las elecciones se realizan con candidatos filtrados, con una calificación de que cumplen los requisitos, se facilitaría el proceso.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que ya no está en duda que se puede hacer la elección popular de los juzgadores, incluso cuando a algunos aún les cuesta trabajo aceptarlo. La experiencia que México tiene es muy amplia, considera, pues cada tres años se eligen por lo menos 20 mil cargos de elección popular, y en el caso del sistema judicial se renovarían en una sola elección 1 mil 642 personas cargos: 1 mil 633 magistrados y jueces de distrito federales, más los nueve ministros y ministras.

Otra de las narrativas opositoras es que se va a desperdiciar la carrera judicial, a lo que la jurista responde que eso es relativo, pues hasta la fecha ha sido una carrera muy cerrada al propio Poder Judicial. Por ello, celebra que con la reforma se abran las candidaturas más allá del PJF. Al respecto, indica que “sería un tema interesante que se pudieran diversificar los orígenes de las propuestas, no solamente por los propios tres Poderes de la Unión, sino incluso que universidades pudieran hacer propuestas y ser consideradas en la elección. Son mecanismos que se están ajustando. Entonces creo que se puede aprovechar muy bien el conocimiento”.

En el tema de la carrera judicial, la candidata a doctora en derecho destaca que todos los jueces y juezas, así como magistrados y magistradas que actualmente están en el cargo podrán participar en las elecciones para ser ratificados por el pueblo, además de las otras candidaturas ajenas al sistema judicial actual. De manera práctica es totalmente posible.

El riesgo de la gradualidad

Al analizar la propuesta de que la sustitución de jueces y magistrados sea gradual, la ministra Lenia Batres Guadarrama advierte que eso entorpecería muchísimo todo el proceso de renovación del PJF. Además, considera que “generaría jueces y magistrados de dos regímenes: el régimen democrático y el régimen meritocrático. Me parece que es mala idea, y peor idea sería que los litigantes pudieran escoger entre uno y otro: ‘a cuál prefieres, al democrático o al de antes’. Incluso, hasta con la posibilidad de alentar la propia corrupción”.

Tener regímenes distintos paralelos, reitera, no es buena idea. Sobre todo, porque se plantea que se extienda muchísimo tiempo: hasta 2037. Ello, porque jueces y magistrados “tienen cargo vitalicio, y una vez que son nombrados se quedan en su cargo hasta que cumplen 75 años, se jubilen o fallecen, entonces estaríamos esperando, según esa propuesta, que sucediera alguna de esas tres cosas para cambiarlos. Me parece que no es muy serio”.

Esta reforma judicial, considera, es una oportunidad para que los cambios sean simultáneos. Además, explica, no serán de cero: “es muy importante reiterar que nadie está planteando que se vayan los trabajadores de base del propio Poder Judicial. Más de 50 mil trabajadores sostienen, en gran parte, lo que se hace en los juzgados y en los [tribunales] colegiados, cosa que nadie plantea [desaparecer], al contrario. Creo que hasta hoy nadie ha propuesto alguna barbaridad así, si no, más bien, darle certeza a los trabajadores, a las trabajadoras, de que se van a respetar sus derechos laborales”.

La certeza de que la aplicabilidad de la reforma está garantizada se debe precisamente a esa base que puede ayudar en esa transición. “En lo que salen unas cabezas y entran otras, se puede perfectamente bien tomar medidas transitorias: una semana, dos semanas, días inhábiles, facilitar lo que tenga que hacerse, incluso habilitar a los secretarios para que puedan tomar resoluciones urgentes. Entonces creo que pueden tomarse las medidas necesarias y hacer una transición o un proceso electivo muy transparente, y una transición operativamente clara”.

Uso racional del dinero público

Consultada acerca de la austeridad que promoverá la reforma al Poder Judicial de la Federación, la ministra Lenia Batres confía en que los cambios legislativos garantizarán que los recursos públicos se ejerzan correctamente, se racionalicen, e incluso, se devuelvan los que se tienen guardados indebidamente. Acerca de dichos fideicomisos, observa que ese dinero no es para prestaciones ordinarias de las y los trabajadores, sino para magistrados, magistradas, ministros y ministras, por lo que no tienen justificación.

Acerca de las críticas de que la reforma al PJF será muy costosa, la ministra Lenia Batres recuerda que hay recursos que se auto asigna el propio Poder Judicial, por lo que descarta que este cambio puede costar más. “Quizá lo que cueste sea el proceso electoral, no sabemos todavía, hay especulación al respecto, pero finalmente tenemos una institución que ya organiza procesos electorales. En esta parte, igual y terminamos devolviendo mucho más de lo que termina costando el proceso electoral mismo”.

Para ejemplificar lo anterior, la juzgadora revela que al hacer la cuenta del dinero que ha devuelto a la Tesorería de la Federación, en los primeros cuatro meses de su gestión, suma casi 1 millón de pesos. “En la cuenta que hicimos entonces, dijimos que por lo menos alcanza para pagar 100 pensiones de adultos mayores, o sea, eso es lo que una persona devuelve”.

Por ello, estima que los ahorros serán millonarios, tan sólo por los presupuestos destinados a prestaciones que son irregulares. “Todo esto de los seguros médicos privados, el seguro de separación individualizada para altos funcionarios, el seguro de pago de riesgo, son pagos muy fuertes. Yo estoy segura que no va a alcanzar para 100 pensiones, va a alcanzar para miles de [pensiones para] personas que lo requieran. Entonces sí, es muy importante lograr también esa racionalidad en el gasto”.

Además, la maestra en derecho se siente confiada de que pueden generarse más medidas de racionalidad. “Se quejan mucho algunos trabajadores que son parte de los que miran como injusta esta reforma, que pensaban que podían concursar en fechas muy próximas para ser jueces o magistrados y dicen: ‘es que yo trabajo muchísimo, es que somos los que sacamos adelante el juzgado, las sentencias, las resoluciones’, y es muy probable que tengan razón. Hay trabajadores en este Poder Judicial que hacen muchísima talacha y, claro, tienen una expectativa de un salario millonario. Pero todo eso tiene que racionalizarse. Aquí no tiene por qué haber trabajadores súper explotados, porque finalmente eso también demerita la calidad de vida. Y es razonable que no tengan en su expectativa un salario millonario, sino la vocación de servicio al público, que se sepa que además nadie de los servidores públicos tenemos derecho a apropiarnos del presupuesto, no es nuestro”.

Por ello, la juzgadora considera que “es necesario generar una ética de servicio de austeridad razonable, que nos haga ser muy conscientes de que somos, en realidad, trabajadores del pueblo mexicano, y que muchísima gente cobra mucho menos salarios. No es justo, no es un buen ejemplo de justicia que el Poder Judicial se apropie y tenga salarios millonarios. No es esa una conducta ejemplar, es una conducta que se mira como abusiva”.

Al respecto, indica que es muy importante que el Poder Judicial funcione de forma ejemplar, pues su conducta debe transmitir confianza y ser servicial. “En lugar de seguir con esa faramalla, debemos –como abogados– quitarnos esas pretensiones de lenguajes incomprensibles, porque hay abogados que creen que ése es su conocimiento, y entre más latinajos manejan y menos se les entienda, más doctos se sienten. Bueno, eso no le sirve a nadie, necesitamos más bien hacer un trabajo muy fuerte de educación jurídica, que ayude a que la gente tenga acceso a sus derechos”.

Consultada acerca de los gastos de la Suprema Corte, la ministra Lenia Batres expone: “nosotros recibimos líquido 206 mil pesos, eso es lo que recibimos. Yo estoy devolviendo de eso, poco más de 70 mil pesos. Eso devuelvo de lo líquido; aparte, no recibo lo que reciben otros ministros y ministras: no recibo seguro de gastos médicos mayores, no recibo seguro de separación individualizada, no recibo pago de lentes, de alimentos; y estoy devolviendo cada uno de los conceptos extras que estoy recibiendo, entonces en realidad lo que he devuelto, por eso es cerca de 1 millón [de pesos]: del 14 de diciembre que ingresé aquí a abril”.

La ministra indica que los ministros y ministras de la Corte reciben prestaciones que el presidente de la República no, y eso se tiene que acabar: “estos seguros privados, más estas prestaciones extraordinarias de alimentos, lentes, medicinas, me parece que son 40 mil pesos. Hay un concepto de la prima vacacional, el aguinaldo que aquí se recibe es de 585 mil pesos frente al del presidente que es de 95 mil 500, hay una ayuda para despensa que recibe también el presidente como servidor público del poder de la Administración Pública nosotros no. Hay un seguro de vida institucional que cuesta 37 mil pesos, ese es el que va junto con las prestaciones ordinarias: ISSSTE y demás”.

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