Ulawayo, Zimbabue. En 2017, la activista sudafricana Nonhle Mbuthuma se enfrentó al poderoso gigante petrolero británico Shell. Detuvo sus planes de explorar la prístina Costa Salvaje del país.

A pesar de recibir amenazas de muerte, se negó a dar marcha atrás. Cofundadora del Comité de Crisis de Amadiba y ganadora del Premio Goldman 2024, Mbuthuma sigue luchando por los derechos de su comunidad y por el medioambiente. Su valentía refleja los innumerables riesgos a los que se enfrentan los defensores de la tierra en el mundo.

Es mucho lo que está en juego. Según el último informe de Global Witness, sólo en 2023, fueron asesinados 196 activistas; Colombia es el país con el mayor número de muertes. Las comunidades indígenas de Brasil, México y Honduras han sido objeto de ataques desproporcionados, enfrentándose a poderosas empresas que priorizan los beneficios sobre las personas y el planeta.

Muchos se han enfrentado a poderosas empresas. Desde 2012, 2 mil 106 defensores han sido asesinados en el mundo. Asimismo, África es un peligroso campo de batalla, con 116 asesinatos registrados entre 2012 y 2023. Muchas de estas muertes afectaron a guardaparques de la República Democrática del Congo (RDC), y otras se produjeron en Burkina Faso, Chad, Ghana, Kenia, Liberia, Ruanda, Uganda, y Sudáfrica.

Sin embargo, las alarmantes cifras de casos fatales sólo arañan la superficie. La mayoría de las muertes no se denuncian, lo que deja sin justicia a un gran número. Pero, a pesar de estas abrumadoras amenazas, Mbuthuma no se ha dejado intimidar. Arriesga su vida para proteger la tierra de la explotación.

Mbuthuma sigue denunciando los efectos devastadores de las industrias extractivas, como la deforestación y el acaparamiento de tierras. Ha llamado la atención sobre la violencia y la intimidación que sufren las comunidades indígenas y los activistas por defender sus tierras.

“La brutalidad de estos ataques revela algo profundo: el poder que ejerce la gente corriente cuando se une por la justicia”, señaló Mbuthuma en el prólogo del informe de Global Witness.

En el centro de estos asesinatos, hay un enfrentamiento entre desarrollo y sostenibilidad. Activistas como Mbuthuma no se oponen al primero, sino que abogan por un modelo que respete tanto el medio ambiente como los derechos de las comunidades locales a sus recursos naturales.

Por desgracia, sus llamamientos suelen ser vistos como un obstáculo por inversores y promotores, quienes provocan un aumento de los acaparamientos de tierras, proyectos de extracción de recursos y repercusiones violentas para quienes se interponen en el camino.

La inmensa riqueza natural convierte a África en un objetivo primordial para las empresas transnacionales y gobiernos extranjeros. El continente posee el 30 por ciento de las reservas minerales del mundo; el 8 por ciento del gas natural, y el 12 por ciento del petróleo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

También posee el 40 por ciento del oro mundial; hasta el 90 por ciento del cromo y el platino, y grandes reservas de cobalto, diamantes y uranio.

Con más del 60 por ciento de la tierra cultivable del mundo, no es de extrañar que la carrera por explotar estos recursos haya provocado una grave destrucción del medio ambiente; el desplazamiento de las comunidades locales, y una escalada de la violencia.

Un aspecto chocante de esta violencia es la impunidad generalizada. Rara vez se procesa a los autores y, en muchos casos, se desconoce la identidad de los responsables.

“Es raro que lleguemos a saber quién asesina a un defensor”, dijo Laura Furones, autora principal del informe y asesora principal de la Campaña de Defensores de la Tierra y el Medio Ambiente de Global Witness, a IPS.

“Si hay algo que comparten estos casos, es que están envueltos en la impunidad. Los casos suelen quedar sin resolver, y las familias tienen que vivir sabiendo que el autor no afrontará las consecuencias”.

Furones lamentó que “incluso en los pocos casos en que se hace justicia, suelen ser los asesinos a sueldo los que acaban en la cárcel, mientras que los que ordenaron y financiaron el asesinato salen libres”.

De igual manera, destacó que muchos de estos asesinatos no se denuncian; sobre todo en regiones como África, donde acceder a la información es un reto. “Hay muchas organizaciones buenas que trabajan duro para mejorar la información, pero a menudo operan en circunstancias difíciles. Los espacios cívicos son limitados, el acceso a la información está restringido y quienes intentan sacar a la luz los ataques contra los defensores corren ellos mismos riesgos”.

La industria minera es notoria por su papel en esta violencia. De acuerdo con Global Witness, en 2023, el sector minero estuvo relacionado con el mayor número de asesinatos en el mundo.

“Nuestros datos muestran que la minería es, con diferencia, el sector más frecuentemente relacionado con los asesinatos de defensores del medio ambiente”, dijo Furones.

Añadió que “las terribles prácticas de los intereses mineros están bien documentadas y, a medida que avanzamos hacia una economía que depende menos de los combustibles fósiles, la demanda de minerales esenciales no hará sino aumentar”.

“Necesitamos urgentemente mejores prácticas para evitar un nuevo aumento de la violencia”, subrayó.

A medida que se acelera el cambio climático, se intensifica la competencia por la tierra y los recursos; especialmente en África. Los vastos minerales y recursos naturales del continente son solicitados para proyectos que han desplazado a las comunidades locales de sus tierras ancestrales. Esto exacerba las tensiones y provoca nuevos conflictos.

La lucha de Mbuthuma es sólo un ejemplo de la lucha mundial por proteger los recursos naturales. Sudáfrica, en particular, ha vivido su parte de tragedia. Un ejemplo: en 2016, el activista antiminero Sikhosiphi Rhadebe fue asesinado por oponerse a la extracción de titanio en la región de Xolobeni.

Del mismo modo, en la República Democrática del Congo, más de 50 defensores del medioambiente fueron asesinados entre 2015 y 2020; muchos de ellos atrapados en conflictos por la minería artesanal y la tala de árboles.

La fiebre por la tierra en África se ha extendido no sólo para la agricultura, sino también para proyectos presentados como “verdes”, los cuales pretenden combatir el cambio climático.

Por ejemplo, las adquisiciones de tierras a gran escala para plantaciones de biocombustibles y proyectos de regadío han desplazado a comunidades en Kenia y Etiopía,lo cual ha provocado violencia y disturbios.

En la región keniana del lago Turkana, las plantaciones de caña de azúcar y los proyectos de energía geotérmica han desencadenado conflictos con comunidades de pastores, mientras que en el valle etíope del Omo, los proyectos de regadío han desplazado a comunidades indígenas.

A pesar de los crecientes riesgos, los defensores del medioambiente siguen alzando la voz. No sólo exigen protección, sino también justicia. “Nuestras voces contra la injusticia medioambiental están siendo silenciadas por los asesinatos de defensores, pero eso no acabará con nuestro activismo”, afirmó Mbuthuma.

Igualmente, pidió más protección y apoyo para los defensores del medio ambiente y los activistas contra el acaparamiento de tierras; especialmente en África.

“El desarrollo siempre ha sido injusto, y por eso ha sido fácil eliminar a los defensores del medio ambiente. Pero deshacerse de los defensores no resuelve los problemas a los que nos enfrentamos hoy en África, todo en nombre del desarrollo”, explicó.

La defensora ambiental sudafricana insistió en que las comunidades locales deben tener voz y voto en las decisiones que afectan a sus tierras y medios de vida.

Busani Bafana/ Inter Press Service (IPS)*

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