En diferentes medios de comunicación, nacionales e internacionales, se ha estado diciendo que en México hay un “giro autoritario”. Dicen esto porque la reforma al Poder Judicial es expresión de autoritarismo, tanto por la forma en que se aprobó como por su contenido. Respecto a la forma en que se aprobó esta reforma, se dice que hubo autoritarismo porque Morena usó la “aplanadora” en las cámaras de Diputados y Senadores y, con ello, no mostró apertura para dialogar y negociar con las contrapartes.
También se afirma que la reforma al Poder Judicial es autoritaria por su contenido que, supuestamente, debilita la división de poderes y, con ello, se mina la independencia del PJF violentando así la Constitución de 1917. Sin embargo, ambos argumentos son falaces porque la reforma se aprobó de forma democrática, es constitucional y, a la larga, lo que hará será fortalecer al Poder Judicial de la Federación.
Respecto a la forma, hay que decir que el pueblo de México votó por Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, y también votó en favor del Plan C, que son un conjunto de reformas que quedaron pendientes en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
No perdamos de vista que el Plan C surgió porque los partidos de oposición declararon una moratoria para rechazar todas las iniciativas de reformas del gobierno en turno. Ante ello, se explicó a la población que, para lograr sacar adelante las transformaciones, se requería de obtener una mayoría calificada en ambas cámaras del Poder Legislativo, y mayorías en los congresos estatales del país. Y eso fue lo que entendió el pueblo. Por esta razón, la población salió masivamente el día de las elecciones presidenciales para dar la mayoría calificada a Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, así como la mayoría de los congresos estatales. En este sentido, lo que se expresó en las urnas fue una voluntad general, mayoritaria, de parte del pueblo de México para empoderar así al gobierno y a los legisladores que están en favor de la cuarta transformación, para culminar una serie de transformaciones en las instituciones que habían quedado pendientes. Y la reforma al Poder Judicial es parte fundamental de ello. En ese sentido, no hay “giro autoritario”, lo que hay es el cumplimiento de un compromiso democrático que se hizo con el pueblo de México.
Lo autoritario fue más bien el comportamiento que tuvieron las fuerzas reaccionarias dirigidas por Claudio X González Guajardo, el PRI y el PAN, que buscaron bloquear todas las reformas de AMLO en el Congreso, en el periodo 2022-2024. Luego tomaron el Senado para evitar la aprobación de la reforma en agosto de este año. Finalmente, el pasado 5 de noviembre, un grupo de ministros encabezados por Norma Piña intentó invalidar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial.
En dicha sesión plenaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del 5 de noviembre, después de una intensa discusión, Norma Piña intentó hacer trampa, primero intentando hacer pasar por mayoría calificada una mayoría simple (seis votos en vez de ocho, en una composición de 11 ministros) para declarar la inconstitucionalidad de la reforma; y, luego, intentando evitar decir que la reforma al Poder Judicial es válida, cosa que ni el propio ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá –responsable del proyecto que se discutió en la SCJN– se atrevió a hacer.
Al final, quedó claro que la reforma al Poder Judicial va, que sí es constitucional, que no violenta ningún derecho de nadie y que no habrá necesidad, de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, de hacer juicio político contra el sector de ministros reaccionarios de la Corte.
El intento de golpe legal, desde la SCJN, quedó desactivado. Y que bueno que esto ocurrió, porque una posible crisis institucional inducida por la irresponsable Norma Piña hubiera debilitado al gobierno de Claudia Sheinbaum, ante un nuevo gobierno estadunidense de extrema derecha y golpista. En los años que vienen será fundamental la unidad nacional para defender la soberanía de nuestro país ante los cambios del orden mundial y, ante ello, no podemos darnos el lujo de tener una crisis institucional generada por las actitudes egoístas e irresponsables de Norma Piña.
El contenido de la reforma judicial no es autoritario porque, en el fondo, lo que se busca es democratizar el PJF por medio de elecciones que garanticen que la composición interna del Poder Judicial represente al pueblo de México, y no, como hasta ahora, que refleje meras negociaciones entre partidos políticos que han decidido en el Senado.
Con la elección de jueces, ministros y magistrados lo que se hará es garantizar que los mejores perfiles técnicos tengan también una representatividad, legitimidad e independencia que hoy no tiene el Poder Judicial. El contenido de la reforma busca también acercar a los juzgadores al pueblo de México, al aplicar la austeridad republicana y, con ello, eliminar un conjunto de privilegios que hacen a los representantes del Poder Judicial vivir en auténticos espacios sociales diferentes al del resto del pueblo mexicano. Pero ahora, afortunadamente, ya se van a terminar estos privilegios.
Las inversiones privadas nacionales y trasnacionales no tienen nada que temer, porque el marco jurídico e institucional de México se fortalece y, con ello, se garantizan condiciones favorables para el desempeño de las actividades económicas. La reforma al Poder Judicial garantizará también una mejor gobernabilidad y estabilidad política, porque se reduce el riesgo de que el gobierno de Claudia Sheinbaum tenga que lidiar con un Poder que históricamente ha sido cooptado por las oligarquías, y que en otros países se ha usado por parte del imperialismo para generar guerras judiciales que desestabilizan gobiernos. El reto ahora es evitar que el Poder Judicial vuelva a ser un bastión de las oligarquías reaccionarias.
No hay giro autoritario porque lo que hay es una democratización del Poder Judicial. No hay giro autoritario porque los jueces, magistrados y ministros serán electos por medio del voto popular, como pasa en Estados Unidos. No hay giro autoritario porque ahora la SCJN responderá más a los intereses nacionales que a los intereses de las empresas multinacionales corruptas. Finalmente, ya será tarea de las leyes secundarias el abordaje de temas más técnicos relacionados con la mejora en los procesos de impartición de justicia en todo el país. Sin embargo, ahora ya se tiene un marco jurídico más justo para avanzar en estas tareas fundamentales para el país.
Josafat Hernández*
*Profesor investigador de la DEM-CIDE; doctor y maestro en filosofía de la ciencia por la UNAM; con especialización en historia del pensamiento económico y licenciado en economía (por la Facultad de Economía de la UNAM).
